Gendarmería reprimió en la autopista Ezeiza-Cañuelas piquete de trabajadores de Cresta Roja

Cuando Proteinsa se hizo cargo de la marca, ofreció indemnizar a los trabajadores con los que no iba a contar, hecho que aún no se concretó y motiva el actual conflicto, a lo que se suma la falta de reintegro a sus puestos de trabajo de una parte de los obreros.

Unos 250 trabajadores de la empresa avícola Proteinsa, controlante de la marca Cresta Roja, fueron desalojados hoy por efectivos de Gendarmería de la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde realizaron un corte de tránsito en reclamo de la reincorporación de unos 600 operarios.

Momentos de tensión se vivieron en el lugar ante la llegada de unos 500 efectivos de la Gendarmería Nacional con la orden de desalojar a los manifestantes que pedían por la recuperación de sus fuentes de empleo.

La manifestación se llevó a cabo frente a la puerta de acceso a la planta de producción de pollos ubicada en la localidad bonaerense de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría.

La planta está controlada por la firma Proteinsa (compuesta por Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Lacau) que había asumido en 2016 un compromiso con los trabajadores y el Gobierno, ante la Justicia, para reactivar la empresa y pagar salarios atrasados.

Tras el fracaso en las nuevas negociaciones con la firma, los operarios salieron a la Autopista a reclamar a la empresa y al Gobierno que se cumpla con el acuerdo firmado a principios del año pasado.

Pero como la protesta consistió en un corte de tránsito, la Justicia habilitó el desalojo de los trabajadores y el fuerte operativo de la Gendarmería avanzó hasta sacar a los manifestantes de la cinta asfáltica.

Estos trabajadores se desempeñan en productora ovícola que opera bajo la marca Cresta Roja, que hasta fines de 2015 estuvo en manos de la firma Rasic Hermanos, que se declaró en quiebra tras una extensa agonía.

Cuando Proteinsa se hizo cargo de la marca, ofreció indemnizar a los trabajadores con los que no iba a contar, hecho que aún no se concretó y motiva el actual conflicto, a lo que se suma la falta de reintegro a sus puestos de trabajo de una parte de los obreros.

Ante la propuesta de la patronal de pagar una «gratificación» de 15.000 pesos a cobrar en tres cuotas, lo que la mayoría de los trabajadores consideró «una burla» y se decidió las medidas de fuerza.