El Ministerio de Trabajo no termina de completar su equipo de gestión y se dificultan algunas medidas

Más allá de la asunción de Claudio Moroni, por debajo hay dudas e idas y vueltas en los funcionarios que lo acompañarán. La secretaría de trabajo tiene titular, pero le falta equipo. Esto dificulta por ejemplo el llamado a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), para tratar el bono solidario a empleados rurales. La secretaria de Empleo, en tanto, cambió ya dos veces de titular, y sigue vacante.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Por estas horas, en los médicos públicos existe una fuerte polémica por la intención de algunos directivos y jerárquicos nombrados por el gobierno de Cambiemos de quedarse en su puesto o cobrar cuantiosas indemnizaciones, mostrando que una vez que se nombra un gabinete hay un segundo trabajo, más arduo y silencioso, que es armar una estructura de gestión. En un Estado con ramificaciones permanente, lograr un equipo completo de funcionarios afines, que completen los intereses de todos los sectores, parece una quimera. En el Ministerio de Trabajo saben de esto.

A cerca de dos meses de asumir Claudio Moroni, las oficinas de la calle Callao siguen siendo territorio de disputa. Los intentos de los gremios para ubicar personal en la estructura fallaron sistemáticamente, pero todavía quedan lugares vacantes que cubrir, en medio de tironeos entre los integrantes del Frente de Todos por ubicar nombres en subsecretarias y direcciones. Esas dificultades están trabando algunas medidas, y el funcionamiento pleno de la dependencia, que comenzó el año dinamizando algunos trámites parados, lo que fue tomado como un buen gesto. Por el momento, más allá del lobby, prima en la cartera laboral lo que llamas “el criterio de confianza”, es decir, el nombramiento por cercanía más que por experiencia o conocimiento del área, algo que genera desconfianza.

La disputa previa para ocupar cargos cerca de Moroni no se detuvo una vez asumido, todo lo contrario. Durante enero en el ministerio se barajan nombres para cubrir un organigrama que tiene varios baches. Un lugar que se disputaban los gremios era la secretaría de Trabajo, cuyo titular es considero el viceministro. Hugo Moyano intentó poner a alguien cercano a él, pero finalmente el ministro nombró a Marcelo Bellotti, un hombre de su confianza, militante del peronismo de La Plata, quien fue confirmado hace unos días como el dos de Trabajo.

Pero detrás de él, no hay demasiado para mirar. “No está ni subsecretario ni el resto del equipo, recién se están acomodando las oficinas”, le confirmó a Gestión Sindical alguien que frecuenta las oficinas de Callao. Lo mismo pasa en otras dependencias, que esperan que se completen los nombramientos para comenzar a funcionar.

Esta situación hace que algunas medidas y acciones estén paralizadas. Esta semana, por ejemplo, circuló que el gobierno piensa entregar a los empleados rurales el “bono solidario” que firmó para privados. Los trabajadores del campo fueron excluidos del decreto junto con el personal doméstico, que tienen sendas comisiones especiales que fijan sus salarios. La idea es que estos cuerpos se reúnan y acuerden el pago de los 4 mil pesos en enero y febrero. Pero el titular de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) es el secretario de Trabajo, que por la falta de nombramientos no puede hacer el llamado formal al organismo. “Nos dicen que hasta que no estén completos los cargos no van a poder reunir a las partes, ya estamos a fines de enero y la cosa parece para largo”, remarcó un dirigente gremial del sector. El mismo le confió a Gestión Sindical que en la propia secretaría “estaban sorprendidos por la noticia que se iba a dar el bono al campo, si no hay posibilidades de reunir la comisión”.

Según la información que circuló en los últimos días, el Ministerio de Trabajo convocará la próxima semana a gremios y empleadores de los dos sectores para fijar las subas fijas para cada sector, al igual que lo hizo con los privados y estatales nacionales. Ambos sectores registran mayor cantidad de trabajadores en la informalidad, cuestión que el gobierno también pretende abordar.

Otro caso que marca las dificultades que existen para terminar de armar el equipo de trabajo por parte de Moroni es el nombramiento del titular de la secretaría de Empleo. Esa dependencia quedó bajo la órbita del Frente Renovador, pero hasta el momento tuvo dos nombres y ninguna confirmación. En diciembre, el elegido para ese cargo era Raúl Pérez, asesor parlamentario de Sergio Massa y hombre de su extrema confianza. Pero el dirigente fue derivado a Transporte, por lo cual se designó a la ex diputada nacional Mónica Litza. Su llegada sorprendió, pero algunos recuerdan que tuvo buena relación con la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) cuando trabajó como titular del Registro Nacional de Reincidencias.

Allí modernizó los trámites que se piden en el sector transporte, lo que generó vínculos con el mundo sindical. La dirigente, que fue concejal de la localidad de Avellaneda por el massismo y una de sus armadoras en la Tercera Sección Electoral, estuvo una semana en su cargo. Se le designó oficina, custodia y chofer. Pero luego recibió el llamado para ocupar la vicepresidencia del Correo Argentino, y dejó su cargo. Por el momento no hay designado funcionario para esa área, que deberá definirla el ex intendente de Tigre, que no dejó ventilar si tiene en mente nuevos candidatos.

En el resto de los espacios la mayoría de los nombres importantes son de personas muy cercanas a Moroni, que van ocupando el tablero de funcionarios y asesores. Confirmados están hasta el momento Leonardo Di Pietro, hasta ahora el Jefe de Gabinete, y Miguel de Virgiliis y Alberto Tomassone, quienes serán asesores del ministro. Además, Mónica Rissotto estará al frente de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

Del resto de los puestos hay muchas incógnitas, incluso con algunos funcionarios de tercer orden nombrados por el ex ministro Jorge Triaca que no estarían dispuestos a dejar su lugar. Muchos de ellos intentarían acogerse al régimen acordado por el gobierno de Mauricio Macri y el gremio UPCN, que le daba estabilidad a los estatales jerárquicos, que fue rechazado por ATE y suspendido por la actual gestión a pedido del gremio. El mismo, denominado Registro de Alta Dirección Pública, quedó en suspenso por 180 días, a la espera de una nueva forma de resolver la disputa.