Abogados del Estado apelan a la vía judicial contra el registro de jerárquicos del gobierno nacional

Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) aseguran que el registro de Alta Dirección Pública fue homologado la semana pasada, y esperan que la justicia haga lugar al amparo presentado. Si esto no sucede, el próximo gobierno podría derogarlo, pero según el momento que lo hada debería pagar indemnizaciones. Críticas al acuerdo con UPCN, que permitió dar este paso que da estabilidad a empleados puestos por Cambiemos.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Pese al rechazo de la mayoría de los gremios estatales, la semana pasada el gobierno confirmó el polémico registro de Alta Dirección Pública, una iniciativa que permite darle estabilidad laboral a unos 2.500 empleados jerárquicos del Estado nacional. Gracias al acuerdo con UPCN, se dio curso a esta propuesta, que quienes la rechazan afirman que busca instalar funcionarios cercanos al macrismo en la administración pública durante el gobierno del Frente de Todos.

A partir de esto, el sindicato que nuclea a los abogados del Estados presentaron un amparo, para desactivar el registro, que les da derecho a estos empleados con salarios de hasta 250 mil pesos de ser indemnizados si son despedidos en el corto plazo. La presentación judicial está en estudio en la cámara de apelaciones, y sería la única forma de frenar el nuevo escalafón. Si la gestión que inicia el 10 de diciembre quiere desactivar su puesta en marcha, debe hacerlo antes de los seis meses de vigencia. El registro es un nuevo premio para UPCN, que está cerca de abrochar además un funcionario clave para la gestión de .

El registro de Alta Dirección Pública fue homologado la semana pasada mediante un decreto, pese al rechazo que generó en distintos gremios, como ATE. El mismo es una propuesta de la actual gestión con acuerdo de UPCN, para beneficiar a empleados jerárquicos, que tendrán estabilidad laboral y deberán ser indemnizados si la gestión entrante los despide.

Cuando a mediados de año se conoció la propuesta, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) hizo una presentación judicial, que fue rechazada en primera instancia, pero ahora es analizada por la Cámara de Apelaciones. “El amparo sigue su curso, la medida cautelar fue rechazada y ahora está en cámara para su revisión”, sostuvo el titular de la AGAE, Rubén Ramos.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente remarcó que “en estos días la cámara le pidió al tribunal algunos antecedentes así que entendemos que se está tratando, y ahora resta esperar la resolución”. El amparo presentado por la AGAE reclama la “nulidad y la inconstitucionalidad” del registro, que permite pasar a planta permanente a unos 2.500 estatales jerárquicos –en su mayoría directores o jefes de áreas –que según los gremios pueden cobrar salarios de hasta 250 mil pesos.

“Lo que hicieron con el decreto de la semana pasada fue homologar el acuerdo, el decreto está firmado y vigente. Lo que nosotros queremos hacer con la cautelar es frenar los efectos, hasta tanto se defina judicialmente, por el rechazo o la aceptación del amparo”, explicó Ramos.

El registro acordado con UPCN generó un nuevo escalafón, y según Ramos muchos jerárquicos ya concursaron para quedar dentro de él, y así confirmar su puesto antes que asuma el próximo gobierno.

“Lo que hicieron es armar un escalafón distinto, obviamente que el próximo gobierno a través de un decreto lo puede dar de baja, pero hay que ver los efectos que genera. Si se cumplen los seis meses de haber concursado, si el Estado lo da de baja el registro debe indemnizar a los empleados que se incorporaron”, destacó el titular de la AGAE.

Si bien la homologación del registro se hizo la semana pasada, el acuerdo para su puesta en marcha data de agosto de este año. Hasta ahora, el acceso a cargos directivos de responsabilidad superior (denominados “con función ejecutiva”) estaba regido por una normativa que impone requisitos profesionales en línea con dicha responsabilidad y una remuneración acorde, adoptando el “concurso” como principio para la selección del funcionario que habrá de ocupar el cargo. Pero siempre fue vulnerada, ya que los puestos de hacían por acuerdo, algo que este registro formaliza.

En línea con los abogados del Estado, ATE también viene rechazando el registro, y hace un tiempo lo había dado por caído por la falta de acuerdo sindical. En este sentido, el gremio consideró que este registro “busca perpetuar en sus cargos, tras el cambio de Gobierno, a funcionarios macristas”. Hugo “cachorro” Godoy, titular del gremio, calificó la medida como “una corruptela mayor de un gobierno que se quiere perpetuar en los cargos”, y apuntó a su carácter “ilegal”, porque “la norma establece que se requiere unanimidad para poder concretar un acuerdo paritario de esta naturaleza”. El Gobierno, en cambio, lo hizo sólo “con un acuerdo parcial con su sindicato amigo, UPCN”.

“Desde ATE nos hemos opuesto y estamos evaluando acciones no solo administrativas sino también judiciales, porque entendemos que el futuro Gobierno debe anular este acuerdo trucho.”, indicó Godoy. En los últimos días, la conducción del gremio se reunió con Santiago Cafiero, uno de los colaboradores más cercanos del presidente electo y candidato principal a ser su Jefe de Gabinete, a quien le llevaron su reclamo para que se deje sin efecto la medida adoptada por Macri. Además, piden que se reincorporen los 35 mil despedidos que afirman fueron cesanteados del estado en estos cuatro años.

Para UPCN, el acuerdo es muestra de su versatilidad política y gremial. Si bien es parte de la mesa chica de la CGT que apoyó la elección de Alberto Fernández, en este tiempo mantuvo buen diálogo con el oficialismo. En este sentido, su titular Andrés Rodríguez sigue aprovechando su margen de maniobra para sacar rédito. A la par que negoció el registro de jerárquicos, se acerca a controlar en la gestión que viene un lugar clave: la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La dependencia maneja los recursos de las obras sociales sindicales, y el dirigente ya tiene un candidato para ese lugar: David Aruachan. El actual titular de la obra social de UPCN (Unión Personal) desplazó a otros posibles titulares de la dependencia, aseguran las fuentes consultadas por Gestión Sindical. El cargo era motivo de disputa entre la conducción de la CGT y el moyanismo, y la buena relación de Fernández con Héctor Daer y compañía inclinó la balanza a su favor. Pero Daer propuso a José Pedro Bustos, un abogado que pasó por la gestión hace un tiempo, mientras que Rodríguez tiene su propio candidato, hoy con una pequeña ventaja, según las versiones.