Apoyo gremial a proyecto del Gobierno que limita los juicios a obras sociales

Se trata de una iniciativa para crear una nueva agencia reguladora, que examinará los nuevos medicamentos que se aprueban en el país. Desde los sindicatos consideran que servirá para evitar la avalancha de recursos de amparos que sufren sus obras sociales, en especial para la cobertura de tratamientos experimentales. Sus fallos serán vinculantes, por lo que la justicia deberá aceptarlos.

Esta semana, con la firma del presidente Mauricio Macri, llegó al Senado nacional un proyecto de ley que puede ser fundamental para afinar la relación entre el gobierno y los gremios. Se trata de una iniciativa para crear una nueva agencia reguladora sanitaria que entre otras tareas tenga la misión de analizar y aprobar los nuevos medicamentos e insumos médicos que se utilizan en el país. Prometida en campaña por el oficialismo, este organismo completará la tarea que realiza ahora la agencia ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y tendrá como misión fundamental evitar los juicios a obras sociales y prepagas para la cobertura de tratamientos experimentales. El proyecto comenzará a discutirse en las próximas semanas, y ya cuenta con el aval de los gremios, que consideran será una “herramienta fundamental” para evitar el desfinanciamiento de la seguridad social.

La creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología fue anunciada apenas asumió su puesto el ministro de Salud nacional, Jorge Lemus, y fue elaborada por la cartera sanitaria. Esta semana, con el apoyo presidencial, ingresó como proyecto a la cámara baja, y consiguió aval de los gremios. Según pudo saber Gestión sindical, la iniciativa tuvo el visto bueno de José Luis Lingeri, el hombre fuerte en la CGT en materia de seguridad social y obras sociales. El dirigente del sindicato de los trabajadores de Obras Sanitarias tuvo acceso al borrador, y según las fuentes “aportó comentarios” que luego fueron incorporados al texto. Para los sindicatos, esta podría ser una herramienta clave para evitar los miles de amparos que cada año se producen para lograr cobertura por fuera del Programa Médico Obligatorio (PMO), el listado de tratamientos, prácticas y procedimientos que las entidades deben cubrir.

Lingeri es el hombre clave en materia de salud en el sector sindical. Si bien está alineado a la CGT Alsina, tiene una excelente relación con Hugo Moyano, y fue por consenso de los sectores el encargado de nombrar a alguien de confianza del movimiento obrera al frente de la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Por gestiones suyas, Luis Scervino asumió la titularidad de esa dependencia, que es la encargada de envirar los millonarios fondos que el Estado nacional le entrega a las obras sociales. Ahora, fue el encargado de convalidar el proyecto para crear esta agencia, que tendrá dos consejos, uno asesor y otro de evaluación, en el cual tendrá lugar la SSS. Ese sillón podría ser ocupado por alguien de confianza de los gremios.

En cuanto al proyecto, fuentes sanitarias adelantaron que la idea es crear una agencia que potencie el trabajo de la ANMAT, y determine los medicamentos que se autorizan en el país, y las formas de cobertura. A partir de datos científicos, deberá demostrar la eficacia de los tratamientos, y si sus potenciales riesgos justifican su uso. Uno de los datos fundamentales de la nueva agencia es que sus fallos serán vinculantes ante la ley, es decir, no podrán ser rectificados por fallos posteriores. “Este proyecto busca evitar que se judicialice la salud, que cualquier juez otorgue un amparo y obligue a las obras sociales a cubrir tratamientos millonarios que no tienen evidencia científica que avalen su eficacia”, le explicó a Gestión sindical una fuente del sector salud.

Hasta el momento, cuando un médico le receta a un paciente un medicamento o un tratamiento que está fuera del PMO, este recurre a la justicia para pedir que mediante un amparo se lo cubra. Muchas veces las entidades deben pagar sumas millonarias por terapias experimentales, o aprobadas en otros países. Ahora, esta agencia determinará si esos tratamientos son válidos, y si existe “una relación costo-beneficio que justifique su uso”. Uno de los casos más conocidos fue el del escritor Ricardo Piglia, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica. El escritor ingresó a un protocolo experimental de un nuevo medicamento contra el mal, que cuesta unos 95 mil dólares. Pero el fármaco no está aprobado por la ANMAT, por lo que su obra social (en este caso una prepaga) se negó a pagarlo, por lo que se recurrió a la justicia. Más allá de las irregularidades del caso (las leyes del país dicen que un paciente que participa de un ensayo clínico experimental no puede pagar por su tratamiento), el caso dejó al descubierto la falta de un marco regulatorio más severo para este tipo de situaciones. En el gobierno creen que la futura agencia cubrirá este problema.

En los gremios aceptan que esta agencia es un guiño del gobierno, que busca a través de la seguridad social contener el malestar del movimiento obrero, en especial por las medidas adoptadas. Otro tema clave es el dinero que el estado retiene a las obras sociales, y que desde siempre es moneda de cambio entre la dirigencia sindical y los gobiernos de turno. En estas horas, cuando se esperaba la difusión de un duro documento contra el gobierno por parte de las tres CGT, los 30 mil millones de pesos que el Estado debe a la seguridad social se volvieron clave para negociar. En muchos sectores se afirma que esa “caja” es clave para que todavía los gremios no rompieran abiertamente con el oficialismo. La nueva agencia será una nueva señal de distensión, pensando en la relación que tendrán las partes a partir del 22 de agosto, cuando se intente unificar la mayor central obrera del país.