Advierten sobre la ilegalidad del uso de fondos de obras sociales sindicales para el CUS

La Cobertura Universal de Salud tuvo su primera reunión, y se pondría en marcha en 2018. Pese al aval gremial, algunos aseguran que usar los fondos de los trabajadores para su financiamiento puede ser “declarado inconstitucional”. Apuntan al fideicomiso realizado en el Banco Nación para financiar la Unidad Ejecutora y el inicio del plan. Postura de la multisectorial “No al CUS”.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

El lunes pasado, se reunió por primera vez la Unidad Ejecutora de la Cobertura Universal de Salud (CUS), el plan sanitario del gobierno de Mauricio Macri que comenzará a aplicarse en 2018. Luego de algunos desencuentros, los integrantes de este organismo, que administrará los servicios sanitarios de unos 15 millones de argentinos que hoy están por fuera de la seguridad social, comenzaron a darle forma al programa, que cuenta con el aporte inicial de fondos salidos de las obras sociales sindicales. Si bien la CGT tiene dos representantes, lo que marca el aval a la iniciativa, algunas voces críticas aseguran que el giro de este dinero no sería “del todo legal”, ya que su uso está limitado por la ley. Por eso, advierten de futuros juicios que podrían determinar la inconstitucionalidad del CUS. Pese a esto, y al rechazo que genera en diversos sectores, el CUS avanza, y podría derivar en la transformación del actual sistema de salud, hacia un sistema de aseguramientos como funciona en otros países.

La Unidad Ejecutora del CUS está firmada por representantes del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la CGT, y tuvieron su primer encuentro esta semana, bajo la dirección de María Cecilia Loccisano, representante de la cartera sanitaria y esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Por los gremios estuvieron presentes Carlos Frigerio (cerveceros) y José Luis Lingieri (obras sanitarias). Como informó Gestión Sindical hace unas semanas, el lanzamiento del CUS fue postergado por la pelea entre el gobierno y la central obrera, que derivó en la salida de Luis Scervinio de la Superintendencia. Antes de irse, el funcionario estuvo en una reunión donde se frustró la posibilidad de presentar el plan, ya que había reticencia a entregar los fondos necesarios. Ahora, en esta especie de tregua entre las partes, se avanzó en su puesta en marcha. Según lo fundido por el Ministerio que comanda Jorge Lemus, en este encuentro “se expusieron los proyectos que se financiarán por medio del fideicomiso y se organizaron las próximas reuniones en las que los mismos se analizarán con el objetivo de abrir el diálogo e intercambiar sugerencias”.

El CUS fue anunciado por el propio presidente Macri en agosto del 2016, para el cual comprometió unos 8 mil millones de pesos del llamado fondo de Redistribución Solidario (FDS), que fueron liberados para tal fin. Sin embargo, este dinero no podría ser utilizado, ya que pertenece a las obras sociales sindicales. “Hay que ver si este manejo de los fondos no es susceptible de un juicio, incluso penal”, le advirtiño una fuente de la seguridad social consultada por Gestión Sindical. Es que el dinero se utiliza para cubrir tratamientos de los afiliados a esas entidades, y no pueden ser usados de otra manera. “Los fondos usados, que pertenecen al APE, son para los trabajadores aportantes, y no pueden tocarse ni malversarse, mucho menos ponerse en un fideicomiso como el armado para usar por la CUS. Podría ser declara inconstitucional”, agregó la misma fuente. El dinero está en manos del Banco Nación, y según las quejas sirve más “para agrandar la cartera de activos de la banca pública” que para brindar asistencia en materia de salud.

El CUS busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos. Según la información suministrada por el Ministerio de Salud nacional, a través de la CUS “las personas que no tengan una cobertura formal de salud contarán con un carnet válido para todo el país, historia clínica digitalizada y el acceso gratuito a los medicamentos esenciales”. Las provincias que ya adhirieron son Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, Río Negro, Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero.

Las críticas que despierta el sistema toman como base lo que sucedió en otros países, como en Colombia, que hace unos 20 años tiene un plan similar –fomentado como en la Argentina por el Banco Mundial –y que generó un fuerte proceso de desigualdad y fragmentación del sistema de atención en salud. “La CUS no tiene ni la integralidad, ni la gratuidad, ni la equidad que necesita un sistema nacional de salud”, subrayó un documento elaborado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), que forma junto a otros gremios y entidades sanitarias la multisectorial “No al CUS”. En este texto, se expone la postura del sector, que representa a 30 mil médicos y profesionales de todo el país, y agrega que “con términos atractivos, lo que se vende en última instancia es una canasta básica de prestaciones donde gana el sector privado, en detrimento de la concepción de la salud como derecho universal”. “Se habla de universalidad y se piensa en focalidad, esa es la esencia de la CUS”, sostuvo Jorge Yabkowski, titular de FESPROSA. El dirigente sindical recordó las palabras del presidente del Banco Mundial en 2015 cuando afirmó: “Nosotros somos universalistas, pero en estos momentos nos tenemos que enfocar en las madres y los niños pobres”. “Esto significa atención limitada con seguro focal y la oportunidad de negocios con un lenguaje cada vez más edulcorado para aplicar las políticas de la privatización a favor del gran capital”, remarcó Yabkowski.