Ley de tierras: tras la aprobación a medias en el Senado, Aguiar llamó a voltear lo que queda en Diputados
Ley de tierras: tras la aprobación a medias en el Senado, Aguiar llamó a voltear lo que queda en Diputados.
El titular de ATE celebró el resultado de la movilización popular pero advirtió los peligros que mantiene la ley de tierras «recortada».
Luego de la maratónica sesión en el Senado y la aprobación del proyecto de ley de tierras que el Gobierno nacional debió recortar casi en un tercio -de 53 artículos originales quedaron 37- para conseguir los votos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, convocó a seguir movilizando para frenar en la Cámara de Diputados los artículos que quedaron en pie.
“Que se haya caído el articulado que permitía la extranjerización indiscriminada de tierras fue un logro de la movilización popular que hay que celebrar, pero el espíritu de la ley todavía se mantiene vigente y hay que frenarla en su totalidad. En Diputados no puede pasar”, apuntó Aguiar.
La fuerte reacción popular y política de sindicatos, organizaciones sociales y, fundamentalmente, la sociedad civil, le hizo perder apoyos al Gobierno que, para poder aprobar algo en el Senado, debió retirar del proyecto las modificaciones que flexibilizaban la compra de tierras por parte de particulares o empresas extranjeras y, posteriormente, sobre el filo de la votación, las que eliminaban las restricciones para llevar adelante proyectos inmobiliarios en zonas protegidas que se hubieran incendiado.
En cambio, con los votos de 37 de los 72 senadores, La Libertad Avanza logró darles media sanción a los cambios que habilitan desalojos exprés de particulares en 10 días hábiles y los que restringen severamente la posibilidad de que el Estado realice expropiaciones, incluso en casos de necesidad o de utilidad pública.
“La violenta represión es la única respuesta”
A través de su cuenta personal en la red social X, Aguiar insistió en que el «espíritu de entrega» del proyecto que el Gobierno de Javier Milei bautizó como «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» «se mantiene y amenaza la soberanía»”
El líder de los estatales fustigó al Congreso y dijo que está «empeñado en favorecer los negocios de las multinacionales y los intereses del gran empresariado nacional”.
También se refirió a los graves incidentes que se produjeron en los alrededores del palacio legislativo, donde la Policía reprimió a los manifestantes: “La violenta represión es la única respuesta que tienen para darle a un pueblo que se manifiesta pacíficamente”.
La iniciativa original del Gobierno tenía seis temas y 53 artículos, pero se terminó votando un texto de tres ejes y 37 artículos.
Los recortes a la ley de tierras
La sesión en el Senado representó una derrota para el ala más dogmática de la administración de Javier Milei.
El oficialismo debió primero reducir y luego directamente borrar el capítulo más controvertido de la ley, que liberaba la venta de tierras a extranjeros, y ya en pleno debate en el recinto, antes de la votación en general, debió resignar también el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
De este modo, por ahora se mantienen vigentes las normativas que impiden modificar por entre 30 y 60 años el destino de tierras que hayan sido incendiadas, como indica la ley que impulsó años atrás Máximo Kirchner: por ejemplo, si un área de bosques protegidos se incendia, sigue estando protegida y no puede ser destinada a ningún otro uso.
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Literalmente, la norma actual establece que si un bosque nativo, implantado, áreas protegidas o humedales sufrían un incendio accidental o intencional se prohíbe por 60 años cambiar el uso que esas superficies tenían hasta el momento del incendio y también su loteo, fraccionamiento o la creación de cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares o fiscales.
En zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales la prohibición es por 30 años.
El proyecto del oficialismo solo dejaba firme la restricción para el caso de bosques nativos, de acuerdo a lo ya establecido en la Ley de Bosques.
En el debate en comisión se eliminó también por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que delegaba las tareas de su regularización a las provincias para hacerlo más efectivo, porque los gobernadores pedían fondos para hacerse cargo de eso.
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