Ante los rumores de una reforma del sistema de salud, gremios defienden sus obras sociales

La dirigencia de la CGT alertó sobre posibles cambios en la seguridad social, impulsados por un sector del gobierno, y afirman que el actual modelo “es un ejemplo”. La idea de unificar los sistemas, bajo la rectoría del Estado, es una de las alternativas. Prestadores advierten que las propuestas pueden llevar a una “pamización” de la atención, con sus consecuencias respecto a la atención.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Cuando en un acto en La Plata, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que es necesario “repensar el sistema de salud de la Argentina”, a muchos dirigentes sindicales se le encendieron las luces de alarma. Desde mediados del 2020, en plena pandemia, los rumores de una posible reforma del modelo sanitario comenzaron a circular en distintos ámbitos. Las palabras de la ex presidenta confirmaron la idea, pese a que a los pocos días otros sectores del gobierno intentaron desactivar las versiones. Lo cierto es que en estos días se conocen algunas precisiones respecto a la intención de cambios de la seguridad social, bajo el argumento de mejorar la utilización de recursos. Ante esto, desde la CGT salieron a defender sus obras sociales, y el modelo de atención que se construyó a partir del primer peronismo.

En una reunión de emergencia, la mesa chica de la central obrera elaboró un documento donde habló de “la salud de los trabajadores”, y ratificó que pese a los problemas surgidos en la actual crisis, las entidades lograron garantizar la atención. Miedo de los prestadores a una posible “pamización”.

Desde que Cristina Fernández de Kirchner habló de cambios en el sistema de salud, las versiones sobre los cambios impulsados por su entorno se aceleraron. Incluso, algunos dicen que desde septiembre se está elaborando un borrador, que tiene algunos puntos clave para la construcción de un nuevo modelo de atención. “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024” es el nombre del material elaborado por el Instituto Patria, y que fue debatido en varios encuentros virtuales organizados por la fundación Soberanía Sanitaria, el espacio de salud más cercano al kirchnerismo y que tiene en el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak su máximo referente.

Según pudo saber Gestión Sindical, entre los ejes del borrador, se encuentra el realizar un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), que permita unificar los esfuerzos del sector público, el privado y las obras sociales sindicales en un modelo único de atención.

Para eso, se propone aprobar una ley que estructure el sistema, con preponderancia del Estado, que permita “recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud”. En ese sentido, se buscaría realizar un plan de inversión en los hospitales, que comenzarán a recuperar el valor de las prestaciones que el sector público realiza a los prestadores –obras sociales y prepagas –para fortalecer su posición. También se plantea la necesidad de permitir la libre elección de los afiliados a las entidades sanitarias.

A medida que se conoce el borrador oficial, los actuales actores de la seguridad social alertan sobre su implicancia. Antes de finalizar el 2020, las prepagas no lograron la suba de sus cuotas que aseguran necesitan, y se quejaron de la marcha atrás del gobierno, vinculándola a una idea de “estatizar” el sistema. Lo mismo sucede con las obras sociales sindicales, que se reunieron de emergencia esta semana para analizar el tema. “Cuando se habla de sistema integrado, lo que se busca es estatizar la atención”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del sector, que analizó el borrador que circula.

Para esta fuente, la idea es “peligrosa”, ya que puede generar la “pamización del sistema”. “El modelo que impusieron a través de PAMI muestra que poner bajo el paragua del estado la atención termina perjudicando a los sectores más pequeños”, dijo la misma fuente. En la actualidad, la obra social nacional tiene el principal convenio de medicamentos del país, por ejemplo, y paga un 40 por ciento menos del valor de mercado los tratamientos a las farmacias, lo que pone en crisis al sector minorista. Este modelo podría imponerse en el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, y ser el eje del nuevo sistema que impulsa el Instituto Patria.

Ante la ola de versiones, la CGT se reunió este lunes para analizar el tema, y fijar postura. José Luis Lingerie fue la voz cantante de la cumbre, que finalizó con un documento conjunto, titulado “la salud de los trabajadores”, donde se recuerda que el sistema de salud “fue sometido al mayor desafío que se recuerde en la historia”.

En este contexto, dijo la CGT, el sistema de obras sociales sindicales “continuó brindando obertura integral de salud a millones de trabajadores, sin límites de cobertura ni costos adicionales”. La central obrera reconoce que los ingresos del sector “mermaron año a año”, y la pandemia disparó los gastos. Si bien la dirigencia ponderó lo realizado por el sector público, que “multiplicó en tiempo récord su infraestructura y coordinó la acción de todos los recursos humanos disponibles demostrando su capacidad de articulación y aptitud de gobernanza en el sistema”, reclamó respuestas a sus problemas.

“Tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder adecuarlo a los desafíos presentes y futuros y seguir sosteniendo con orgullo que los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas para que cada ciudadano y ciudadana pueda seguir accediendo en tiempo y forma a un sistema que es modelo en el mundo”, concluyó el texto.

Si bien la CGT se mostró cauta respecto a la reforma, algunos sectores apoyaron la propuesta. En tanto, el Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan respaldó en redes sociales el documento de la CGT, lo que sorprendió. Además de la reforma, el proyecto que manejan en el entorno de la vicepresidenta hablar de potenciar la producción pública de medicamentos, y lograr la articulación de todos los laboratorios, nacionales y provinciales, que hoy forman una red de más de 40 establecimientos.

Otro punto de interés es relanzar la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que autorice los nuevos tratamientos y estudios que se cubren en el sistema de atención, y que cuenta con el aval de la CGT. Durante el gobierno de Mauricio Macri se presentó el proyecto, pero no hubo acuerdo para su aprobación. Ahora, se espera que se retoque el proyecto de ley, pero no hay fecha para su tratamiento.