Alarma coronavirus: más de 200 trabajadores de la salud ya estarían infectados en todo el país

Son datos relevados por la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud. El relevamiento incluye a 14 provincias.

Las dificultades para conseguir insumos clave sigue generando incertidumbre en los hospitales. El dato que encendió la alarma en las últimas horas fue la detección de más de un centenar de contagios entre el personal de salud a nivel nacional, según un relevamiento de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa). Si se toman en cuenta los informados por Chaco y la Rioja, la cifra total podría llegar a más de 200, casi un 8% de las 2.571 personas contagiadas a nivel nacional. Pero el Gobierno no confirmó los números. «No estamos difundiendo ese dato», señalaron fuentes oficiales.

La titular de Fesprosa, Maria Fernanda Botiori, y el secretario gremial, Jorge Yabcowski, le trasmitieron su preocupación a las autoridades del Ministerio de Salud en la reunión semanal que mantuvieron este martes junto a una delegación de ATE y UPCN. Los dirigentes sindicales pidieron informes sobre la situación en Chaco, donde en las últimas horas se informó que de un total de 199 infectados en la provincia 105 son trabajadores de la salud, sus convivientes o se relacionan a servicios de la salud. De confirmarse, la proporción de personal contagiado en relación al universo de casos sería muy superior al 33% de Gran Bretaña, el 13% de España y el 7,7% de Italia.

Durante el encuentro, el gremio respaldó la decisión de ampliar la cobertura de las ART frente a la pandemia. En un decreto publicado el martes, el Gobierno obligó a las aseguradoras a reconocerla como una patología laboral -sin incluirla en el listado de enfermedades profesionales-, pero todavía sigue la discusión por la precarización en el sector público y privado. La Ciudad, por caso, ordenó a 1.400 concurrentes asistir a sus tareas, sin garantizar salario, ART ni estabilidad laboral. «Hay miles de trabajadores de la salud que están siendo contratados en condiciones precarias sin cobertura de ART para enfrentar la pandemia», señaló la Fesprosa.

El uso de equipos de protección personal es una de las principales barreras para evitar el contagio del personal en hospitales y clínicas. En el Gobierno aseguran que «no hay faltantes». Diversas áreas están abocadas a la producción local de insumos críticos, como los camisolines en la industria textil, y este miércoles partió el primer vuelo transpolar a China para obtener insumos. Pero los funcionarios admitieron el martes que hay serias dificultades para conseguir barbijos N95, los que compró la Ciudad a $3.000 por unidad, por encima de su valor de mercado de $725, según una denuncia de la oposición.

También hay complicaciones para obtener latex para producir guantes y escasea el dacrón, una fibra sintética indispensable para fabricar los hisopos con los que se toman las muestras para los tests. A raíz del faltante, cooperativas, cárceles y ONGs, junto con el Ejército, donaron en las últimas semanas tapabocas y camisolines, pero los profesionales de la salud debieron rechazar varias partidas porque incumplen con los requisitos de la ANMAT, el ente encargado de controlar medicamentos, alimentos y tecnología médica. Esa situación ocurrió en Neuquén, Tucumán y el partido bonaerense de Escobar. En este último caso, por ejemplo, los camisolines donados no eran impermeables.

Por otra parte, el Gobierno se prepara para la llegada escalonada de 500.000 reactivos. La semana próxima llegarán entre 30.000 y 50.000 que se sumarán al stock de 150.000. Se trata de los PCR, que arrojan resultados en 48 horas y requieren de un protocolo humano especializado, y también test rápidos destinados a la investigación epidemiológica, entre ellos el testeo de poblaciones de trabajadores de la salud. Si bien los gremios piden que se acelen estas pruebas en ese sector, el Ministerio de Salud respondió que el proceso está comenzando en donde tienen laboratorios propios habilitados, pero que todavía no hay una norma general que permita un avance mayor y uniforme en todo el país.

Durante la reunión con las autoridades, Fesprosa reiteró su respaldo al DNU que trascendió en su momento para declarar de utilidad pública el sistema de salud y utilizar sin restricciones las camas del sector privado en el pico de la pandemia. Se trata del decreto que el ministro de Salud, Ginés González García, había anunciado en una reunión con diputados, pero que después quedó suspendido ante la reacción de las cámaras privadas de la salud y las diferencias dentro del Gobierno. Al respecto, el Gobierno informó que pagó el bono de $20.000 a los trabajadores del sector privado de salud y eximió del 95% de las cargas patronales, dos medidas que representan más de $6.000 millones.

En la Unión de entidades Argentinas de Salud (UAS), en cambio, sostienen que la rebaja de los aportes era algo que habían negociado previo a la pandemia y se quejan de que el descuento se aplicó solo sobre las cargas del sistema previsional. Así, la quita prevista de un 20% sobre el costo labora se redujo al 12%. Los empresarios aguardan ahora que la AFIP corrija la reglamentación de la normativa. Por otra parte, también advierten sobre la caída de la actividad en clínicas y sanatorios por redirigir la atención a la pandemia y la menor afluencia de pacientes, y el encarecimiento de los insumos como el alcohol en gel, barbijos y vestimenta.