Tanto el sector que responde a Hugo Yasky como el de Pablo Micheli rechazaron la detención de la dirigente jujeña, y reclamaron que no se criminalice la protesta social. “Constituye un hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse”, coincidieron los espacios.
La detención de la dirigente social jujeña Milagros Sala generó un fuerte rechazo en buena parte del sector sindical argentino. En este sentido, las dos fracciones de la CTA coincidieron en repudiar la medida, y exigieron la inmediata liberación. Sala, líder de la organización Túpac Amaru, encabeza una protesta en la capital de su provincia, exigiendo diálogo al gobernador de cambiemos Gerardo Morales, y fue detenida el fin de semana por orden de un fiscal local.
La detención de Sala unió a las dos centrales en sus posturas. Con la firma de Hugo Yasky, la CTA de los Trabajadores emitió un comunicado donde aseguró que la detención “constituye un hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente y es además un claro acto de revanchismo por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales”. “Se trata de una acción represiva que castiga a una militante histórica del movimiento popular, reconocida dentro y fuera de las fronteras de nuestro país”, sostuvo la CTA.
Para la central comandada por Yasky, “es inadmisible que sea encarcelada quien representa a los sectores sociales más postergados de la provincia de Jujuy y ha desarrollado su actividad dentro del marco de las garantías que brinda el sistema democrático. Este atropello, suma un nuevo episodio a una larga lista de confrontaciones, que a lo largo de los años lo ha tenido a Gerardo Morales en una actitud de encono y agresión contra Milagro Sala que ya forma parte de la historia de esa provincia”.
En tanto, la CTA Autónoma, que lidera Pablo Micheli, también se expresó contra la detención de Sala. A través de su secretario de Cultura Jorge Cardelli, se denunció que “dado el carácter político e ilegal de esta detención se debe impulsar su puesta en libertad de manera inmediata”. Hoy en Jujuy se ha extendido la persecución política como es el caso de militantes del MST y por ello también se debe promover el cese de toda persecución política”, agregó el dirigente.
“Este repudio debe ser enmarcado en la creciente escalada de criminalización de la protesta social, como es el caso de los trabajadores de Cresta Roja, de los municipales de La Plata y de muchos otros que luchan contra el ajuste de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, cualquiera sea su signo político”, sostuvo Cardelli. Para el dirigente, “las organizaciones sindicales, sociales y políticas debemos plantear la libertad de los detenidos y el cese de las persecuciones. Debemos plantear el desprocesamiento de los 5 mil luchadores populares, no perdiendo de vista que todos estos hechos se convierten en antecedentes que crean condiciones para la aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada durante el gobierno anterior”.
Por último, Cardelli dijo que para el movimiento popular “es estratégico detener la persecución y la criminalización de la protesta social e impedir la aplicación de la Ley Antiterrorista, instrumento antidemocrático y represivo que la CTA viene reclamando que se derogue y que, seguramente, está en la agenda de muchos personeros de las clases dominantes, hoy integrantes del Gobierno Nacional”.
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