La Corte Suprema le dio la razón a Florencia Arietto en una denuncia contra Camioneros

Ordenó que se eleve a juicio una causa contra dirigentes de la filial de Monte Grande por una protesta de camioneros realizada en mayo de 2021.

La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes que se realice el juicio oral y público contra sindicalistas de la filial Monte Grande del sindicato de Camioneros por el bloqueo que realizaron en la sede de la empresa Química Oeste en mayo de 2021 para reclamar el encuadramiento laboral de sus empleados.

La Corte respaldo así la denuncia original que la firma había presentado con la representación de la polémica abogada libertaria Florencia Arietto.

Los dirigentes gremiales habían sido sobreseídos cuando el caso fue elevado a juicio oral, pero ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al pedido del empresario y dieron luz verde al avance de la causa.

Carlos Dos Reis, en nombre de Química Oeste, fue quien denunció que el 10 de mayo de 2021 apareció ante el depósito de la firma un grupo de unas 10 personas que se bajaron de 3 autos particulares y colocaron allí una bandera que llevaba inscripto “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”.

A la vez, según relato el empresario, señalaban que “de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”. E impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más activistas y se instalaron en el lugar.

La denuncia contra Camioneros

Al día siguiente, arribaron al depósito de Química Oeste tres o cuatro camiones con contenedores a los que, de acuerdo con la denuncia, también se les impidió el ingreso, así como a “una cantidad importante de clientes que llegaban con sus transportes para retirar la mercadería”. 

Dos Reis dijo que la situación se repitió el lunes 17 de mayo. “Empezó a aparecer mucha gente identificándose con el Sindicato de Camioneros por sus vestimentas y banderas, que nuevamente impidieron trabajar, motivo por el cual los camiones tuvieron que dormir en otro sitio” y los clientes y proveedores no pudieron trabajar ese día”, según relató.

La protesta siguió hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y el bloqueo se levantó ese mismo día por la noche.

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El empresario hizo la denuncia penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio. 

Para la abogada denunciante, María Florencia Arietto, se trató de “un reclamo laboral inventado”. Según se afirmó, el bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.

Quiénes son los imputados

En la causa fue imputado Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, junto a Fernando Emmanuel Arzola, Aldo Guerrero Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal, Humberto Castaño y otros empleados de “Química Oeste S.A” por llevar adelante comportamientos violentos y amenazantes, con un plan previamente delineado, en la puerta de la empresa, sostuvo la fiscalía.

El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento solicitado y concedió la elevación a juicio en los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal. 

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Pero la defensa apeló y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora resolvió revocar el auto de elevación de las actuaciones juicio y sobreseer totalmente a los imputados por entender que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión. 

El tribunal aseguró que el comportamiento de los imputados no estuvo dirigido a estorbar el pleno ejercicio de la posesión del inmueble.

La querella apeló, pero el planteo fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal. La Suprema Corte de Justicia bonaerense también desestimó el recurso presentado al afirmar que el particular damnificado no rebatió eficazmente los fundamentos expuestos por la instancia anterior, sino que sólo insistió en su opinión discrepante en cuanto a la valoración de la evidencia incorporada.

El fundamento de la Corte Suprema de Justicia

Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso extraordinario federal en queja, en donde se insistió en que se había realizado una interpretación arbitraria en relación al ejercicio del derecho a huelga que, a su vez, implicaba la afectación de derechos constitucionales: el derecho a trabajar, a ejercer la industria lícita y a la inviolabilidad de la propiedad privada. 

El recurso volvió a describir los incidentes, y afirmó que el único objetivo de los imputados fue turbar la posesión a partir del bloqueo en la planta que superó las 24 horas.

En ese contexto, la Corte Suprema resolvió hacer lugar al recurso, con remisión al antecedente “Uzcátegui Matheus”, que hace alusión a una resolución de 2016 cuando el máximo tribunal revocó el sobreseimiento de un grupo de personas involucradas en la causa del caso de Guido Antonini Wilson, relacionada con el contrabando de dinero en 2007.