Reclamo sindical por una ley del Gobierno que afectaría a las estaciones de servicio

El proyecto de Movilidad Sustentable que prohíbe vender vehículos a nafta, gas y gasoil desde 2041 generó el alerta en el gremio que conduce Carlos Acuña.

Una ley impulsada por el Gobierno nacional prohibiría, desde 2041, la fabricación de automóviles que funcionen con nafta, gas o gasoil, con el objetivo de promover el uso de energías limpias como la electricidad.

Esto generó un reclamo desde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios (SOESGYPE) que lidera Carlos Acuña, ya que se pondrían en riesgo, por ejemplo, la estabilidad laboral de los 60.000 trabajadores que expenden combustible en todo el país.

También, claro, se afectaría a la industria automotriz, la actividad petrolera y las estaciones de servicio.

Por el momento, el denominado proyecto de ley de Movilidad Sustentable fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comienza el 1 de febrero.

El SOESGYPE pide ser escuchado

«Nuestra prioridad es que se cuiden las fuentes laborales y las PyMEs», señaló el secretario general adjunto del gremio, Carlos Roberto Acuña (h). Y apuntó que ningún funcionario nacional los convocó para hablar sobre el tema.

Por eso planteó que «nuestra organización debe ser escuchada. Estamos en contra de que se dejen de lado temas muy importantes como la sostenibilidad de los puestos de trabajo».

En declaraciones a Infobae, el sindicalista remarcó que «nos hubiese encantado dar nuestra posición, pero sin duda que nos vamos a hacer escuchar».

Y agregó: «Si (la ley) sale en términos que no están claros, seguiremos planteando lo que pensamos y si creemos que no somos escuchados y nos afecta, tenemos los instrumentos desde nuestra organización para hacernos escuchar».

El proyecto de ley es impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y apoyado por Alberto Fernández. Y fue presentado por el Gobierno como «una ventana de oportunidad para reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo».

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Además, se aseguró que puede «promover inversiones por 8.300 millones de dólares, crear más de 20 mil puestos de trabajo calificado y obtener un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de dióxido de carbono».

En la propuesta legislativa que auspicia el oficialismo se contempla la creación de un régimen especial que estimulará «el desarrollo, la producción y la utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales».

Y propone que desde el año 2041 «no se puedan comercializar vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional».

La preocupación por 60.000 puestos de trabajo

Otro sector que expresó su preocupación fue la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA). Su titular, Gabriel Bornoroni, dijo a TN que «primero hay que pensar cómo vamos a tener electricidad sustentable, es decir, sin hidrocarburos».

Al respecto, advirtió que «los 14 millones de vehículos que hoy tenemos en el país van a consumir un 40% más de electricidad en relación a lo que consumen hoy». Y consideró que el proyecto «desalienta a la industria, al petróleo y al gas».

Además, indicó que «detrás de las estaciones de servicio hay 60.000 familias. Si hacemos una ley a 19 años para adelante, tenemos que pensar en todo esto. La Argentina es un país con 40% de pobres».

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En la misma sintonía, Acuña (h) reconoció «los avances mundiales en lo que tiene que ver con la tecnología», aunque anticipó que el sindicato reclamará que «la futura carga eléctrica hacia los autos se realice en las estaciones de servicio».

De esa forma, consideró, «se podrán salvaguardar muchos puestos de trabajo y de PyMEs que apuestan e invierten en el país».

Respecto a la posibilidad de que los legisladores citen al gremio para que opine sobre el proyecto, el secretario general adjunto del SOESGYPE señaló que «sería lo más prudente».

Y concluyó: «Cuando fui concejal y debatimos alguna ordenanza, primero tratamos de hablar con los beneficiarios y damnificados para evaluar los pro y los contra y hacer la mejor norma posible. En este caso, eso hasta ahora no se hizo».