Presión de las pymes al Congreso por el tratamiento del proyecto ley de emergencia
Presión de las pymes al Congreso por el tratamiento del proyecto ley de emergencia.
Dos cámaras pymes reclamaron una solución, mientras el Gobierno continúa enfocado en el RIGI y las grandes empresas extranjeras.
En medio de cierres, despidos y una creciente pérdida de competitividad, la Confederación Federal de Pymes (CFP) y la cámara Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamó con urgencia el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley de emegencia pyme.
El proyecto armado y presentado en el Legislativo nacional por la CFP y que ahora sumó el respaldo de IPA, reclama un plan de alivio fiscal, financiamiento y medidas de protección para la industria nacional.
A la vez, se plantea la inacción del gobierno de Javier Milei en lo que respecta al sector, contrariamente a lo que ocurre con las grandes empresas extranjeras a través del RIGI, mientras -subrayan- hay cientos de firmas nacionales medianas y pequeñas al borde de la quiebra y sin solución a la vista.
Según advirtieron representantes pyme, muchas compañías enfrentan dificultades para sostener la producción y mantener puestos de trabajo frente a la apertura de importaciones, el aumento de costos y la retracción del mercado interno.
La industria de los despidos y los cierres
«La primarización de la economía provocó que el 97% de la pérdida de los empleos registrados sea industrial», afirmó Daniel Rosato, titular de IPA.

El dirigente sostuvo que el sector manufacturero perdió unos 80.000 puestos de trabajo formales y más de 2.000 pymes industriales dejaron de operar en los últimos meses.
Rosato detalló que desde diciembre de 2023 cerraron más de 34.000 empresas en todo el país, con un fuerte impacto especialemente en el segmento pyme.
«La Argentina cada vez está en menos condiciones de poder competir. El tipo de cambio se mantiene estable o baja, mientras los costos de producción suben», señaló.
En ese marco, alertó que la estructura productiva local pierde terreno frente a las importaciones y queda fuera de los mercados internacionales.
Por eso, pidió una normativa que asegure respaldo estatal para evitar que la situación empeore. «Necesitamos una ley urgente de emergencia productiva que dé equilibrio a esta crisis industrial», sostuvo Rosato, quien además planteó la necesidad de reactivar el mercado interno como condición para recuperar empleo y sostener la actividad.
El corazón del proyecto de las pymes
La legislación de emergencia que presentó la CFP incluye beneficios impositivos, líneas de crédito blandas y herramientas para evitar una mayor destrucción de empleo.
El planteo también apunta a recuperar competitividad frente al avance de productos importados y la caída de rentabilidad en rubros manufactureros.
Además, los autores del texto sostienen que incluso economías regionales tradicionales comenzaron a mostrar señales de estancamiento o crisis, con problemas vinculados a costos, precios y pérdida de capacidad productiva.
El escenario alimenta la presión sobre el Gobierno y el Congreso para que se adopten medidas urgentes orientadas a sostener la actividad y el empleo.
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El presidente de la CFP, Mauro González, explicó que la iniciativa ni siquiera se plantea un impulso a la actividad, sino que pasa simplemente por la intención de frenar el derrumbe.
“Hoy la necesidad no es reactivar la economía, en principio, sino sostener por lo menos las empresas que están funcionando”, explicó González.
También remarcó que la situación empeora mes a mes y advirtió sobre el crecimiento de concursos preventivos y cierres de compañías. “Hay que detener la sangría de cierre de empresas y de despidos”, afirmó.




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