Un fallo quintuplicó la multa que debe pagar una empresa que se niega a reincorporar trabajadores despedidos

El conflicto es con Lácteos Vidal, que en 2022 los echó en represalia por una protesta gremial.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, resolvió la vigencia de la medida cautelar que exige a la empresa Lácteos Vidal a reincorporar a los trabajadores despedidos en el marco del conflicto gremial con el gremio lechero ATILRA, y quintuplicó el valor de la multa diaria que debe pagar la firma por el incumplimiento de la medida judicial. 

Asimismo, Ramonet pidió que se investigue a Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, por «desobediencia» a la justicia.

A más de dos años del despido de 29 trabajadores que habían participado de una protesta gremial, el juez volvió a pedir la reincorporación de los despedidos y elevó las astreintes (multas) por incumplimiento de la resolución por parte de la firma de 10.000 a 50.000 pesos por día por cada trabajador. 

Mientras tanto, la empresa de Bada Vázquez continúa dispuesta a mantener su decisión y se niega a llevar a cabo las reincorporaciones.

El fallo contra Lácteos Vidal

En su resolución, el juez entiende que “no hay ninguna prueba en la causa por la que pueda concluirse” que los trabajadores despedidos “no sean merecedores de que a su respecto se cumpla inmediatamente con la medida cautelar de reinstalación en sus puestos de trabajo”.

Antes de este fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había rechazado  las apelaciones de la empresa para evitar el pago determinado por la justicia en primera instancia, lo que significó un golpe para Lácteos Vidal y para la abogada Florencia Arietto, referente del polémico Movimiento Empresarial Anti Bloqueos y, representante de la firma. 

A pesar de ese rechazo, la empresa continuó incumpliendo la orden de reincorporar a los despedidos.

El fallo de Ramonet aplica excepciones con tres de los despedidos. Uno de los casos es el de una trabajadora que se jubiló durante el conflicto, por lo cual no se aplica ni la orden de reincorporación ni las multas.

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Los otros dos son Martín Yedro y Abel Osmar Damico, delegados gremiales que fueron denunciados penalmente por Lácteos Vidal por el posible delito de compulsión a la huelga, por lo cual se los exime cautelarmente de prestar servicios aunque igualmente, se aclara, la empresa deberá seguir abonándoles sus salarios.

El origen del conflicto

El conflicto comenzó en 2018, cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

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No obstante, recién en 2022 los trabajadores hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida esta, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.

Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la industria lechera, en agosto de 2022 los trabajadores de Lácteos Vidal iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

Un mes después, la empresa láctea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo fuera de convenio para continuar produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explícitamente.