Agrupaciones del SOMU denuncian que la intervención convirtió al gremio en “una base de acción del PRO”

Diversos sectores del gremio marítimo cargaron contra la interventora, la legisladora del PRO Gladys González, y denunciaron serias irregularidades, como la paralización de la obra social y el despido de personal. Piden que el juez resuelva la situación, y permita elecciones para elegir autoridades en todo el país.

Desde que se inició la intervención a mediados de febrero de este año, el clima en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) es de extrema tensión. Las denuncias cruzadas sobre el estado del gremio y su obra social, sobre el manejo de los fondos de la gestión anterior y la actual hacen que se viva una verdadera anarquía. El avance de la investigación contra el ex secretario general Omar “caballo” Suárez y otros dirigentes por asociación ilícita no alivió el tema, y hoy la intervención sufre del descrédito de los trabajadores. Luego que la diputada nacional del PRO Gladys González quedara sola al frente de la entidad sindical –por de la renuncia en junio de Santiago Viola y Jorge Alonso –las denuncias se multiplicaron. En estas horas, agrupaciones marítimas decidieron hacer públicas sus preocupaciones, y acusan de irregularidades a la legisladora nacional y ex intendenta de Avellaneda. Denuncian que el SOMU se convirtió en “una base de acción PRO”.

En los últimos días, varios dirigentes rompieron el silencio y denunciaron la intervención de González, que a esta altura enfrente una especie de rebelión interna. Fuentes sindicales le dijeron a Gestión Sindical que “el sindicato está totalmente acéfalo”, porque la intervención no da participación a los delegados. En estricto off, uno de los dirigentes cargó contra González, y la acusó de “realizar recortes en la obra social, dejando a los compañeros sin cobertura, y de despedir empleados de diversos sectores. El SOMU se volvió una base de acción del PRO, hacen y deshacen con el sindicato lo que quieren”.

La intervención del gremio se dio por la investigación contra Suárez, que renunció a su cargo. Si bien en un primero momento el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, afirmó que era “una intervención administrativa”, desde febrero el manejo del gremio quedó paralizado, y ahora está en manos de la legisladora puesta por el gobierno. Por eso, diversas agrupaciones quieren terminar con esta situación, ya que consideran que los trabajadores quedaron en medio de la disputa política.

En este sentido, la semana pasada la Agrupación Marítima Nacional “18 de febrero-SOMU somos todos” se reunió con dirigentes de la CTA de los Trabajadores, para buscar respaldo por fuera del gremio para que finalice la intervención. Según pudo saber Gestión Sindical, en ese encuentro se aseguró que los marítimos denunciaron “la violación de los derechos fundamentales a partir de la intervención”, ya que “no hay nada que respalde la acción de interferir, bloquear y suspender la vida sindical de la institución”.

“Cuando se le fue a pedir explicaciones al juez federal, nos dijo que era administrativo. Pero nos tomaron la bolsa de trabajo, suspendieron a todos los representantes sindicales, arriba de los barcos y abajo de los barcos; no tenemos representación sindical ante cualquier exceso de las empresas”, explicaron desde la agrupación mediante un comunicado luego de la visita a la CTA.

Los trabajadores aseguraron que seguirán pidiendo apoyo sindical para terminar la intervención, y recuperar la actividad normal del gremio. Desde mayo la mayoría de delegados y dirigentes tienen el mandato vencido, y no hay certeza de cuándo se podrán realizar elecciones. Antes de la intervención, Suárez intentó llevar adelante una nueva elección para mantenerlo en el poder, pero el Ministerio de Trabajo la suspendió. Ante eso, y con la causa en su contra, el histórico dirigente dio un paso al costado, dando lugar a la intervención que ahora se cuestiona.

“Hacemos responsable exclusiva de la pérdida y entrega de los derechos legalmente adquiridos por los trabajadores afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos a la señora Gladys Esther González, guiada por intereses propios que nada tienen que ver con el bienestar ni la justicia que necesitan los afiliados acorde a la actividad marítima”, finalizó el documento firmado por la agrupación marítima.