A 20 años de la Marcha Grande, la CTA Autónoma recupera sus consignas y reclama un salario universal

La central obrera lanzó una campaña para lograr un ingreso universal de 17 mil pesos para todos los argentinos de entre 18 y 65 años. Con las mismas consignas de aquellos años, la dirigencia ve un hilo conductor entre la crisis del gobierno de la Alianza y lo que puede suceder después de la pandemia, en materia económica y social. La ayuda social, clave para diferenciar los escenarios.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A fines de julio del año 2000, unos 300 dirigentes de la entonces unificada CTA comenzaron a marchar de distintos puntos del país hacia la Capital Federal. Bajo la consigna “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”, por varios días recorrieron buena parte del territorio nacional, realizando actos que fueron congregando a miles de manifestantes. Para el 9 de agosto, una columna de 15 mil trabajadores ingresó en la Ciudad de Buenos Aires, para protagonizar junto a miles más el cierre de ese recorrido, que pasó a la historia como la Marcha Grande. 20 años después, muchos de esos dirigentes recuperan las consignas de esos días, y lanzan una nueva campaña para lograr algunos de los pedidos de esa época. Se trata en concreto del pedido de un salario universal, que comenzó a motorizar la CTA Autónoma, junto con movimientos sociales y políticos.

En la presentación de esta iniciativa, recordaron que gracias a aquella marcha se pusieron en debate cuestiones como la Asignación Universal Por Hijo (AUH), además de cuestiones como la deuda externa o la pobreza. La dirigencia busca recuperar la mística de aquellos años para este momento de la Argentina, que afirman en muchos aspectos se parece a esos tiempos del gobierno de la Alianza y el fin de la convertibilidad.

La campaña “Salario Universal” busca generar una “renta básica de 17 mil pesos que alcance a toda la población que supere los 18 años hasta los 65 años”. “El salario universal es una política pública de justicia redistributiva, y a la vez una medida eficaz para resolver los problemas de pobreza e indigencia”, destacó la CTA Autónoma en el documento elaborado para presentar el proyecto.

El texto, al que tuvo acceso Gestión Sindical, agregó que esta medida “servirá para estimular la reactivación del mercado interno, a través del consumo y la producción, y reconocerá como trabajo aquellas tareas indispensables para la vida, que aún no son mundialmente reconocidas: tal es el ejemplo de las tareas de cuidados, el trabajo comunitario, entre otros”.

La central obrera afirmó que esta medida complementa la AUH, que fue uno de los pedidos de aquella Marcha Grande que se protagonizó en 2l 2000. En la actualidad, hay unos 4 millones de niños que no acceden a este beneficio por distintas circunstancias, por lo cual el salario universal podría completar la ayuda para esas familias.

Esta campaña se anunció en el marco de los actos homenaje a la Marcha Grande, que cumple dos décadas en los próximos días. En una presentación virtual, la conducción de la CTA Autónoma analizó las similitudes de aquella crisis con la actual, que aparecen como las más profundas desde la vuelta a la democracia. “Decían que íbamos a ser ‘la CGT de la Alianza’, pero a los pocos días de asumir el gobierno hicimos un paro nacional por el asesinato de Francisco Escobar y Mauro Ojeda, porque nuestro límite es la muerte”, recordó Víctor de Gennaro sobre el inicio del gobierno de Fernando de La Rúa, que aceleraría la crisis y terminaría con el estallido social de diciembre de 2001.

En ese acto virtual, del cual participó Gestión Sindical, De Gennaro remarcó las consignas que hoy vuelven a ser parte del plan de lucha de la CTA: “distribuir la riqueza para salir de la crisis”, y “Pan, trabajo, ajuste al trabajo”. Por su parte, el secretario general de la central obrera Ricardo Peidro destacó que “las consignas de esa Marcha Grande nos fueron marcando a lo largo de nuestra historia, y hoy pueden variar algunas formas pero en el fondo de la reivindicación es la misma: no puede haber pibes con hambre en la Argentina, no pueden los adultos mayores pasando situaciones como las que crearon el neoliberalismo”.

Una de las similitudes que marcó Peidro en el acto virtual fue la instalación de temas que antes se suponía no se podían discutir. “La militancia con que venimos atravesando estos años fortalecieron esas ideas, en un momento nos decían ‘de donde va a salir la plata’, porque nos e podía discutir la Deuda Externa, para que no haya pobres hay que tocar a los ricos, como se discute ahora con el impuesto a las grandes fortunas”, sostuvo el dirigente. La central busca instalar una agenda económica, política y sindical sin romper con el gobierno, a través de un espacio con organizaciones sociales.

Uno de sus interlocutores es el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, presente en la conferencia. “Es evidente que en estos días está aumentando la pobreza, pasamos de asistir a 8 millones de personas con alimentos a 11 millones”, aseguró el funcionario, que destacó el legado de la central obrera y los protagonistas de esa marcha. “La AUH es la primera política pública que ale de abajo para arriba, no habría existido sin las marchas y planteos de los dirigentes sociales y gremiales que le pusieron el cuerpo, que vieron de entrada la catástrofe del neoliberalismo”, dijo Arroyo.

El reclamo de la CTA Autónoma se da en momentos que la ayuda social crece, en medio de la pandemia y el aislamiento social, que profundizaron la crisis económica en el país. Esta ayuda es una de las razones que la dirigencia sindical cree que la situación del país en la actualidad está contenida, lejos de la tensión de hace dos décadas. Al punto esta realidad, que un trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) destacó que por las políticas sociales “se evitó que cerca de 4.500.000 de personas cagan en la pobreza.

Entre los distintos programas, se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), sumados a varias líneas de créditos blandos para empresas y trabajadores, exenciones y prolongaciones impositivas de todo tipo, y congelamiento y control de tarifas y precios de consumo.

El trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, según estimaciones del Ministerio de Economía “entre los distintos programas sociales de transferencias directas a las familias de menores ingresos, se está logrando evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia -de manera transitoria- producto de la pandemia. Además, con la incorporación del IFE, se pasó de cubrir al 61 por ciento del decil más pobre (el 10 por ciento, de menores ingresos) del país a una cobertura del 89 del porcentual”.