El plan de transformación productiva fue presentado por ministerios de producción y trabajo. El programa, fue ideado para reconvertir las industrias afectadas por la inminente baja de aranceles a productos importados, en particular del sector informático. Quejas en la UOM y escepticismo entre los industriales. Alertan por 15 mil puestos de trabajo en riesgo.
El Gobierno destinará 1.200 millones de pesos por año a la aplicación de un plan destinado a la reconversión de sectores industriales en riesgo por la apertura de importaciones, que incluirá subsidios para las indemnizaciones por los eventuales despidos en esas actividades o para abaratar los sueldos de las nuevas contrataciones, como había anticipado este diario. El Plan de Transformación Productiva, presentado ayer por los ministerios de Producción y Trabajo, fue recibido con escepticismo por los industriales que temen por la baja de aranceles, en tanto que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) directamente lo rechazó de plano.
El programa fue presentado ayer como parte de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo y al calor de la anunciada eliminación de los aranceles para la importación de productos informáticos a partir de marzo próximo. En el sector habían advertido que una medida de esas características pondría en riesgo unos 15 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos sólo en la actividad. La iniciativa, no obstante, podrá aplicarse a cualquier industria amenazada por la competencia externa, de acuerdo con sus postulados.
El monto previsto para la instrumentación del plan es similar al presupuesto anual del Programa de Recuperación Productiva (Repro) que inauguró el Gobierno anterior como desembolso no reintegrable para apuntalar los salarios de los trabajadores de empresas en crisis que hubiesen probado esa condición. En Trabajo diferenciaron ambos programas: mientras el Repro fue considerado una suerte de parche para atender un bajón circunstancial en una actividad, el plan presentado ayer fue definido como «un trasplante» para darle viabilidad a una industria que de otro modo, al competir con las importaciones, no tendría. La iniciativa fue presentada ayer por funcionarios de Producción, capitaneados por Francisco Cabrera; y Trabajo, el área que lidera Jorge Triaca. Según sus postulados, uno de los pilares será brindar «financiamiento y asistencia técnica para ayudar a empresas argentinas a mejorar su competitividad» y, de ser necesario, modificar su orientación industrial hacia otros segmentos no atendidos en un escenario de eventual apertura de importaciones. «A este tipo de empresas el Estado las acompañará con financiamiento para sus proyectos de expansión e inversión, atado al mantenimiento de la planta laboral», se añade en el plan.
Respecto de los trabajadores de actividades en riesgo potencial el plan tiene dos abordajes: por un lado prevé un subsidio para las empresas incluidas en el plan de reconversión y que tengan previsto contratar nuevo personal. Por otro, para los empleados despedidos de industrias que se hubiesen declarado imposibilitadas de encarar una reconversión de sus actividades habrá un seguro de desempleo ampliado» equivalente por lo menos a un salario mínimo (en la actualidad, de $7.560) y cuyo valor máximo será la mitad del último salario percibido. En otras palabras, un subsidio estatal para facilitar las cesantías.
Apenas conocidos los puntos principales del plan presentado ayer la UOM reaccionó. Francisco Gutiérrez, de la seccional Quilmes del gremio y miembro de la conducción nacional de la CGT, calificó la semana pasada de «aberrante» el plan por entenderlo como un mecanismo para facilitar los despidos en lugar de sostener los puestos de trabajo. En esa línea, el empresario Carlos Scimone, de la Cámara de Máquinas de Oficinas Comerciales (Camoca, sector informático) dijo ayer descreer de planes que no tengan pautas de reconversión «de al menos dos años, en el caso del mediano plazo, o de un mínimo de cinco, seis años si la propuesta es virar hacia segmentos más complejos».
«Del plan no vemos nada por ahora, sólo que se le abrirá el mercado a China al cero por ciento de arancel, cuando es una economía que está afuera del mercado internacional. Y no lo decimos nosotros: la Argentina tiene más de 800 casos de dumping contra China. El costo de esta apertura va a ser muy grande en tiempo y dinero. Por lo pronto, son miles de obreros que, si la idea es descartarlos, habrá que darles sustento y reformularlos para otras tareas. Lo que sí podemos evaluar son los 300 millones de dólares que perderá el Estado entre aranceles y sustitución de importaciones», lamentó Scimone.
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