Gremios universitarios consideran que denuncia de Marijuán busca “debilitar sus reclamos”

Todo el arco sindical repudió la causa iniciada por el fiscal federal, que pidió investigar el destino de fondos entregados a 52 casas de estudio. “Es un agravio”, dijo el titular de FEDUN, Daniel Ricci, que recordó que la universidad pública “es una de las organizaciones que tienen mayor consenso en la sociedad”. Duros pronunciamientos de CONADU y CONADU Histórica.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A mediados de noviembre, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una “mega denuncia” contra más de 50 universidades nacionales, en el marco de una causa que investiga el uso de fondos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El funcionario judicial afirmó en su dictamen que “todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, por lo que “deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades de todo el país”. La medida judicial incluye a 52 casas de altos estudios de todo el país, desde las más tradiciones hasta las nuevas creadas en el conurbano bonaerense. La inédita denuncia fue recibida por la comunidad educativa con sorpresa y por los gremios del sector con rechazo. Según su mirada, esta busca “debilitarlas” los reclamos presupuestarios que se hacen, además de los pedidos para que se recompongan los salarios de los docentes. “Es una agravio”, afirman.

Los gremios universitarios rechazaron las sospechas de Marijuán, en un contexto donde la comunidad educativa está movilizada por los recortes que el presupuesto 2017 trae para el sector. Por eso, la denuncia cayó mal entre docentes y autoridades. “Lo que se está haciendo el fiscal es un agravio, tejiendo un manto de sospecha sobre todas las autoridades universitaria”, afirmó el titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci. Consultado por Gestión Sindical, el dirigente aseguró que la maniobra de Marijuan “tiene que ver con la idea de debilitar los reclamos que se están haciendo desde el sector”.

Para Ricci, “la universidad pública es una de las organizaciones de la sociedad que tienen mayor consenso en la sociedad”, y recordó que “hay una ley nacional que fija un presupuesto, una resolución de la Jefatura de Gabinete que lo otorga y el Ministerio de Educación que lo envía, por lo tanto acá no se está infringiendo ninguna ley”. “Lo que recibieron las universidad es igual a lo que recién otros organismos del Estado nacional, no entiendo la causa”, agregó.

Por su parte, otros gremios docentes también se sumaron al repudio. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) repudiaron a Marijuán y vincularon la medida a su intensión de” ganar prensa a través de denuncias infundadas”. “No es casual que este cuestionado funcionario judicial instale un manto de sospecha sobre el conjunto de las universidades públicas justamente cuando el poder ejecutivo envió al Congreso nacional un presupuesto universitario que por primera vez en años representa un retroceso del mismo con respecto al PBI”, remarcó la federación, enrolada en la CTA de los Trabajadores, mediante un documento.

el texto le apuntó al “ahogo presupuestario” que sufren las casas de estudio, que evidencia “un recorte en áreas sensibles para el desarrollo de la enseñanza universitaria: salarios, becas estudiantiles, infraestructura, y otros puntos vinculados con la investigación y la vinculación con la comunidad”. “Se trata de otro ataque a la educación superior que evidencia una profunda ignorancia sobre el funcionamiento del sistema universitario, que tiene auditorías internas y externas”, concluy´ño la entidad.

De igual forma, CONADU Histórica también se pronunció sobre la requisitoria de Marijuan. “Esta denuncia tiene que ver centralmente con una maniobra de desprestigio hacia el conjunto de las universidades públicas para justificar el ajuste sobre la educación, la ciencia y la tecnología. Desacreditar a la educación pública para avanzar en las políticas de elitización, mercantilización, achicamiento y arancelamiento de la universidad pública. Este es el proyecto del actual gobierno”, afirmaron desde el nucleamiento.

“Desde la CONADU Histórica siempre hemos denunciado a las autoridades universitarias que junto a los sectores de poder toman como botín a las instituciones universitarias. Algunas se han convertido en verdaderas patronales, siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo tipo de prebendas y negocios. El gobierno actual utiliza los escándalos del pasado inmediato para justificar el ajuste del presente y la reconfiguración de los distintos sectores dominantes en la disputa por el dominio de las estructuras universitarias”, remarcó la entidad gremial.

En concreto, Marijuan presentó las denuncias por separado y distintos jueces de los tribunales de Comodoro Py 2002 fueron sorteados para analizar los fondos que recibieron las diversas universidades. Las 52 casas de estudio cuestionadas son de todo el país, desde la UBA Del Litoral, Lomas de Zamora, y Quilmes, hasta la nuevas del conurbano, como la de Moreno, Arturo Jauretche, José C. Paz, y Hurlingham. Según el fiscal, “entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, repartiéndose el 70 por ciento de esos fondos a las nuevas universidades creadas entre 2003 y 2014 en el gran Buenos Aires”. Lo curiosos es que Marijuan basó su escrito en investigaciones periodísticas que presentó como prueba.