Un nuevo informe denuncia el “desfinanciamiento” de las universidades para el 2018

El Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU alertó que para el año que viene habrá una caída en el porcentaje del PBI destinado al sector, que viene decayendo desde que Mauricio Macri es presidente. Además, hablan de un congelamiento en la incorporación de nuevos docentes y una baja pronunciada en fondos para becas estudiantiles. “La universidad deja de ser prioritaria”, se quejaron desde el gremio.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Hace dos semanas, un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea alertó sobre recortes en los recursos destinados a las universidades públicas en el proyecto de presupuesto 2018, elaborado por el gobierno nacional y en plena discusión en el Congreso. Este estudio asegura que los fondos para el sector aumentan un 10 por ciento en términos reales, por debajo de la inflación de este año. Ahora, en estos días otro trabajo apoya la idea de un ajuste en la educación superior, con números que hablan de un “desfinanciamiento” de las casas de estudio. El informe lo realizó el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), organismo perteneciente al gremio docente CONADU, que habla de un proyecto de presupuesto que genera “la continuidad y profundización del proceso de reducción del gasto social y de desfinanciamiento del sistema universitario público”. Entre los puntos destacados, el trabajo remarca la baja de la participación del gasto en universidades respecto al PBI, y la baja en áreas como becas y salarios. “No es un discurso ideológico, el rechazo surge del análisis concreto del presupuesto”, afirman desde la confederación.

El informe del IEC reveló los fondos destinados a las universidades de todo el país, y lo comparó respecto los recursos utilizados el año pasado. En primero lugar, el organismo dependiente de la CONADU analizó la participación de las transferencias a las universidades en el PBI: “de acuerdo a los valores de PBI 2017, el presupuesto nacional dirigido a universidades nacionales rondaba los 0,81 por ciento del producto, valor similar al del 2016 (año en el que se había aplicado un ajuste real de -7 por ciento con respecto a los valores de 2015). Ahora, el proyecto de presupuesto 2018 al rectificar el valor del PBI nominal reconoce implícitamente que el gasto destinado no será este valor sino mucho menos: apenas 0,77 por ciento del PBI”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical. El instituto llega a este número de dividir los recursos presupuestados para el año que viene (0,84 por ciento del PBI) con una inflación similar a la de este año (25 por ciento). “En dos años se habrá producido un ajuste real de -11 por ciento con respecto a 2015”, alerta el IEC, que además recuerda que para mantener la participación del gasto en educación en el PBI “el Estado debería haber invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos más que lo actualmente presupuestado”.

Además, el informe analiza el impacto del presupuesto respecto de los salarios docentes, que según el proyecto presentado en el Congreso tendrían “un incremento nominal de 30,1 por ciento. “Sin embargo, al compararlo con la proyección del gasto final en salarios docentes para 2017 este porcentaje se reduce a un 16 por ciento. Y si, además, se toma en cuenta el impacto pleno de la paritaria acordada en 2017 en el presupuesto 2018 sólo quedaría disponible un 4,5 por ciento”, analizó el instituto de la CONADU. Por otro lado, el congelamiento de la planta docente se consolida “con la imposibilidad efectiva de reemplazar docentes o incorporar a nuevos en carreras en expansión, salvo autorización de la Secretaría de Políticas Universitarias”. “Y se sostiene la reticencia del gobierno a activar la cláusula 8 del acta paritaria 2017 para regularizar docentes contratados y ad honorem”, agregó.

“Lo que vemos es que se profundiza el desfinanciamiento de las universidades en el 2018”, remarcó Federico Montero, secretario de Organización de CONADU. Consultado por Gestión Sindical, el dirigente dijo que esta situación “se puede medir de distintos puntos, lo principal es comparar la erogación prevista para universidad comparada con otros gastos del Estado. De esta forma se establece el grado de prioridad que tiene para el gobierno la educación superior”. “Lo que vemos es una disminución sostenida desde que asumió Mauricio Macri si comparamos el porcentaje del PBI destinado al sector. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llegó al 1 por ciento y para el 2018 tenemos un 0,77 por ciento”, agregó Montero. Además, según los datos, si se compara el gasto de educación versus deuda externa o desgravaciones impositivas, la cuestión es alarmante, porque no sólo decrece el presupuesto destinado a universidad sino que además se asignan recursos en otras áreas. En definitiva, la universidad deja de ser prioritaria”.

Otro aspecto importante detectado por el IEC es el congelamiento de la incorporación docente y la reducción de becas. Sobre el primer dato, Montero lo considera “especialmente grave”. “Cuando se crean nuevas universidad, como las 19 que se abrieron en los últimos años en la Argentina, debe ir acompañado de un crecimiento de la planta docente, porque una nueva universidad a medida que avanzan las carreras necesitan más docentes, si hay un congelamiento estás dando como mensaje que se congela la ampliación del sistema universitario, lo que genera un ahogamiento de las nuevas casa de estudios, sobre toda las del conurbano bonaerense y el interior del país, que cumplen con mayor énfasis el tema de la inclusión social, porque en esos lugares hay más estudiantes que provienen de hogares universitarios”, subrayó el dirigente de CONADU.

En cuanto a las becas, el informe explica que el ítem Otorgamiento de Becas Educativas Argentina Beca (AR-BEC) tiene un presupuesto total para 2018 de 974,7 millones de pesos, “lo que supone que los fondos destinados a financiar becas a estudiantes disminuyan un 32 por ciento en términos nominales y un 44 por ciento en términos reales”. “La función de inclusión social de la universidad, que es el derecho a que todos los sectores sociales puedan acceder al estudio, decrece”, completó Montero. Como ya había denunciado Atenea, el presupuesto plantea un 2018 conflictivo, no sólo en la discusión salarial sino en el desarrollo de la educación pública. Por eso los gremios ya hablan de algunas medidas. Desde CONADU, por ejemplo, se acordó una campaña de difusión sobre esta problemática, en el marco de un plan de lucha aprobado en un reciente plenario de secretarios generales del sector. “Queremos poner en la agenda de discusión este tema, nosotros hacemos una crítica general al presupuesto, vamos a realizar acciones en asambleas, además de reunirnos con legisladores que deben votar este proyecto para mostrarles estos números, además de una campaña de difusión pública, para que la sociedad defienda la educación pública, porque es un derecho de todos”, destacó el dirigente sindical. “Hay que ser muy rigurosos en los números, no es un discurso ideológico el nuestro, que lo hacemos por estar en contra políticamente de este gobierno. El rechazo surge del análisis concreto del presupuesto”, concluyó Montero.