Call centers de Fibertel, La Caja y Claro violan la ley y ocultan casos de coronavirus
Al no ser rubros esenciales, deberían estar cerrados. Pero En los últimos días los trabajadores de NEXT fueron intimados a trabajar en forma presencial, incluso modificando sus horarios laborales y sus francos de manera arbitraria. Además, los empleados de esa empresa y ACC Group denuncian despedos con causas inventadas, suspensiones sin goce de sueldo y pago de salarios en cuotas.
Por Claudio Garibotto
Las empresas de call center NEXT Latinoamérica y ACC Group tienen en común, además de dedicarse a la misma actividad y ser presididas por el mismo empresario, que ambas exponen la salud de sus trabajadores, no abonan los sueldos en tiempo y forma, y violan la ley. En cada una de ellas hubo casos de Covid-19 que fueron ocultados, además de que no se tomaron ninguna de las medidas que exige el protocolo. Además, en los últimos días los trabajadores de NEXT fueron intimados a trabajar en forma presencial, incluso modificando sus horarios laborales y sus francos de manera arbitraria. Y todo esto ocurre a pesar de que las actividades del call center no son consideradas esenciales, por lo cual sus establecimientos deberían estar cerrados y el servicio debería prestarse mediante la modalidad de teletrabajo.
“Todo esto ya lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo y también ante el Gobierno de la Ciudad. Pusimos en conocimiento directamente al propio Horacio Rodríguez Larreta y también al ministro de Salud porteño Fernán Quiroz, pero nada cambió”, le dijo Leila Sarkissian, delegada gremial de ACC Group y miembro de la agrupación Somos Comercio, a Gestión Sindical.
Leila contó que el Ministerio estableció una mediación, y que ya se agotaron los plazos. Y que ahora está por dictaminarse una multa económica como castigo a las empresas por todas estas irregularidades. Mientras que del lado del Gobierno de la Ciudad “sólo nos dijeron que iba a ir a controlar, pero el tiempo pasa y no hicieron nada”. Mientras tanto, alrededor de 600 trabajadores -cada empresa tiene unos 300 empleados- viven en la angustia y en la incertidumbre.
El CEO de Next es Miguel Ángel López, quien a la vez es miembro de la CACC junto con su socio mayoritario Rodolfo Fernández Floriani, que es el empresario que preside tanto NEXT como ACC Group. Y ambos se manejan con un total desprecio por sus trabajadores. Muestra de esto es que ya el pasado 13 de abril, y con un DNU en vigencia que expresaba la prohibición de hacerlo, en ACC Group igual despidieron a 13 personas alegando “causas de fuerza mayor”. Y esos trabajadores al día de hoy ni siquiera han cobrado un peso de su indemnización. Sumado a eso se dieron muchos casos de suspensiones sin goce de haberes, que fueron llevadas a la Justicia; los sueldos desde hace un año se están pagando en hasta tres cuotas; y todavía no se abonó el medio aguinaldo. “Pagan como quieren. Nunca se sabe en qué fecha van a hacerlo, ni tampoco cuándo van a terminar de abonar el total del sueldo”, explicó la delegada gremial.
En ACC Group se evidenció la manera extorsiva con la que actúa la empresa cuando a un trabajador no le brindaron la posibilidad de hacer teletrabajo y, ante la amenaza de no percibir su salario, continuó desempeñándose en forma presencial en el edificio de Paseo Colón 669, en CABA. Esta persona, finalmente, dio positivo de coronavirus el 28 de julio. La empresa intento ocultar el caso, nunca activó los protocolos ni aisló al resto de los trabajadores, y continuó trabajando con normalidad, pero con persianas bajas para disimular la actividad.
En NEXT Latinoamérica también hubo el mes pasado un caso positivo que la empresa intento mantener oculto. Y si bien ese trabajador sí entraba en la categoría de “esencial”, porque corresponde al sector de mantenimiento, lo que se dice es que NEXT no implementó las medidas de protección necesarias. Por último, ambas compañías comparten otra modalidad: la de hacer circular a sus empleados con permisos apócrifos.
YPF, Santander Río, Fibertel, Automóvil Club Argentino, Telecentro, La Caja Seguros, Claro, EDEMSA y OSPACP son algunas de las empresas que terciarizan sus servicios en estos call centers, y aunque se encuentran en conocimiento de las condiciones en las que son obligados a trabajar sus empleados externos no levantan la voz. “Lo que queremos es que haya una sanción penal hacia estos empresarios, y no sólo una multa económica. No se puede permitir que pasen estas cosas”, concluyó Leila.
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Esta noticia es una mentira en todas sus partes. Dejen de atacar el trabajo de mas de 500 personas difamando a los clientes.
Van a dejar la empresa y seremos muchos los desocupados