Los gremialistas que el Gobierno nacional tiene en la mira para hacerlos caer en desgracia

Uno es porteño y dos son bonaerenses. En todos los casos están ligados al peronismo pero en diferentes vertientes. Viajes al exterior, propiedades en el interior del país y cuentas bancarias con movimientos difíciles de explicar en la órbita de la justicia.

Un nuevo capítulo en la embestida del Gobierno nacional contra lo que denomina la “mafia sindical” se empezará a visualizar con mayor virulencia en los próximos días. Es que las operaciones en la prensa con datos certeros obtenidos a través de la AFIP y de sabuesos que conocen de movimientos millonarios comenzarán a ser expuestas en los días previos a las elecciones del próximo 22 de octubre. Y, en todos los casos, quienes están bajo la lupa son tres hombres del peronismo.

Después del ‘Caballo’ Rubén Suárez y el ‘Pata’ Juan Pablo Medina, con el poder emanado de las urnas el macrismo quiere construir su propio «mani pulite» (manos limpias) sindical. Así se conoció al proceso judicial llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro en Italia allá por 1992, que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales.

El primero de los nombres que surge es el de Julio Rubén Ledesma, titular del sindicato de Empleados de Comercio de zona oeste (SEOCA). Según se pudo saber, se le detectaron innumerables viajes al exterior y varias propiedades familiares en el interior del país. Le dicen ‘El Negro’, es diputado provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa y uno de los principales oponentes al proyecto para dividir La Matanza. Ahora es candidato a renovar su banca en la cámara baja bonaerense por la tercera sección electoral, pero esté en el quinto lugar y es prácticamente imposible que repita. En los próximos días, el Gobierno y sus sabuesos pondrán la lupa en los movimientos de las cuentas del gremio mercantil de zona oeste. La mirada está orientada, al igual que en el caso de Medina, a empresas que son proveedoras del sindicato y estarían ligadas a Ledesma.

El segundo de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires apuntado es Carlos Quintana, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) bonaerense. Cambiemos tomó la determinación de hacerlo caer en desgracia en los siempre intrincados pasillos de la justicia. Lo apuntan por el desfalco contra IOMA -UPCN es codirector del organismo-, por “tentativa de lavado de activos”, a partir de que fue demorado, en 2011, cruzando a Uruguay con 45 mil dólares encima. Las investigaciones posteriores al escándalo determinaron que el sindicalista y su esposa totalizaron más de mil viajes a la República Oriental.

El tercero de los señalados excede al territorio bonaerense y tiene una trascendencia mayor por tratarse, además de un gremialista, del titular de un conglomerado de medios, como el diario Página 12 y la AM 750. Se trata de Víctor Santa María, titular del PJ porteño y referente máximo del sindicato que nuclea a los porteros.

Santa María está en problemas desde que la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó operaciones sospechosas por $ 4.000.000 en Suiza, cuyas pruebas fueron presentadas ante el juzgado de Claudio Bonadío. La maniobra financiera bajo la lupa vincula al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), el gremio que lidera Santa María desde 2005 y en donde acaba de obtener una nueva reelección. Desde el Ministerio de Trabajo apuestan a que se acelere la ofensiva judicial contra Santa María, aunque reconocen que podrían incidir otros factores para dilatar el proceso.

Argumentan que el gremialista del Suterh mantiene una muy buena relación con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta con quien conserva acuerdos en la Legislatura. El acuerdo pionero que reforzó la relación fue la frustrada creación de un organismo que regulaba los consorcios de los edificios porteños.