Presentan amparo para anular el acuerdo entre Ministerio de Trabajo y McDonald’s
En el escrito se detalla que “los trabajadores podrán estar contratados conforme a esta figura en reiteradas oportunidades, durante el cual no tendrán recibo de sueldo, no se abonará sueldo anula complementario, tampoco los recargos por la prestación de tareas durante días feriados y fines de semana ni la diferencia salarial conforme a la categoría del trabajador según la tarea específica desempeñada. Además, la empresa evade las contribuciones y aportes solidarios a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que el Estado no se lo exige en el desarrollo del convenio”.
Las diputadas nacionales del bloque Frente para la Victoria, Araceli Ferreyra, Lucila María de Ponti y Silvia Horne, junto al Secretario Nacional de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo presentaron un recurso de amparo contra el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa multinacional McDonald’s.
El viernes 3 de junio pasado se presentó un recurso de amparo con el fin de que se declare la “nulidad absoluta e insanable, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad, ordenando la revocación o sustitución” del convenio firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la empresa multinacional McDonald’s.
Mediante el amparo presentado los firmantes solicitan que se suspenda la aplicación del convenio, así como también se lo declare inconstitucional y “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.
Las Diputadas Nacionales y el Secretario Nacional de Juventud (CTA) esperan la pronta resolución por parte de la justicia y resaltan la preocupante tendencia del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores.
El convenio firmado el día 13 de mayo del corriente año entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados Argentina S.A, establece que esta última -que actualmente cuenta con 16.809 trabajadores en relación de dependencia- incorporará a 5.000 nuevos trabajadores bajo la forma de practicantes “con posibilidad de progreso”. Los mismos recibirán una remuneración de $4.500, siendo ese valor inferior al salario mínimo, vital y móvil y significando una amenaza no sólo al sostenimiento de los puestos laborales ya existentes sino también a la incorporación de trabajadores en relación de dependencia regidos por el CCT.
En el escrito se detalla que: “Del contenido de este convenio se desprende que los trabajadores podrán estar contratados conforme a esta figura en reiteradas oportunidades, durante el cual no tendrán recibo de sueldo, no se abonará sueldo anual complementario, tampoco los recargos por la prestación de tareas durante días feriados y fines de semana ni la diferencia salarial conforme a la categoría del trabajador según la tarea específica desempeñada. Sumado a esto, es preciso remarcar que la empresa evade las contribuciones y aportes solidarios a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que el Estado no se lo exige en el desarrollo del convenio”, aseguran.
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