Dánica cerró su planta para no reincorporar a los cesanteados en medio de la prohibición de despidos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto abrir la instancia obligatoria de conciliación y retrotraer el estado de situación.

Luego del conflicto por incumplir los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19 y despedir cinco trabajadores de su planta de Lavallol, el Grupo Beltrán dispuso hoy un Lock Out patronal. La firma cerró «hasta nuevo aviso» la fábrica de Dánica para no cumplir la conciliación obligatoria y no reincoporar a los cesanteados.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto abrir la instancia obligatoria de conciliación y retrotraer el estado de situación en la planta de Avex Dánica Llavallol al día anterior al inicio del conflicto colectivo, reincorporando a los despedidos a sus tareas normales y habituales.

En este sentido, la cartera laboral intimó a la empresa a abstenerse de adoptar cualquier medida que pudiere implicar una modificación directa o indirecta de las condiciones laborales y salariales en el establecimiento.

Sin embargo el Grupo Beltrán, actual propietario de la planta, decidió ilegalmente mantener las puertas cerradas de la planta «hasta nuevo aviso». El agravante es que se trata de una actividad que había sido declarada esencial por lo que seguía prouduciendo en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Mientras somos millones de argentinas y argentinos los que estamos realizando enormes esfuerzos solidarios para combatir una pandemia global y defender la salud y la vida, el Grupo Beltrán pone en riesgo a los trabajadores al incumplir los protocolos de la Emergencia Sanitaria, ignora la vigencia del Decreto 329/2020 que prohíbe despidos y suspensiones por 60 días e incumple con un Lockout la Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, burlándose del sacrificio de todo el pueblo argentino», señaló un comunicado difundido por el Sindicato de Aceiteros.

«Las autoridades competentes deben arbitrar por los medios necesarios el cese del accionar ilegal de la patronal, garantizar la reincorporación de los trabajadores despedidos, la plena vigencia de los derechos laborales y el resguardo de la integridad psicofísica y la vida de las trabajadoras y trabajadores», concluyeron desde el gremio.