AEFIP y Supara rechazan la difusión de datos tributarios

Sindicatos de la Aduana y la AFIP denunciaron al Gobierno por publicar declaraciones juradas. Aseguran que atenta contra la seguridad e integridad de los funcionarios cuya consulta se efectúa, como también de sus familias, lo que resulta violatorio de la Constitución, «especialmente los derechos y garantías referentes a la protección de datos personales».

Los sindicatos presentaron días atrás amparos en la Justicia y acusaron a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio de Modernización de violar la ley de ética pública con la difusión de «datos sensibles».

Todo comenzó a mediados del mes pasado, cuando el Sindicato Único del Personal de Aduanas (Supara), que encabeza el peronista porteño Carlos Sueiro, y el gremio que agrupa a los empleados jerárquicos de la AFIP, que encabeza Julio Enrique Estévez (h.), recurrieron a la justicia en lo contencioso administrativo con un doble objetivo.

Por un lado, demandaron al Ministerio de Modernización para que bloquee el portal de datos abiertos. Por otro, también reclamaron que la Oficina Anticorrupción deje de pasar la información a ese portal, que luego es publicada.

Para Sueiro y Estévez, por ejemplo, la difusión de las declaraciones juradas «incumple lo normado por el art. 10 de la ley de ética pública». Aduce, también, que la exposición y la distribución indiscriminada de esos datos «a un solo clic» de computadora atenta contra la seguridad e integridad de los funcionarios cuya consulta se efectúa, como también de sus familias, lo que resulta violatorio de la Constitución, «especialmente los derechos y garantías referentes a la protección de datos personales».

La respuesta del Ministerio de Modernización fue poco amable. «El señor Sueiro, en su rol de secretario general de Supara, no tiene legitimación suficiente para representar individualmente a las personas que forman parte de esa asociación», afirmó el abogado Luciano Lorenzetti en nombre del ministro Andrés Ibarra. Desde la Oficina Anticorrupción también negaron las acusaciones y afirmaron que, de todos modos, «los datos ya están publicados hace bastante tiempo».

Se espera una definición del juzgado en lo contencioso administrativo para fines de este mes, aunque desde el Gobierno confían en que la presentación de los gremios será rechazada.