Demandan penalmente a Coto por los 318 trabajadores contagiados con coronavirus

La denuncia fue realizada por fiscal federal Franco Picardi después de una investigación preliminar, en la que encontró «motivos suficientes» para formular las imputaciones por presuntas «conductas delictivas» a los responsables de distintos locales de la cadena COTO.

Finalmente, las múltiples denuncias de trabajadores de Coto en relación a los contagios en distintas sucursales de la cadena y al incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de la empresa, empieza a tener una consecuencia legal.

El 27 de mayo se inició una demanda penal a partir de las constancias remitidas al fiscal federal Franco Picardi, en base a la presentación realizada por la subsecretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La base fueron las denuncias recibidas a través de la línea 147. Ahora la investigación queda en manos del juez federal Ariel Lijo.

De las actuaciones se desprende la existencia de un conjunto de denuncias vinculadas con diferentes locales de la firma COTO C.I.C.S.A., todas situadas en la ciudad de Buenos Aires, mediante las cuales se refirió que empleados habrían contraído el virus COVID-19, «sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso».

Las denuncias, que fueron detalladamente informadas por Gestión Sindical, advierten que «las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio».

Algunas de esas denuncias fueron anónimas, pero en otras la gente se identificó y describió las irregularidades que se cometían en los locales.

Según especificó el portal Justicia de Primera, en una de ellas recibida el 6 de junio, una mujer refirió ser cajera del supermercado Coto, ubicado en la calle Malabia y dijo: «Ayer a las 19 horas una compañera del trabajo presentó síntomas de Coronavirus y desde la supervisión la enviaron en transporte público hasta el hospital a que se haga el hisopado».

Continuó relatando que «no llamaron al 107, la enviaron directamente, y no desinfectaron donde ella estaba trabajando, sino que los delegados dicen que lo van a realizar recién hoy por la noche. Están todos atemorizados por la situación».

En otro caso, una mujer que dio su nombre mencionó que en una sucursal en la avenida Avellaneda, el repositor de salón «habría trabajado a pesar de haber presentado síntomas; del mismo modo ocurrió con otras dos empleadas que en la actualidad se encuentran aisladas».

Además, agregó que, «a pesar de las denuncias recibidas anteriormente, el lugar no fue cerrado de manera preventiva como hubiera correspondido. En similar sentido, se recibieron las denuncias anónimas registradas como casos 3, 6, 8, 13 y 14.», enumeró la denuncia de la fiscalía.

Respecto de la misma sucursal, el 26 de mayo otra mujer denunció que, a pesar de los dos casos confirmados de COVID-19, «el lugar no fue desinfectado y que los empleados se encuentran amenazados».

A estos casos, se suman las denuncias anónimas referidas a otras dos sucursales de la misma firma. «Las personas que trabajan están con miedo. En Casa Central hubo un caso de coronavirus. Están obligados a ir a trabajar y de reportar pierden el trabajo», señaló otro testimonio.

La justicia investigará si en determinadas sucursales «obligarían a concurrir al lugar de trabajo a personal que dio positivo respecto al virus COVID-19 (en una de las sucursales) y a personas que habrían tenido contacto estrecho con un caso positivo (en tres sucursales)».

También si obligaban a ir a casos sospechosos y a los contactos estrechos de esos casos, en otras sucursales.
«En orden a la naturaleza de los hechos analizados y el contexto en el que se denuncian, y considerando el resultado de las diligencias practicadas y el estado en el que se encuentra la investigación, entiendo que se encuentran reunidos motivos suficientes para formular la correspondiente denuncia penal a fin de que se investiguen las posibles conductas delictivas atribuidas a los responsables de los locales de la firma Coto C.I.C.S.A» de una docena de sucursales, concluyó el fiscal.