El Gobierno ya acordó su primer esquema de paritarias de «emergencia» con sumas fijas y sin cláusula gatillo

Los gremios más cercanos al Gobierno se arrimaron al pedido oficial, pero entre los más combativos hay resistencia a abandonar la cláusula gatillo.

El Gobierno aprovechó el verano para avanzar sin pausa en su nueva fórmula salarial para desacelerar la inflación. Se trata de un esquema de paritarias de emergencia que comenzó con el otorgamiento de una suma por decreto a los trabajadores del sector privado, continuó con su extensión a los empleados estatales y ahora proseguirá con la eliminación de las cláusulas gatillo y su reemplazo por montos fijos. El caso testigo será el de los docentes.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, conversó sobre algunas de estas cuestiones con el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el líder de los maestros bonaerenses Roberto Baradel y el de los educadores porteños, Eduardo López.

Allí se habló de convocar para fines de enero a la paritaria nacional del sector educativo, una instancia que Macri había suspendido. La idea del Gobierno es que haya una pauta salarial «moderada» mediante la aplicación de sumas fijas.

Los gremios ya enviaron una primera señal en la provincia de Buenos Aires, en donde Baradel aceptó eliminar la cláusula gatillo, el mecanismo de ajuste automático que pactaron los gremios con María Eugenia Vidal en su momento y que este año cerrará con un aumento salarial del orden del 55%. El último tramo de un 11% por el trimestre octubre-diciembre lo cobrarán en febrero, una vez confirmado el dato de inflación de diciembre.

La intención del sindicalista es reemplazar ese formato de negociación por otro que le permita obtener un aumento superior a los precios. «La cláusula gatillo nos sirvió en un momento para evitar que nos dieran salarios por debajo de la inflación, ahora la discusión es encontrar un mecanismo que le gane a la inflación», confirmó el titular de Suteba.

El dirigente sindical evalúa por estas horas la posibilidad de implementar aumentos «por etapas», con la incorporación de porcentajes y cláusulas de revisión, el sistema que utilizó el año pasado la mayoría de los sindicatos aunque solo algunos pocos (bancarios y aceiteros) pudieron empatar la carrera contra los precios, sin perder poder adquisitivo. Kicillof recibirá a Baradel la semana próxima.
El entierro de la cláusula gatillo es un reclamo de los gobernadores. El mecanismo ideado durante el macrismo ante la expectativa (fallida) de una baja de la inflación se convirtió en una presión extra para las finanzas en rojo de Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. En ese marco, la Provincia confirmó este martes la imposibilidad de pagar deuda por u$s250 millones el próximo 26 de enero y propuso patearla hasta el 1 de mayo. En Chubut, en tanto, Mariano Arcioni anunció que congelaría sueldos por 180 días y no habrá cláusula gatillo en 2020.

Así las cosas, todo indica que las paritarias podrían jugar un rol clave en la estrategia fiscal del Gobierno, en un momento que necesita mostrar fortaleza en el manejo de la economía y voluntad de pago ante los acreedores externos. De hecho, esta semana comenzarán las negociaciones con el FMI en Washington, en donde se busca estirar el plazo de repago de la deuda de u$s44.000 millones contraída por Maurico Macri en un año.

En vísperas de las tratativas, Alberto Fernández pidió el lunes «desindexar» la economía en una entrevista con C5N. «Así como hay que revisar el sistema de precios y de alquileres, tenemos que lograr acuerdos en paritarias libres, sin las cláusulas», sostuvo el lunes por la noche. El mandatario ya había reclamado a los gremios que sean moderados en sus demandas, previo a la puesta en marcha del aumento salarial por decreto.

Si bien el Gobierno cuenta con un amplio apoyo sindical, el nuevo esquema de negociación colectiva deberá sortear todavía desafíos importantes. Por caso, Baradel se distanció del pedido oficial al señalar que «los salarios no generan inflación». El sindicalista a su vez enfrenta la presión de los sectores combativos de su gremio encabezados por la diputada de izquierda Romina del Pla, que en las últimas rechazaron la eliminación de la cláusula gatillo. La Unión de Docentes Argentinos (UDA), enrolada en la CGT, también se opone.

En el sector privado, en tanto, la dirigencia más dialoguista de la CGT empezó a recalibrar su discurso previo a las paritarias y a mostrarse más colaborativa bajo la premisa de que es necesario bajar la inflación. Eso sí, también fijan condiciones, advierten que «las paritarias son libres» y sostienen que «cada sector es diferente», limitando así el alcance de una eventual extensión de las sumas fijas por decreto y la postergación del inicio de la ronda salarial.

En el caso de los gremios duros, las autoridades podrían encontrar mayores dificultades. Los bancarios y los aceiteros, por caso, no tienen previsto abandonar la cláusula de revisión que les permitió empatar la inflación del año pasado, mientras que los camioneros pedirán hoy un 33% de aumento semestral en la reunión que mantendrán en el Ministerio de Trabajo, tal como anticipó la semana pasada este medio.