Las dos fracciones de la CTA coincidieron en rechazar la «persecución judicial» a Cristina Kirchner
Ambas centrales criticaron el proceso que se lleva adelante contra la ex mandataria y apuntaron a los fiscales y los medios opositores.
Como hizo la CGT y otros sectores del movimiento obrero organizado, las dos fracciones de la CTA se expresaron contra el proceso judicial que se lleva adelante contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que en la etapa de alegatos pidió una pena de 12 años de prisión por considerarla la cabeza de una asociación ilícita, según los fiscales del caso. Ambas centrales consideraron que existe una persecución sobre la ex mandataria y que hay irregularidades en el proceso.
La conducción de la CTA Autónoma calificó como un «show mediático» el alegato de los fiscales en el denominado juicio Vialidad que concluyó ayer lunes. El pedido de penas y de inhabilitación para ejercer cargos públicos, la central consideró un hecho de una «inusitada gravedad institucional».
“Tras un show mediático de varios días que tuvo como protagonista a un Fiscal y que muy poco o nada se pareció a un alegato, se pidió una condena de 12 años contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández», señalaron.
«Ya pocos dudan de que se esconde, detrás de la parodia judicial, una disputa política», añade el texto firmado por el secretario general, Ricardo Peidró; el secretario adjunto, Hugo «Cachorro» Godoy; y la secretaria adjunta, Claudia Baigorria.
Los representantes de los trabajadores añadieron que «la farsa está clara: es notoria la falta de pruebas para sostener la acusación; es forzada e insostenible la manera de vincular a la vicepresidenta con hechos que no la tuvieron ni siquiera como protagonista secundaria; es insólito sostener que el funcionamiento habitual de los órganos constitucionales se convierta en una asociación ilícita».
«Proscripción política»
«Lo real es intentar por vía de esta puesta en escena judicial una proscripción política que retrotrae a la Argentina a épocas que creíamos superadas como lo ocurrió durante la autodenominada Revolución Libertadora y las consecuentes exclusiones durante décadas de un vasto sector político», apuntó el comunicado.
En ese marco, planteó que «lo más trágico es que, con este nuevo episodio, se llega a un hito prácticamente inédito de la crisis del sistema judicial argentino, que revela así su peor cara». «Hasta que no se resuelva una reforma democrática profunda del Poder Judicial, no habrá verdadera democracia en nuestro país ni posibilidad alguna de un modelo social, económico y político en favor de las grandes mayorías populares», lamentaron los sindicalistas.
LA CGT RECHAZÓ «LA ABSURDA CALIFICACIÓN JURÍDICA» CONTRA CRISTINA KIRCHNER Y APUNTÓ A LOS JUECES
Además, se pronunciaron porque «se imponga la verdad y este intento de proscripción no prospere. Que sea el pueblo y únicamente el pueblo el que decida quiénes y cómo se gobierna en la Argentina a través del voto popular».
Sin pruebas
En tanto, la Central de Trabajadores y Trabajadores de la Argentina (CTA) emitió un comunicado donde fijó postura respecto de lo que considera «la conjura de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tendiente a proscribir a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mediante una burda acusación de asociación ilícita».
«No hay una sola prueba que les permita sostener esta patraña de ‘fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida asociación ilícita que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como Néstor, Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular’», expresó la central que lidera Hugo Yasky.
Sin embargo, prosiguió, «esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».
«La CTA advierte una vez más, y lo hará tantas veces como sea preciso, que no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta de la Nación en caso de que este proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución. No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular», concluyó el texto, que lleva la firma de Yasky y Carlos Girotti, secretario de Comunicación.
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