La situación que llevó a la CGT a apoyar oficialmente la marcha universitaria del 2 de octubre
Docentes universitarios vuelven a marchar, con los salarios en el subsuelo.
La central obrera tiene varios motivos para bancar la marcha universitaria contra el anunciado veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.
Con un comunicado escueto, la CGT anunció que se sumará a la nueva marcha universitaria que se realizará el miércoles 2 de octubre en rechazo del anuncio del presidente Javier Milei de que aplicará un «veto total» a la ley de actualización del presupuesto universitario sancionada por el Congreso de la Nación.
Para dejar en claro su postura, en la calle Azopardo se producirá una conferencia de prensa este miércoles. Según pudo saber Gestión Sindical, en la actividad estará parte de la cúpula de la central obrera y el secretario de políticas educativas, Sergio Romero, la principal figura de la Unión de Docentes de la Argentina (UDA).
Los dirigentes cegetistas decidieron respaldar la marcha universitaria y sumarse a la protesta de la educación superior primero porque consideran “salvaje” el ajuste que va a atravesar el próximo año, con un presupuesto que es menor que el de 2024. Segundo, porque el Gobierno sigue sin dialogar ni ofrece respuestas a los pedidos que emergen desde la central obrera de Azopardo 802.
La marcha universitaria y otras cuestiones
Todavía, dicen en la CGT, no apareció sobre la mesa una conversación “en serio” sobre la apertura de la paritaria nacional docente ante salarios deprimidos por la inflación, ni respuesta a una serie de pedidos de largo aliento.
Uno de esos pedidos sigue pasando por la letra chica de la reglamentación de la reforma laboral que está plasmada en la Ley Bases.
Desde hace semanas esa reglamentación es «inminente» según el Gobierno, y aunque las conversaciones con los más dialoguistas de la CGT fueron largas, sigue sin haber indicios de que el Ejecutivo vaya a conceder algo de lo que pide la organización gremial.
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Para la CGT es vital que se quiten dos artículos: el que consagra despidos por bloqueos a empresas y emprendimientos comerciales y el que establece que un empresario puede incorporar a su personal hasta “cinco colaboradores” sin relación formal. Esa figura de «colaborador independiente» es algo que para los popes de la central -y no solo para ellos- solo generará “más informalidad”.
A pesar de las promesas del oficialismo de que atenderían pedidos, no hay respuestas y los dirigentes están con los ánimos caldeados. Por si fuera poco, el protocolo de Patricia Bullrich castigando los bloqueos sindicales recalentó los ánimos.
El recorte universitario no sorprende
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, el sindicato de docentes de la UBA, investigador del Conicet y profesor universitario, dio su mirada sobre el ajuste que aparece en el presupuesto 2025.
“A nosotros no nos sorprende el brutal recorte sobre las universidades nacionales y el sistema científico tecnológico que el gobierno de Milei está llevando a cabo. Lo planteó durante la campaña y se comenzó a aplicar desde el primer día», indicó.
«Lo que nos preocupa -aclaró- es que se incumplan leyes nacionales de financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología, y se intente engañar a la ciudadanía sosteniendo que un país puede desarrollarse reduciendo al mínimo la formación de científicos y profesionales universitarios”.
Desde su punto de vista, “la inversión pública que en estas áreas realizan las principales potencias mundiales superan con creces las iniciativas privadas. El sector privado no está en condiciones de afrontar programas de investigación de largo aliento. Puede suministrar ideas y recursos pero de ninguna manera reemplazar la planificación estatal».
«Parece que el gobierno cree que formar médicos, ingenieros, científicos sociales o programadores es una cuestión de la ‘casta’ o de los ‘depravados fiscales’. La desconexión con la realidad es alarmante”, advirtió.
Un presupuesto regresivo
En FEDUBA marcan que el presupuesto 2025 del ejecutivo profundiza el recorte al financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación ya que estima destinar solo un 0,22% del PBI. Se suspende de este modo la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema de Ciencia que fija una suba escalonada de la inversión pública en ciencia y tecnología.
La norma fue aprobada en el 2022 y establece que el porcentaje del PBI para la inversión en ciencia sea del 0,45% para el 2025.
Las partidas destinadas a los organismos de ciencia y tecnología también muestran la magnitud del ajuste ya que se se recortan las partidas del Conicet en un 18,3% respecto a 2024 y en un 39,7% en relación a 2023.
Por su parte, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo Tecnológico y la Innovación contará con el mismo presupuesto de 2024, que es 65,8% menos que 2023, mientras que los recursos de la Comisión Nacional de Energía Atómica caen 10,8% en relación a 2024 y 37,8% frente a 2023.
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