Los gremios alertan que los fondos adeudados a sus obras sociales ponen en peligro el sistema de atención

La dirigencia afirma que las retenciones que hace el gobierno, los gastos en aumento por la pandemia y otros problemas están llevando a la seguridad social a una situación crítica. Ya se anunció un paro de los conductores de trenes por el tema, y hay mucha preocupación por lo que pueda pasar en el 2021. El rol del PAMI en este esquema, que hace que todos los actores financien las prestaciones.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Luego de una reunión de la conducción de la CGT, el gremio de La Fraternidad, que representa a los conductores de trenes en el país, anunció un paro de actividades para la próxima semana, para reclamarle al gobierno los fondos que le debe a su obra social. Según anunció el líder del sindicato Omar Maturano, las retenciones que se hacen de los aportes de los trabajadores alcanza los 140 millones de pesos, y que compromete la atención futura de los afiliados.

“El dinero que la Obra Social Ferroviaria solicita es por reintegros por el sistema único de reintegros. Es dinero que ya desembolsó para atender la salud de sus afiliados y que le van a reconocer con valores de 2017”, informó el dirigente al anunciar el paro de actividades, el primero que se hace por este motivo.

La situación de la entidad no es aislada, sino todo lo contrario. Desde el inicio de la pandemia, el pago de estos recursos por parte del Estado comenzó a ser un problema, y los salvatajes que hizo la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encargado de manejar estos fondos, no alcanzan para salvar la situación. Hay sospecha de “discrecionalidad” en los envíos, en un esquema que entre otras cuestiones busca sostener el sistema de atención que encabeza el PAMI.

El paro de La Fraternidad será el próximo martes 22 de diciembre, y afectará a todas las líneas de trenes del país. La protesta es la primera de este tipo, y cristaliza el malestar que genera entre la dirigencia sindical los problemas que hay en la llegada de fondos para las obras sociales. Este año, en pandemia, el Estado giró varias veces millones de pesos, pero no alcanzan para frenar la crisis. Uno de los problemas, afirman fuentes del sector, es que la Superintendencia creo un sistema de distribución que no tiene una lógica respecto a las entidades que reciben más recursos.

En uno de los últimos pagos realizados, le recordaron a Gestión Sindical fuentes del sector, la obra social de los gastronómicos fue la más beneficiada, seguida por la del gremio de choferes UTA. “Fue un momento donde Luis Barrionuevo marchó en contra del gobierno, y Roberto Fernández era cuestionado por la oposición, y llegaron los recursos. Así se manejan”, dijo la misma fuente. Las críticas apuntan al titular de la entidad, Eugenio Zanarini, quien reporta directamente al ministro de Salud Ginés González García, quien tiene una relación al menos distante con los gremios, y en especial la CGT.

Los fondos que recibe las obras sociales son parte del Sistema Único de Reintegros (SUR). La seguridad social presta atención a 14 mil de personas, y la llegada de los recursos comenzó a ser escasa en pandemia, al punto que La Fraternidad denunció que hay una retención del 20 por ciento. Esto hace que las entidades se retrasen en el pago de las prestaciones, a clínicas, sanatorios, farmacias y laboratorios, entre otras. Además, la dolarización de los insumos hizo que la situación se vuelva crítica, como denunciaron los conductores de la CGT en varias reuniones.

De hecho, hace uno tiempo, cuando la central obrera criticó al gobierno, fue para presionar por esta realidad. Uno de los problemas es que las entidades deben pagar los insumos y prestaciones a 30 días, y el atraso de los recursos que llegan del Estado pueden alcanzar los 120 días. Otro tema es que el Estado financia algunas de las prestaciones con esos recursos que llegan tarde.

El caso más conocido en la seguridad es el de los medicamentos. Mientras que obras sociales pagan el valor de mercado de los medicamentos a las farmacias –que los dispensan a los afiliados –el PAMI tiene precios diferenciados, que hoy están hasta un 40 por ciento por debajo del precio de venta al público. “Así, el sistema financia los descuentos para esos medicamentos, tanto los prestadores como las obras sociales”, explicó una fuente del sector ante la consulta de Gestión Sindical. En la actualidad, los laboratorios, droguerías y farmacias analizan con el PAMI un nuevo convenio –vence el 31 de diciembre de este año –y buscan cambiar este esquema.

Además de preocuparse por sus obras sociales, los gremios están atentos a lo que sucede con los prestadores, generadores de empleo en el país. En este sentido, el propio Héctor Daer, del sindicato de la Sanidad, se sumó a los pedidos para que se tomen medidas respecto a la atención en 2021.

El líder de la CGT firmó junto a la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) un documento donde se alerta que el sector atraviesa una “crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP”.

En el texto, la entidad y el gremio analizaron en las últimas horas la crítica situación del sector prestador de salud privada que aseguran que “de no tomarse medidas urgentes, no contará con los recursos necesarios para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021”. Daer y la mesa chica de la CGT almorzaron recientemente con el presidente Alberto Fernández, y sellaron la paz luego de algunos desencuentros. Pero estas críticas pueden volver a tensar la relación.

El último giro de recursos para las obras sociales gremiales se realizó a mediados de noviembre, cuando la Resolución 1597/20 entregó recursos teniendo en cuenta las solicitudes ingresadas hasta el 15 de noviembre.

La medida aclaró que “persiste la imposibilidad de este Organismo para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares, sumado ello a la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, deviene necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.
Entre los más beneficiados en ese momento estuvieron la obra social del personal de carga y descarga, la de los obreros de la construcción y la de choferes de camiones.