INTA: los retiros voluntarios no despegan y el Gobierno buscaría que entidades agrarias financien indemnizaciones
INTA: los retiros voluntarios no despegan y el Gobierno buscaría que entidades agrarias financien indemnizaciones
El programa para achicar el INTA, hasta ahora, cubrió solo un tercio de la meta que pretende la administración libertaria.
Cuando falta menos de un mes para que concluya el programa de retiros voluntarios dispuesto en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el número de trabajadores que se adhirieron es apenas un tercio de lo que pretende el Gobierno, que podría tener que apelar a un nuevo plan de despidos masivos.
El 4 de mayo empezaron los retiros voluntarios y, en las primeras dos semanas, se anotaron 420 trabajadores del INTA, todavía lejos de los 1.200 que la administración libertaria quiere alcanzar el 15 de junio, fecha en la que termina la ventana abierta para adherirse.
Esa meta de 1.200 desvinculaciones implica más del 20% del personal del Instituto y, con dudas acerca de si se logrará la meta prevista, el Gobierno maneja la posibilidad de pasar a disponibilidad de personal para luego avanzar con despidos -lo que implicaría un nuevo foco de conflicto con trabajadores y gremios-, y la de gestionar la intervención de la Fundación ArgenINTA para financiar los costos de desvincular personal que reviste o revistió en planta no permanente pero tiene muchos años de servicio.
El INTA y las entidades rurales
Según informó el especialista en Ciencia y Tecnología Eduardo Porto en una nota publicada por el medio Info Gremiales, esto último sería lo que está frenando los retiros voluntarios: trabajadores con mucha antigüedad a quienes, en el cálculo del retiro voluntario no le reconocen los años trabajados sin estar en planta permanente.
La Fundación ArgenINTA es una institución civil creada por el propio INTA en la década del 90 con el objetivo de “promover, apoyar y fortalecer el desarrollo tecnológico agropecuario y la innovación en el ámbito rural”.
En su Consejo de Administración figuran el INTA y entidades del agro como la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), entre otras.
También revistan allí representantes de facultades de Agronomía y Veterinaria, la Secretaría de Agricultura de la Nación y “dos miembros benefactores designados por una entidad o empresa agroindustrial”, según detalla la propia organización en su página web.
La intervención de la Fundación para sufragar los costos de reconocer años de servicio a trabajadores de planta no permanente implicaría una suma cercana a los $2.000 millones.
Se van los más calificados
Mientras tanto, el programa de retiros voluntarios que está abierto hasta el 15 de junio abarca a todos los trabajadores del organismo, tanto administrativos como personal de las estaciones experimentales.
Esto, además de achicar la planta de personal del INTA, hace que el Instituto tienda a perder su personal más joven y calificado en planta permanente, los que tienen más chances de reinsertarse en el sector privado.
Si bien hasta ahora la cifra de quienes accedieron al retiro es baja, al menos en comparación con lo que pretenden las autoridades, muchos empleados estarían esperando hasta que se acerque la fecha de cierre, con la expectativa de que cambien las condiciones y se incluyan los años acumulados en planta transitoria para intentar acercarse a la meta de 1.200 retiros.
El antecedente del retiro voluntario anterior, dispuesto también por esta gestión, favorece esa especulación, ya que en aquella ocasión, en la que se firmaron casi 300 desvinculaciones, si se tuvo en cuenta el período en planta no permanente para calcular la antigüedad.
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