Ciampa y la reforma laboral: «Los trabajadores que demanden ganarán fácilmente en Tribunales»
La reforma laboral fue aprobada como parte de la Ley Bases que presentó el Gobierno.
El abogado laboralista, muy cercano a Recalde, advirtió que la reforma laboral que pretenden Milei y Sturzenegger no reducirá la litigiosidad.
Todavía no vio la luz, pero la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases sigue sumando objeciones por “regresiva” por parte de abogados laboralistas.
Uno es Gustavo Ciampa, integrante de la Corriente 7 de Julio y asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, que pone la lupa en la quita de sanciones a empleadores y en la inconstitucionalidad de la normativa.
El profesional, del círculo cercano a Héctor y Mariano Recalde, ofreció su mirada de la ley sancionada y dijo que el texto consagra la impunidad ante incumplimientos patronales graves.
Desde su punto de vista, uno de los puntos más críticos en la reforma laboral, es la derogación de sanciones hacia empleadores que incurren en prácticas como el trabajo en negro o el no pago de indemnizaciones por despido.
“Lo que hizo la Ley de Bases fue eliminar estas penalidades y reparaciones”, afirmó, detallando además que esto implica que no habrá sanciones para los empleadores que mantengan trabajadores no registrados, ni compensaciones para las víctimas de estos incumplimientos. En pocas palabras: dará prácticamente lo mismo, para el empleador, tener trabajadores en negro o debidamente registrados
En su menú de críticas, figura que la ley introduce figuras como la del “trabajador independiente con colaboradores”, quienes no tienen relación de dependencia ni derechos básicos como salario mínimo, vacaciones o licencias por enfermedad. Para Ciampa, esta medida equivale a legalizar el trabajo en negro.
Objeciones a la reforma laboral que la CGT comparte
La CGT ya colocó la lupa sobre esta cuestión y pidió ante los interlocutores del oficialismo que no existan avances porque aumentará la informalidad, justamente en momentos en los que los gremios piden mayor formalidad.
A su vez, la central obrera reclamó la quita del artículo que habilita despidos con causa por bloquear empresas o comercios, un ítem que en la calle Azopardo consideran “totalmente negativo”.
Si bien la ley establece que estos trabajadores independientes deben tener cobertura de riesgos de trabajo y realizar aportes a la seguridad social, la contradicción es evidente: “Si son independientes, ¿por qué van a tener cobertura de riesgo de trabajo?”, cuestionó Ciampa.
La constitucionalidad, otro eje polémico
Ciampa realizó un análisis de la constitucionalidad de la reforma laboral. Y advirtió que tiene puntos negros por lo cual podría llevar a que los trabajadores que demanden a sus empleadores ganen fácilmente en los tribunales.
Otro punto alarmante es que la Ley Bases permite actos discriminatorios por razones de discapacidad, salud, ideología, opinión gremial o política, entre otras.
Ciampa subrayó que, hasta hace poco, tales actos eran considerados nulos y obligaban a la reincorporación del trabajador, además de reparaciones por daños y perjuicios.
La «gran pyme nacional»: el mapa de la generación de empleo en la Argentina
“Es falso que se necesiten estas leyes para generar empleo”, agregó en su análisis, debido a que se habla de que se va a generar mayor empleo con esta ley.
El abogado habló de lo que pasó con las leyes de flexibilidad laboral y remató: “El empleo lo crea y lo destruye la política económica, no la legislación laboral”.
Ciampa, integrante de la Corriente 7 de Julio, también abordó la amenaza que estas reformas representan para los sindicatos. El letrado explicó que se están discutiendo en el Congreso varios proyectos de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales que, de aprobarse, debilitarían el poder de negociación y conflicto de las organizaciones sindicales, cruciales para defender los derechos de los trabajadores.
“Sin sindicatos, la situación de los trabajadores sería mucho peor”, afirmó Ciampa, destacando que estos proyectos vulneran tratados internacionales que obligan a fortalecer las organizaciones sindicales.
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