Gremios estatales bonaerenses fueron espiados por la AFI macrista: “Es realmente indignante”

El juez Ramos Padilla confirmó que seccionales de ATE, CICOP, la AJB y SUTEBA fueron objetivos de las operaciones de espionaje ilegal realizados durante el gobierno anterior. La dirigencia se presentará como querellantes en la causa para conocer detalles de las actividades. No es la primera vez que la causa involucra actividades contra dirigentes gremiales del conurbano bonaerense, que fueron resistentes a las políticas de Macri y Vidal.

Diego Lanese / Especial de Gestión Sindical

Esta semana, la justicia procesó a los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, acusados de realizar tareas de espionaje ilegal. La causa, que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, viene descubriendo la forma que los servicios de inteligencia realizaban seguimiento a políticos, dirigentes sociales, periodistas y otros sectores de interés. En esta nueva etapa, el magistrado encontró pruebas de las operaciones que se hicieron sobre centenar de organizaciones sindicales, entre ellas los gremios estatales bonaerenses, que tuvieron una actitud de oposición a las políticas del gobierno nacional y del provincial, encabezado por María Eugenia Vidal. Según el último dictamen, los espías realizaron seguimiento e informes a distintas seccionales de ATE, CICOP, SUTEBA, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), entre otros.

La dirigencia no ocultó su indignación, y adelantaron que buscarán ser querellantes de la causa, para conocer más detalles de las tareas ilegales que sufrieron. Hace un tiempo se había conocido que la AFI espió a las organizaciones sociales vinculadas a ATE en el conurbano bonaerense.

El fallo de Ramos Padilla apunta a un nuevo listado de objetivos ilegales de la AFI, que incluye al menos 50 gremios de todo el país. Entre ellos, hubo tareas de espionaje a todos los sindicatos de estatales de la provincia de Buenos Aires, en especial a sus seccionales del conurbano bonaerense. Estas tareas, afirma el fallo de esta semana, estaban a cargo de las delegaciones provinciales dependientes de la Dirección de Reunión provincia de Buenos Aires, buscaron “la identificación de sus referentes, los principales conflictos a nivel local y provincial y las medidas de fuerza gremial que llevaban adelante”. “De la lectura de los documentos surge de manera cristalina la ausencia de ‘alertas’ de eventos que pusieran en peligro la seguridad interior o la defensa nacional.

No se desprende siquiera una hipótesis vinculada a la comisión de algún delito complejo de los que la AFI se encuentra autorizada a investigar. Tal y como se ha dicho antes, una y otra vez se observa la recopilación sistemática de información de carácter político que pudiera resultar de interés para la gestión de turno”, remarcó la resolución del juez, a la que tuvo acceso Gestión Sindical.

La noticia generó el repudio de toda la dirigencia sindical, que viene denunciando este tipo de operaciones respecto de estas tareas. “Es muy indignante”, le dijeron a Gestión Sindical desde la AJB, una de las entidades espiadas. El gremio adelantó que analiza presentarse como querellante, para conocer la información que la inteligencia ilegal recolecto de las actividades del gremio. La abogada de la asociación es Marta Vedio, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, que en estos momentos analiza con la cúpula de la AJB los pasos a seguir. Lo mismo plantean el resto de los gremios, que ya trabajan en la cuestión judicial para conocer el material recolectado, y apuntan sus críticas más allá de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, procesados por Ramos Padilla por estas acciones, sino que hablan de “responsables políticos” del espionaje, en referencia al ex presidente Macri y su Vidal.

Desde el gremio docente SUTEBA recordaron que su titular Roberto Baradel fue objeto de varias operaciones durante el macrismo, en especial cuando se discutía la paritaria salarial. En el fallo de esta semana se habla de espionaje en varias seccionales, entre ellas Bahía Blanca, Esteban Echeverría y Tigre.

El espionaje a gremios en el marco de la causa AFI no es nuevo, ya que hace un tiempo se habían informado de tareas ilegales, aunque en la mayoría de los casos sobre dirigentes, no sobre organizaciones. Uno de los casos que anticipó esta situación sucedió en ATE, donde varios dirigentes fueron espiados. Uno de los casos fue en de Jorge Ravetti, titular de la seccional Esteban Echeverría-Ezeiza del gremio estatal y referente nacional en el SENASA. Además, informaron a Gestión Sindical desde el entorno del dirigente, las tareas de inteligencia incluyeron a la tarea social que lleva adelante el sindicato en esos distritos, a través de llamada Asociación Comunitaria Sur.

“Con total impunidad espiaban lugares donde niños y niñas periódicamente concurren a buscar un plato de comida, en el contexto de la necesidad más absoluta”, denunciaron desde la seccional, que ya son querellantes en la causa. Según consta, el espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Macri.

Por último, desde CICOP se hicieron eco de las denuncias y recordaron que durante el gobierno de Macri denunciaron tareas similares en el hospital Posadas de El palomar, en Morón, en el marco de los despidos masivos que ordenó la dirección de ese nosocomio. Esta semana, en el lugar, se realizó una conferencia de prensa virtual donde los trabajadores damnificados dieron detalles sobre el “espionaje, persecución represión y despidos” que padecieron durante la gestión anterior.

En este sentido, apuntaron a la AFI macrista, que designó en el hospital al ex director Pablo Bertoldi Hepburm en diciembre de 2016. El funcionario se consideró hombre de confianza de la procesada Majdalani. De la conferencia participaron la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, la vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha, la dirigente del Nuevo Más, Manuela Castañeira, e integrantes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerenses (CICOP), entre otras y otros miembros de organizaciones políticas, de Derechos Humanos y sociales.