Desde este jueves, ya tienen el permiso oficial para poder volver a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, según la resolución administrativa 1864/20 de la jefatura de gabinete de la Nación. En diálogo con Gestión Sindical, la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines hace un repaso por la situación de las empleadas del sector.
Por Claudio Garibotto
Finalmente, después de más de 200 días sin estar habilitadas legalmente para ejercer su trabajo, desde este jueves las empleadas del servicio doméstico ya tienen el permiso oficial para poder volver a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, según la resolución administrativa 1864/20 de la jefatura de gabinete de la Nación publicada en el boletín oficial. Lo que se autorizó, en concreto, es el trabajo de todas las categorías de la actividad, siempre que la trabajadora -que puede vivir en capital o provincia- sólo trabaje para un empleador y no utilice el transporte público. Y en el caso de que no puedan llegar al trabajo por sus propios medios, los empleadores deben hacerse cargo de los costos del transporte privado.
Además, el protocolo de seguridad y prevención frente al Covid-19 establece, entre sus principales puntos, el uso de tapabocas por parte de las trabajadoras y empleadores y personas presentes durante la prestación laboral; una distancia personal de 1.5 metros; ventilación de ambientes; y desinfección de superficies de contacto comunes. Estas son las medidas elaboradas por el Gobierno de la Ciudad.
Mientras que desde la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) plantean una serie de pautas que también se deben respetar, y que están pensadas especialmente para el cuidado de las trabajadoras. Una de ellas es que el empleador debe brindar todos los elementos de protección personal, tales como tapabocas, guantes descartables y alcohol en gel. Además, al comienzo de cada jornada laboral deberá desinfectar con alcohol al 70% todas las superficies de apoyo comunes.
También se recomienda que, en caso de ser posible, las tareas deben ser desarrolladas en ambientes descubiertos o semi cubiertos; que la trabajadora no debe compartir ningún elemento de uso personal (tales como vasos, mate, platos y toallas), por lo cual el empleador le debe proveer de los mismos para su uso exclusivo; y que se debe evitar, salvo caso excepcional, la presencia de personas ajenas al hogar durante la jornada laboral de la trabajadora. Por último, las trabajadoras embarazadas, las que se encuentran dentro del grupo de «personas de riesgo» (mayores de 60 años, inmunodeprimidas, diabéticas, cardíacas, con enfermedades respiratorias, tratamiento oncológico, obesidad, etc.) o quienes estuvieran a cargo de niños o niñas menores o en edad escolar (4 a 17 años), continúan eximidas de ir a trabajar y tienen derecho a seguir cobrando su salario habitual completo.
Provincia, todavía sin el permiso
Si bien el regreso oficial de la actividad en CABA es una buena noticia, el que todavía no se pueda regresar en provincia, y que no esté claro cuándo ocurrirá, es algo que preocupa en UTDA. “Hay muchísimas personas que necesitan volver a trabajar cuanto antes, porque directamente ya no tienen ni para comer”, le dijo a Gestión Sindical el secretario general, Daniel Marenco. Y la situación se agrava por el hecho de que hay más de un millón de trabajadoras domésticas, pero sólo 400.000 están registradas en la AFIP.
“Obviamente los que están en la informalidad durante este tiempo ni siquiera pudieron cobrar el IFE. Pero el resto, las que están en blanco, tampoco cobró su sueldo de manera normal porque, además, es una realidad que los empleadores tampoco tienen un peso, ya que ellos también están sin trabajar. Así que la situación es desesperante”, contó Marenco.
El secretario general no se mostró muy optimista con un pronto regreso de la actividad en Provincia. “Sinceramente, no veo un buen panorama, porque la situación de la pandemia en provincia está mucho peor que en CABA. Y calculo que hasta que bajen los contagios no se va a habilitar”, opinó Marenco. Y agregó que “si bien en general el tema está difícil, el segundo cordón del Conurbano está todavía más afectado por el coronavirus. Esperemos que pronto empiezo a mejorar la situación”.
Desde UTDA difundieron días atrás un informe elaborado a partir de datos obtenidos por medio de una encuesta realizada por ellos mismos a principios de septiembre. Y de ese estudio surgieron datos preocupantes, como que el 22,9% de las trabajadoras domésticas percibía al momento del inicio de la cuarentena una remuneración mensual inferior a $10.000, el 25,1% inferior a $ 15.000, el 36,1% inferior a $ 20.000, y el 14,4% inferior a $30.000. Es decir que el 98,5 por ciento de las empleadas del hogar percibe salarios inferiores a la Canasta Básica Total.
También se constató que, a pesar de la expresa prohibición establecida por el DNU 329/2020 (prorrogada hasta el 30/09/2020 mediante los DNU 487/20 y 624/00) y de la extensión hasta el mes de diciembre de 2020 de la duplicación indemnizatoria oportunamente dispuesta mediante DNU 34/2019 (y sus prórroga mediante DNU 528/2020), se ha producido una importante cantidad despidos y suspensiones sin causa justificada o por causas económicas, en especial de las empleadas que trabajan de manera informal, todo ello principalmente como mecanismo patronal tendiente a eludir fraudulentamente el pago de los salarios correspondientes a la licencia con goce de salarios establecida mediante el DNU 297/2020 para las categorías de la actividad que no se encuentran exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
De acuerdo a los datos que surgen de la encuesta, desde la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 18,5 por ciento de las trabajadoras de casas particulares habría sido despedida de modo directo o indirecto, principalmente a través de renuncias concertadas a cambio de una contraprestación económica, muchas veces equivalente -e incluso inferior- a la deuda salarial acumulada durante la cuarentena. Así, habrían perdido su empleo de manera directa o indirecta unas 277.500 trabajadoras.
Por último, una problemática adicional es el tema salarial, ya que en junio venció el acuerdo paritario celebrado el año pasado. Y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se viene negando a convocar a las representaciones sectoriales que integran ese organismo normativo para así poder fijar los nuevos salarios mínimos acordes a las necesidades alimentarias de las trabajadoras de la actividad.
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