Estatales de diversas jurisdicciones piden un bono similar al de los empleados públicos nacionales

En provincias y municipios crece la presión para una suba similar a la del nivel nacional. Un informe asegura que los salarios públicos ya deberían superar los $200 mil.

A medida que se acerca fin de año, crece la presión de diversos sectores para que se pague un bono de fin de año, que permita paliar el efecto de la inflación sobre los salarios, en un año que muy difícilmente le ganen al ritmo de los precios. En el sector público, los estatales nacionales ya acordaron en la última revisión de la paritaria cobrar 30 mil pesos en diciembre, una cifra que se volvió un mojón para empleados públicos de otras jurisdicciones.

En las provincias y los municipios se comienzan a reclamar cifras similares, así como otras mejoras para cerrar el 2022 un poco más cerca del IPC. Las negociaciones en algunos casos están estancadas, por lo cual crece la posibilidad de un cierre de año con conflictos.

En tanto, los trabajadores del INDEC difundieron su habitual informe sobre salario e inflación, y afirmaron que una familia necesita más de 200 mil pesos para alcanzar una canasta de bienes y servicios, lo que hace más necesario el bono o refuerzo salarial.

Los pedidos para igualar la paritaria del estado nacional, que en septiembre acordó el adelanto de una de las cuotas del 2023 y el pago del bono de fin de año, comenzaron a sonar en todo el país, buscando equiparar los ingresos nacionales con el resto de la administración pública, incluyendo la municipal.

Esta semana, por ejemplo, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires profundizaron su plan de lucha, y realizaron un paro y movilización ayer miércoles, reclamando que se pague la suma fija. «Queremos un refuerzo salarial de 30 mil pesos como los estatales nacionales, además de otras mejoras, porque los salarios están muy retrasados», le dijo a Gestión Sindical un dirigente de ATE de CABA.

Los trabajadores de diversos organismos del Estado porteño insisten en las mejoras, y adelantaron que hasta ahora «la ciudad más rica del país tiene a sus empleados en situación de pobreza, una vergüenza». Además de la cuestión salarial, se pidió el pase a planta de los contratados y otras mejoras.

El Gobierno acordó con los gremios de la administración pública nacional, UPCN y ATE, el cierre de un nuevo tramo de la paritaria del sector, que estableció un adelanto de cuotas, un bono de 30 mil pesos por única vez y una revisión en enero próximo.

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El pedido de los trabajadores porteños hasta ahora no encuentra respuesta. «La gestión que se jacta de dialogar no convoca a sus empleados, y como pasa con los médicos, los intimida con una desmedida presencia policial», dijo el mismo dirigente consultado.

Del otro lado de la General Paz, los estatales bonaerenses acaban de cerrar un nuevo incremento del 10 por ciento, lo que lleva el aumento anual a cerca del 90 por ciento. En este esquema no hay estipulado un bono de fin de año. «Lo que pasa en la Ciudad es que el porcentaje pagado hasta ahora está lejos del recibido en Provincia, por eso el reclamo de una suma fija», explicaron.

Salario necesario

En tanto, para saber cuánto debería ser el salario piso de los estatales, los trabajadores del INDEC difundieron su habitual informe donde analizan los datos oficiales de inflación, y proyectan una canasta de bienes y servicios que funciona como guía a la hora de pensar los aumentos salariales. Este mes, el empuje inflacionario disparó el valor de ese salario, que ya supera los 200 mil pesos.

«Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en septiembre de 2022, 204.924 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas», destacó el trabajo de la Junta Interna de ATE en el organismo.

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Este valor, aclararon, «se compone de 70.146 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 134.778 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos». Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la pobreza, que en septiembre 2022 llegó a 128.214 pesos para una familia tipo.

«Este cálculo debería utilizarse como un sólido argumento para que nuestros paritarios exijan una urgente recomposición salarial, un piso salarial igual a este cálculo para todos los trabajadores», afirmó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

Para los trabajadores del INDEC, este valor «también debería ser parámetro para el seguro de desempleo, planes de gobierno y jubilaciones». Por esto, muchos delegados nacionales de diversos sectores reclaman a la conducción de ATE la reapertura de paritarias y que el bono de emergencia de 30 mil pesos se pague todos los meses, además de otras mejoras.

Por el momento, los únicos que lograron este tipo de bono fueron los estatales nacionales, en el sector público. Además, entre los privados hay varias paritarias cordadas con este tipo de incremento, que mejoran los porcentajes. En ese contexto, en el Ministerio de Trabajo admiten que hay en estudio dar una suba por decreto para todos los asalariados, junto con el refuerzo de 45 mil pesos que se dará en noviembre y diciembre para personas sin asistencia.

En todo el país

En el interior del país, los estatales también están en camino de reclamar un bono, en el marco de las paritarias, que en casi todas las provincias tiene un comportamiento similar. Esta semana, ATE Neuquén realizó una multitudinaria asamblea donde aprobó exigirle al gobierno un bono de fin de año con alcance a todos los trabajadores públicos. El secretario general Carlos Quintriqueo resaltó la necesidad de mejorar los salarios, para evitar perder contra la inflación.

En tanto, en Jujuy el ministro de Hacienda Carlos Sadir ratificó la propuesta salarial de un aumento del 22 por ciento para octubre y noviembre para los estatales de la provincia, y de esta forma se llegaría a un total acumulado de un 80,7 por ciento de incremento para este año.

Además, el gobierno de Jujuy confirmó que en el mes de diciembre se les pagará a los trabajadores estatales un bono, cuyo monto aún no fue definido. Este es uno de los primeros acuerdos logrados en los Estados provinciales para acceder a estos beneficios.