Con bancarios en la mira, el Gobierno refuerza «paritarias Vidal» para evitar conflictos en un año electoral

La intención de la cartera que conduce el ministro Triaca es replicar a nivel nacional el mismo esquema que ya impulsó la gobernadora en la Provincia con una docena de gremios. El macrismo avala cláusulas gatillo pero con el polémico objetivo de que la pauta no supere el 20%.

El Gobierno está obsesionado con el número 20. Ese es el porcentaje que las autoridades buscan instalar en las negociaciones salariales del 2017 que tienen como sus principales eslabones a los bancarios en el sector privado y a los docentes en el estatal.

El objetivo es anclar los sueldos a los precios futuros previstos por las autoridades, a través de acuerdos anuales con mecanismos de reajuste, que den «previsibilidad» en un año electoral.

Las expectativas oficiales serán puestas a prueba tras las subas que autorizó el Ejecutivo en una decena de bienes y servicios y que, en algunos casos, llegan hasta el 100%.

Las naftas aumentaron la semana pasada un 8%. La seguidilla se completa con peajes, la telefonía celular, el agua, la luz, el gas, prepagas, los alquileres y el ABL, entre otros rubros.

Los gremios siguen de cerca el impacto que pueden tener sobre los sueldos: la CGT estimó que el 2016 cerró con una inflación del 40%.

Pero además, el Ejecutivo tendrá que lidiar con el dilema de cumplir sus metas fiscales, que fijaron una inflación del 17% para este año, o preservar el bolsillo de sus votantes.

La contradicción entre objetivos económicos y políticos fue advertida por Nicolás Dujovne en septiembre del año pasado, antes de recalar en Hacienda. En una columna publicada en La Nación pronosticó subas del 25% y sus implicancias. «De 22% para arriba, es difícil que la inflación baje hasta 17%», señaló.

La «paritaria Vidal»
La gobernadora María Eugenia Vidal avanzó en la nueva política salarial el 27 de diciembre pasado al cerrar un acuerdo con una docena de gremios en la provincia de Buenos Aires.

La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, Puertos, Gráficos, Vialidad y Obras Sanitarias, entre otros, aceptaron un incremento del 18% que se pagará en cuatro cuotas de 4,5% en enero, abril, julio y octubre. Y que contempla un retoque si el Índice de Precios del Indec supera la pauta salarial trimestral.

El anuncio que pasó desapercibido, se concretó luego de que Vidal sentara el mismo precedente semanas antes con los gremios de empleados públicos UPCN, Fegeppba, los municipales de Soeme, que representan al 70% de la plantilla provincial y responden a la CGT. En cambio, ATE y los médicos de CICOP lo rechazaron.

El entendimiento incluyó además un retoque del 3,6% correspondiente al último trimestre del 2016, que llevó la suba de ese año al 34,6%.

La intención es replicar el mismo esquema a nivel nacional. Se apunta a paritarias «sin techo ni piso» que definan los aumentos de todo el año, con cláusulas gatillos, pero que cierren en torno al 20%, tal como lo adelantó este medio un funcionario de la cartera laboral.

El esquema en curso fue delineado en noviembre pasado, cuando la central obreral y las cámaras privadas acordaron un bono de fin de año desde los $2.000.

El Ejecutivo se sirvió de esa suma por única vez para desactivar las tentativas de recomponer el básico y las escalas. Pero, sobre todo, para impedir que los gremios trasladen al 2017 la pérdida salarial del año previo, en el que la mayoría de las paritarias oscilaron entre el 30 y el 35%.

Efervesencia
En el sector privado, el nuevo modelo tensó la discusión con la AsociaciónBancaria.
Luego de lograr un acuerdo inédito en noviembre con las dos principales cámaras bancarias (Adeba y Abappra), con el respaldo del titular del Banco Nación, Carlos Melconian, el gremio encabezado por Sergio Palazzo se topó con el rechazo de los bancos extranjeros; el Banco Central, a cargo de Federico Sturzenegger y, finalmente, el veto del propio Ministerio de Trabajo.

La Bancaria había acordado un bono de fin de año entre $8.000 y $12.000 y un incremento adicional del 4%, que llevó el 33% obtenido a principios del 2016 a cerca del 38%.

Además, incluyó para el 2017 una suma por convenio de $7.000 a $7.600 en enero, junto con un incremento el pago a cuenta de $2.000 hasta abril. Fueron los últimos dos ítems los que cuestionó la cartera de Triaca, ya que sumados superan en un solo cuatrimestre el 20% de aumento previsto por el Gobierno para todo el año.

La semana pasada, los bancos abonaron la suma de $7.000, tras hacer lo propio con el bono de fin de año. Ahora renegocian el adelanto.

«Lo que es anualizado es lo que se está negociando, es una de las primeras y por eso hay efervesencia por la firma del acuerdo», dijeron desde la cartera laboral.

El miércoles venció la conciliación obligatoria que habían dictado las autoridades tras el paro lanzado por el sindicato en diciembre, antes de las fiestas.

A diferencia de la mayoría de los gremios, los bancarios corren con menos atraso frente al desfasaje del 2016. En cambio, aquellos que negociaron aumentos de entre 30 y 35% deberán resolver cómo incorporan a sus sueldos los puntos perdidos frente a la inflación y que los funcionarios dan por compensados las sumas de fin de año.
Será uno de los desafíos que pondrá a prueba el esquema «Vidal».
«Nadie va a firmar un 20% por 12 meses», advirtió a este medio Lucio Garzón Maceda, abogado sindical con llegada a los hermanos Daer en la CGT.

En su lugar, algunos sindicatos exploran acuerdos semestrales de entre el 22 y el 25%, y por el período restante no descartan negociar hasta 7 puntos «por debajo de la mesa», mediante ajustes en adicionales o la actualización de beneficios por convenio.

El año pasado, los empleados de comercio inauguraron los acuerdos por seis meses, cuando pactaron una suba del 20% en la primera mitad del año y otra del 19% (12% en octubre y 7% en enero de 2017) que llevó la suba total al 39%.

El problema, según los gremios, es que no termina de quedar en claro cómo se van a efectuar este año los reajustes por inflación, un punto que tampoco fue precisado por las autoridades. Y desconfían de los cálculos oficiales: el exministro Alfonso Prat Gay había proyectado una inflación del 20% para 2016.

Por ello la «vidalización» de las paritarias es rechazada por la mayoría.
«No estamos para nada de acuerdo con cerrar a partir de la inflación futura. ¿Quién se hace cargo de la pasada y el poder adquisitivo perdido frente a una inflación que fue de entre el 40 y el 45%», se preguntó el líder de los aceiteros, Daniel Yofra.

Su gremio fue el que obtuvo el mejor acuerdo al cerrar un 38% en marzo y el mes pasado un bono de $21.500, el más alto. «No creo que nadie se quiera conformar con un 20%», afirmó.

En la misma línea, los docentes también se oponen a la pauta salarial. El titular del sindicato bonaerense Suteba, Roberto Baradel, adelantó que los maestros deben recuperar entre el 8 y el 10% del poder adquisitivo perdido: la categoría inicial cobra $9.800, la mitad en negro. Y para este año, Baradel anticipó que «la proyección de inflación está entre el 25 y el 30%».

Paradójicamente, fue su sector el que aceptó por primera vez incluir retoques de acuerdo a los precios, al acordar un 34% de aumento el año pasado. Pero las autoridades no habilitaron la reapertura por considerar que la inflación fue cubierta con el bono.