Sindicalización policial: un debate clave para avanzar en la mejora de la seguridad democrática

La condición de trabajadores de los agentes y efectivos sigue en discusión, en el marco de los intentos por poner bajo control civil a las fuerzas de seguridad. Los que están a favor, y los que están en contra. Cómo un gremio puede ayudar a mejorar la lucha contra el delito, y evitar abusos. Los ejemplos vigentes. Las centrales obreras, con opiniones divididas.

A fines del 2013, lo que comenzó con una protesta policial en Córdoba se extendió a gran parte del país, y en pocos días el caos se apoderó de las calles. El acuartelamiento de las fuerzas de seguridad alimentó una rara situación que mezcló reclamos legítimos –o cuanto menos atendibles –delito organizado y oportunismo político, y terminó con una suba salariar inédita, por encima de cualquier paritaria de ese momento. Como sucedió con una protesta similar de gendarmes a mediados de 2012, la rebelión de las policías volvió a instalar un tema polémico, como es la sindicalización de las fuerzas de seguridad.

Propiciada por varios proyectos de ley y defendida por algunas centrales obreras, la discusión sobre si las policías y otras fuerzas de seguridad deben tener un gremio sigue sin saldarse. Tampoco si los efectivos son trabajadores comunes, o sus tareas y condiciones –como estar armados –les dan un marco distinto a la hora de organizarse.

Por el momento, en el país el rechazo al sindicato policial se impone, lo cual no impide que se vayan formando organizaciones, mutuales y “pseudo sindicatos”, que reclaman reconocimiento y se mantienen activos pese a las trabas que se presentan. Las estimaciones ubican en 25 las instituciones de este tipo en todo el país.
El camino hacia el sindicato policial comienza a allanarse, por lo menos desde lo legal. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia insta al gobierno bonaerense a buscar una solución al reclamo del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) para obtener su personería gremial, la que dispone la Ley de Asociaciones Sindicales para alcanzar el estatus de gremio. Esto abre otra instancia a favor de la sindicalización policial. Gestión Sindical consultó a especialistas, dirigentes gremiales e integrantes de algunas de las principales experiencias en la materia del país, para intentar destrabar un debate abierto, con muchas aristas a tener en cuenta.

Debate abierto
A lo largo de la historia argentina, las policías fueron variando su lugar en el monopolio de la seguridad pública. Pensadas con la misma estructura que el ejército, en cada golpe de Estado eran incorporadas a la cadena de mando, como parte del aparato represivo. Desde 1983, este esquema fue interrumpido, y comenzó la puja para poner a la fuerza policial bajo mandato civil. En ese camino, la posibilidad de sindicalizar a los efectivos es una discusión pendiente, que gana adeptos con el tiempo.

“La sindicalización policial es parte de un proceso, de una reforma que quedó pendiente, que la sociedad debería pensar no como un punto de partida sino como un punto de llegada, la frutilla de la torta diría”, le explicó a Gestión Sindical Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo y autor del libro Seguridad y Control. Para el especialista, el punto de partida debe ser “el reconocimiento del estatus de trabajador y ciudadano de cualquier policía, ya que una de los problemas es la formación militar de la policía, que tiende a separarlo de la sociedad civil, lo que deteriora su estatus ciudadano”.

Rodríguez Alzueta recordó que al policía se lo entrena “con la lógica del amigo/enemigo, como parte de un paradigma de la seguridad pública que orbita en torno a la idea del orden, donde se trata de custodiar al funcionariado de turno”. “Si queremos llegar a un paradigma de seguridad democrática, de lo que se trata es de cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, para lo cual hay que poner en crisis esta formación social”, agregó.

En este contexto, remarcó Rodríguez Alzueta, se crean las condiciones para que la policía se ensañe con determinados actores sociales o reprimir la protesta social. “Para reprimir necesita esa distancia social, por eso lo que debemos hacer es allanar esas distancia, a deteriorarla, dejar a pensar al policía como un marciano, que se encuentra en la vereda de enfrente, y eso implica reconocerle y recordarle que se trata de un ciudadano y un trabajador”, sostuvo.

Una vez derribada estas barreras, se puede pensar en la construcción de una herramienta que representes a las fuerzas de seguridad, cuyas características siguen abiertas al debate. “La sindicalización en la Argentina no es el paradigma de la democracia, hay que advertirlo, los gremios tienen serios problemas de democracia interna, y se organizan a partir de lógicas clientelares. Es decir, la sindicalización no va a resolver todos los problemas, e incluso crear nuevos”, dijo Rodríguez Alzueta.

Muchos de los que se oponen a los sindicatos policiales hablan de la creación de una “cadena de mando alternativa”, que pondría en juego la conducción de las fuerzas. Para Rodríguez Alzueta esto es un error, ya que se sigue pensando a la policía “a imagen y semejanza de los ejércitos”. “Cuando se creó un 0-800 para denunciar abusos policiales, ese número era utilizado por los propios policías para denunciar a sus superiores, porque no tenían un actor que canalizara el maltrato del que eran víctima. Ahí hay un problema”, subrayó el especialista.

