Según un informe, un trabajador debe ganar $70 mil para alcanzar una canasta de alimentos y servicios

Un trabajo de la comisión interna de ATE-INDEC estableció ese límite para cubrir las necesidades de una familia promedio. El trabajo además estableció que la pérdida salarial del sector estatales supera os 450 mil pesos entre noviembre de 2015 y junio del 2020. Con estos datos, los empleados públicos presionan para que se reabra la discusión salarial, paralizada hace dos meses.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La irrupción del coronavirus en el mundo generó un cimbronazo en la economía global, y los países afrontan una situación inédita, con final abierto. Uno de los efectos más visible en la Argentina es que casi todos los sectores vieron suspendidas las negociaciones salariales, salvo algunas excepciones. Es que la destrucción de los puestos de trabajo aparece como la principal preocupación en el mundo laboral, y la discusión salarial quedó en un segundo plano. Así sucede en el Estado nacional por ejemplo, donde luego de un encuentro virtual en junio, la discusión quedó paralizada. Para entender la necesidad de una suba de los ingresos urgente, la comisión interna de ATE en el INDEC elaboró una canasta de alimentos y servicios, que marca un límite respecto de los ingresos de los trabajadores. Según sus números, ninguna familia debería estar por debajo de esta línea, ubicada casi en 70 mil pesos.

El trabajo destacó además la pérdida salarial que los empleados del Estado tuvieron en los último cinco años, que alcanza una cifra astronómica: 454 mil pesos. Este panorama se da en un contexto donde el aislamiento y la caída de la demanda del consumo hizo bajar la inflación, al punto que en el segundo trimestre del año fue la más baja desde fines del 2017, cuando la gestión de Mauricio Macri comenzó a perder el control de la suba de precios y de la economía en general.

El informe de ATE-INDEC fue difundido esta semana, en momento que los estatales presionan para que haya convocatoria a la paritaria del sector, que luego de un primer encuentro quedó paralizada. Habitualmente, los integrantes del organismo realizan este tipo de trabajos, para conocer los ingresos necesario de una familia tipo (dos adultos, dos menores) para cubrir una canasta de alimentos y servicios. Según la última actualización, los ingresos necesarios en junio de 2020 “es de 69.433,7 pesos”.

“Este valor se compone de 22.734 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 46.699,7 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, destacó el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical. Por tanto, afirman desde ATE, “ningún trabajador debería ganar –de bolsillo –menos que el valor calculado en este ejercicio”.

Desde el organismo aclararon que “las ‘canastas de consumos mínimos’ no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a los que se aspira”.

La mayoría de los estatales y de los trabajadores está por debajo de ese ingreso de casi 70 mil pesos”, le dijo a Gestión Sindical el delegado Raúl Llaneza, titular de la comisión interna de ATE-INDEC. Según sus estimaciones, los salarios del sector público están en promedio en torno de los 50 mil pesos, según los datos del ministerio de Trabajo nacional y de la propia junta interna. “Hay sectores que tienen ingresos superiores, que están por arriba de la media, por eso es importante tener este parámetro a la hora de negociar salarios”, agregó Llaneza.

“La situación de los monotributistas es inclusive peor ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos y sumas fijas que el gobierno otorgó para atenuar la pérdida salarial”, remarcaron desde ATE-INDEC.

Además, el trabajo apuntó a la pérdida salarial que vienen arrastrando los estatales desde el año 2015 a la fecha. “La pérdida global acumulada de nuestro salario, tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria, es de 454.252 pesos”, desde noviembre de ese año y junio del 2020.

“Como trabajadores del Estado creemos que frente a esta situación es necesario levantar inmediatamente el cuarto intermedio solicitado por el Estado empleador. Urge, además, un nuevo bono compensador de carácter inmediato, que se sume a los que ya fueron otorgados, de al menos 10 mil pesos para todos los trabajadores estatales, sin importar su modo de contratación”, destacó el trabajo de ATE-INDEC. La paritaria del Estado nacional está vencida, y luego de un encuentro donde no hubo una oferta formal de parte de los funcionarios del gobierno quedó paralizada.

En este contexto, los delegados de ATE piden que el Estado empleador “reconozca la pérdida salarial que venimos sufriendo los trabajadores del sector, y se establezca una pauta salarial acorde a la estimación de la inflación planteada por los especialistas coincidentes con las del Banco Central, que proyectan una inflación acumulada del 40,7 por ciento con cláusula de revisión de carácter obligatoria”. “Hasta el momento no hay información de cuándo volverán a convocarnos para negociar, nosotros creemos que el llamado debe ser urgente”, dijo Llaneza.

En cuanto a la pérdida salarial del personal estatal sin estabilidad laboral, es decir contratados y monotributistas, que tiene una mayor caída de los ingresos, según el trabajo. “Tomando un salario mensual de 28 mil pesos, sólo en los últimos 30 meses, ha perdido la suma de 189.942 pesos, el equivalente a 6,8 sueldos”, destacó el informe. A esto, agregó, “se le debe adicionar el desfasaje en los aumentos porcentuales que percibieron los trabajadores bajo convenio, que a hoy ronda en el 16 por ciento”.

“Sin contar los múltiples incumplimientos normativos para aspirar a ser considerada una relación laboral formal, lo cual hace impostergable la regularización contractual de todos los trabajadores del Estado contratados a través de la modalidad monotributo sin quita salarial. Lo contrario sería legitimar, una vez más, la evidente discriminación de una gran cantidad de trabajadores a través de fraude laboral”, concluyó el relevamiento de ATE-INDEC.

Por último, un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) registró una importante baja en la inflación del segundo trimestre del año, que alcanzó índices similares a fines del 2017. “El último trimestre (+5,4 por ciento) fue el trimestre de menor inflación desde el comprendido entre agosto y noviembre de 2017. Al mismo tiempo, tomando el IPC de Ciudad de Buenos Aires, se observa que la variación de precios para la primera mitad del año fue la menor de los últimos 5 años”, destacó el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de la casa de estudios.

El trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, recordó que “se arrastraba una fuerte inercia inflacionaria en los últimos 5 años, en donde el piso inflacionario se duplicó, pasando de una inflación interanual en torno al 25 por ciento a fines del 2015 a una del casi 54 por ciento en diciembre de 2019”. “En un escenario de profunda crisis, el gobierno nacional tuvo que realizar ingentes erogaciones extraordinarias con el fin de amortiguar la crítica situación, y para ello, el Banco Central asistió al tesoro nacional, especialmente en un contexto de caída en la recaudación.

A diferencia de lo que la ortodoxia proyectaba, la inflación no aumentó, evidenciándose que un aumento en la cantidad de dinero no se traduce necesariamente en un incremento de los precios de similar magnitud”, analizó la UNDAV.