En 2024 Javier Milei no fue bien recibido en Córdoba. Pero sigue teniendo votos.
Mientras el sector empresario se entusiasma y ajusta personal, el mundo sindical de Córdoba advierte sobre la precarización.
La reforma laboral, eje central de la agenda política y económica del Gobierno nacional, tiene impacto en Córdoba. En la provincia mediterránea, la flexibilización del mercado de trabajo se presenta como una «panacea» para unos, empresarios y dirigentes libertarios, y como un «retroceso histórico» para otros, como actores sindicales.
El distrito clave por su peso electoral y su robusta matriz industrial, que acusa recibo de la crisis económica, solo refleja una grieta que combina expectativas de reactivación con un creciente temor a la precarización institucionalizada.
En torno a las opiniones gremiales, en la CGT de Córdoba que señalan que la crisis que se ve reflejada en despidos en empresas de la provincia es un punto de partida que se profundizará con la reforma laboral.
Para dar cuenta de ello, mencionan que la desregulación de las indemnizaciones, la extensión de los períodos de prueba y la modificación de los convenios colectivos son percibidos no como ajustes técnicos, sino como un ataque directo a la columna vertebral de la estabilidad laboral en toda la Argentina. En la CTA local comparten mirada.
Los optimistas de Córdoba: «Esta es la parte dolorosa»
En la vereda opuesta aparece el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, quien ponderó la iniciativa, refleja la posición del circulo rojo local y habló de la destrucción de puestos de trabajo de los últimos meses en diferentes empresas: es «la parte dolorosa» del proceso de reformas en Argentina, comentó.
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«Pero si se pierden unos cientos de miles de empleos sobre 20 millones, no es lo mejor que nos puede pasar, aunque esos empleos se van a reubicar con una economía que va a empezar a crecer y a demandar trabajo en otros sectores, en otras actividades que son más eficientes», analizó.
También sostuvo que el sistema anterior pre reforma laboral era inviable: «Lo que no podemos hacer los argentinos es seguirles diciendo a los consumidores: vamos a tener un arancel del 50% para importar tal producto, porque si no lo tenemos, un grupo de empresas va a tener que cerrar», afirmó Tagle. Y remató: «El sistema anterior de proteccionismo y populismo generó el 55% de pobres en Argentina. Eso es inadmisible».
Impuestos, otro eje
Al respecto, figuras políticas con peso territorial han aportado matices que complejizan el debate. El senador Luis Juez, hoy integrante de La Libertad Avanza, consultado sobre el escenario actual, fue tajante al señalar que la normativa laboral no es el único cuello de botella del sector productivo: “Sin bajar la presión impositiva, la reforma laboral no va a generar empleo por sí sola”, afirmó.
Sus declaraciones marcan una distancia crítica ante el oficialismo al que pertenece desde este año, sugiriendo que la flexibilización sin un alivio fiscal integral es una receta incompleta que no garantiza el crecimiento genuino.
La discusión también se traslada al terreno de la estadística y la competitividad. Defensores del proyecto, como el ex jefe de asesores Antonio Aracre, hoy defensor a ultranza de las políticas libertarias, sostiene que el objetivo es puramente pragmático: dotar de previsibilidad a las empresas.
“La reforma laboral busca bajar el costo laboral del 27% al 15% y disminuir la litigiosidad”, argumenta.
Sin embargo, este planteo omite una distinción fundamental para el mundo del trabajo y que reflejan los sindicalistas de la provincia: lo que para la contabilidad empresaria figura como un «costo» a reducir, para el trabajador representa salario directo, aportes jubilatorios y protección social esencial para afrontar su vida.
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