Opinión: «La clase política argentina debe ajustarse también en épocas de crisis»

Carlos Cafure, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y abogado laboralista, escribe esta columna donde pide un esfuerzo de la dirigencia para atravesar la situación de pandemia y deterioro económico.

Durante todas las épocas de crisis económicas y sociales que atravesó la República Argentina, el ajuste siempre pasó por el salario (en el caso de los trabajadores) y de los haberes jubilatorios (en el caso de los jubilados). Este ajuste, ha continuado y durante los cuatro años del macrismo se profundizó aún más.

Si hacemos memoria durante esa gestión, se trató como enemigo por vencer al trabajador, se avanzó en la flexibilización laboral de actividades estatales y privadas, se intentó aprobar una nefasta reforma laboral (que en la práctica quería discutir Convenios Colectivos a la baja, es decir, eliminar derechos y conquistas históricas adquiridas logradas por el movimiento obrero nacional).

Sin dudas, hubiera sido inviable desde el punto de vista que de ser aprobada, vulneraría el principio de progresividad en materia laboral, y seguramente hubiera sido judicializada por su clara inconstitucionalidad -los derechos son irrenunciables por ley-).

Pero sí se logró aprobar una reforma jubilatoria, que en la práctica significó un nuevo recorte a los haberes de nuestros padres y de nuestros abuelos (un hecho repugnante por donde se lo vea). Para estas administraciones, la receta pasa por ajustar y empobrecer el bolsillo quienes trabajan y de quienes se han jubilado.

El pueblo argentino, asqueado de este tipo de políticas de derecha, votó y apostó otro modelo de país a nivel nacional, con el anhelo de tener un gobierno (sin descartar también a representantes legislativos), que de una vez por todas se manejen como verdaderos representantes de los intereses del pueblo.

Sin embargo, en esta última semana, en la provincia de Córdoba, luego de la visita del ex presidente Macri y en medio de una interna de ese propio espacio (recordemos que estamos en año electoral), se presentó por parte de legisladores de la Unión Cívica Radical y del PRO en la Legislatura Unicameral, un proyecto que apunta a suspender durante un año el pago de la B.A.E. a las trabajadoras y trabajadores de la EPEC para destinar esos fondos a la ayuda de los equipos de salud por la pandemia.

Se pretende así, que con un proyecto de ley provincial se suspenda un artículo de un Convenio Colectivo que tiene sustento en la ley nacional Nro. 14250. Se desconoce claramente, que solo se pueden hacer modificaciones exclusivamente por expresa decisión y acuerdo de todas las partes signatarias del mismo (y no por la legislatura o por algunas de las partes signatarias de ese Convenio Colectivo de Trabajo).

Además, cualquier modificación que se implemente, debe hacerse para ampliar, mejorar, o crear nuevos derechos y conquistas; pero bajo ningún concepto para restringir, suspender o eliminar derechos y conquistas adquiridas, de conformidad a los derechos establecidos no solo en Tratador Internacionales, en las Constituciones Nacional y Provincial, en leyes nacionales, sino también como anteriormente se indicó, por lo que se establece en el Principio de Progresividad en materia laboral, porque también los derechos son irrenunciables, y porque la Legislatura Unicameral no tiene competencia alguna para pretender tener injerencia alguna, inmiscuirse un Convenio Colectivo de Trabajo.

En el mes de abril del año 2020, el gobernador y sus funcionarios se redujeron el 45 por ciento de sus salarios durante 4 meses (con la posibilidad de ser prorrogados), debido a la emergencia sanitaria y para contribuir a que la única prioridad sea la salud de todos los cordobeses (enviando un mensaje importante desde la política). Por esta decisión política, el gobernador pasó a cobrar lo mismo que un director de carrera administrativa.