En definitiva, para Rodríguez Alzueta lo sustancial “no es tanto la sindicalización sino el reconocimiento del estatus de ciudadano y de trabajador del policía, y así allanar las instancias sociales que permiten que luego el efectivo pueda ensañarse con determinador actores y reprimirlos, por ejemplo. Eso es lo más urgente”.

Entre los que mantienen un enérgico rechazo a la idea de sindicalización policial se encuentra la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que insisten con su postura que “policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios no son trabajadores”. En la crisis del 2013, denunciaron “intereses ocultos” en los reclamos, que terminaron con incidentes y saqueos.

Ahora, cuando un fallo judicial obliga al Estado a negociar una salida a los pedidos de organización, CORREPI vuelve a rechazarlo. “Los sindicatos policiales existen hace tiempo en la Argentina, y en la práctica operan como defensa corporativa de la propia fuerza represora. El principal uso que hacen las fuerzas es cubrir lo que llaman ‘accidentes de trabajo’, es decir, casos de gatillo fácil, torturas en comisarías y demás prácticas donde la represión estatal alcanza un grado de violencia intolerable”, remarcó la entidad en su boletín informativo 763, del 30 de junio de este año.

Pasos concretos
Más allá del debate sobre si son o no trabajadores, los policías decidieron avanzar en la construcción de sus herramientas sindicales, y desde hace un tiempo ya existen, en una zona gris de la ley, mutuales, asociaciones y entidades que agrupan a agentes –retirados o en actividad –de diversas fuerzas. Alentados por lo que sucede en otras partes del mundo, los gremios policiales no tiene hoy reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero por la vía judicial fueron alcanzando resoluciones favorables, y presionan para ser reconocidos. En la última, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Trabajo que abra un canal de diálogo con el Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA), para alcanzar “soluciones no adversariales” entre la partes. Esto parece ser el punto de inicio de una tendencia con puntos de contacto con el reconocimiento de nuevos gremios, cuya viabilidad viene avalando la justicia.

Tal vez alentados por esto, también en la provincia de Buenos Aires ya funciona otra agrupación similar al SIPOBA. Se trata de la Unión Policial Bonaerense (UPB), que acaba de formar una comisión directiva provisoria, y que tiene asiento en el sur del conurbano. “El gremio nace a raíz de muchas necesidades que tenemos como trabajadores, para poder interactuar con la superioridad y el Estado que nos emplea. Al no estar agremiados y no tener una cara visible, nos podemos avanzar en nuestras reivindicaciones”, explicó Mariela Sarabia, oficial principal en el Comando Avellaneda y secretaria general de la UPB. En diálogo con Gestión Sindical, Sarabia aseguró que “como trabajadores de la seguridad tenemos muchas necesidad, lo primero que cualquier sindicato debe plantear es el tema salarial, pero también tenemos inquietudes por los medios logísticos, que son prioritarias para poder desempeñar nuestra tarea”. Además, la dirigente admite que mucho de los reclamos, por estar involucrados con la seguridad, no pueden hacerse públicos, lo mismo algunas falencias que se dan dentro de la institución.

En un primero momento, la UPB realizó un estatuto y formó una comisión directiva, y ahora presentó ante el Ministerio de Trabajo los trámites para alcanza la personería gremial, el cual se encuentra en trámite desde junio de este año. “No es propósito nuestro criticar la institución policial, sino todo lo contraria, queremos mejorarla, agregó.

Hay dos críticas que se le suelen hacer a la posible sindicalización policial. Una, que el gremio se podría convertir en una especia de “cadena de mando alternativa”, y otra, que al ser la seguridad la tarea específica del policía, no se puede permitir un paro como un trabajador normal, porque si no se cae en el riesgo de perder el control del orden público.

Sobre el primer tema, Sarabia aseguró que “no es nuestro objetivo, nosotros queremos aportar a mejorar las condiciones de trabajo, nada más”. Sobre los posibles paros, los estatutos de la UPB prevén una “autolimitación” del derecho a huelga, para evitar cualquier “despropósito”.

A diferencia de otras organizaciones similares, la comisión directiva de la UPB está formada por policías en actividad, más algunos jubilados. “Para mejorar las condiciones de trabajo, las tareas las tenemos que hacer quienes estamos trabajando en la institución”, remarcó Sarabia. En este sentido, por la reglamentación bonaerense que prohíbe la sindicalización, se fueron creando muchas mutuales, que según Sarabia “son ajenas a los intereses del trabajador policial”.

En su camino por el reconocimiento, esta entidad cuenta con el aval de la regional Lanús-Avellaneda de la CGT Azopardo, que asesora en cuestiones relacionadas a las leyes laborales, y los incluyó en los gremios que forman parte de este armado sindical.

Además de lo que sucede en Buenos Aires, existen varios sindicatos similares en el interior del país. Entre los más desarrollados, están el Sindicato Policial Chaco, el Sindicato de Empleados Penitenciarios Policiales y Afines de Córdoba y la Asociación Profesional Policial, de Santa Fe. Incluso, ya existe una red nacional que agrupa sus esfuerzos: la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), cuyo secretario general es Alberto Martínez.