A cinco años de su aprobación, más de la mitad de los intendentes no adhirieron a la ley de paritarias bonaerenses

Lo denunció la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que adelantó que podría denunciar a los jefes comunales que no cumplan con la normativa, en plena vigencia desde 2016. Esperan que asuman los nuevos responsables en el Ministerio de Trabajo para llevar el pedido de que intercedan como marca la norma.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En noviembre de 2014, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto del diputado Hernán Doval, y terminó con una larga pelea de los municipales bonaerenses. Luego de casi dos décadas de reclamos, se reemplazó la ley 11.757, la norma que regulaba las condiciones laborales de los empleados de las comunas, dando lugar a la primera ley de paritarias municipales. La ley 14.656 había obtenido media sanción en septiembre de ese mismo año en la cámara baja, una jornada que fue acompañada por una enorme movilización, que llegó a La Plata de todos los puntos de la Provincia. Era el final de un enorme esfuerzo colectivo, un cambio definitivo en las relaciones laborales en los distritos. Impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), la ley cumple cinco años, con altas y bajas.

Según afirman en la entidad, hasta el momento más de la mitad de los intendentes no adhirió a los principios de la norma, lo que genera irregularidades en la contratación y los derechos de los empleados. Por eso, la federación analiza denunciar a los jefes comunales, pero antes buscará abrir una instancia de diálogo con quien comande el Ministerio de Trabajo en la gestión de Axel Kicillof.

Los municipales bonaerenses celebran los cinco años de la aprobación de la ley de paritarias municipales denunciando públicamente a los 70 intendentes de la provincia de Buenos Aires que no adhirieron a la norma. Aquel 20 de noviembre de 2014 con el apoyo del oficialismo de esos días y otros bloques –como el Frente Renovador –se dio fin a cerca de 17 años de pelea contra la anterior ley, que no permitía estabilidad laboral, discusión salarial y otros derechos consagrados para el resto de los trabajadores.

La pelea tuvo antes dos proyectos legislativos y muchas dilaciones, hasta que se logró el visto bueno. El cambio de gobierno en 2015 generó algunas dudas y cambios en los plazos de aplicación, hasta que finalmente a mediados del 2016 la gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó la normativa, dándole plena vigencia.

“Setenta intendentes continúan incumpliendo la ley 14.656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de los Trabajadores Municipales de los 135 municipios bonaerenses. Están fuera de la ley, porque 65 ya la firmaron y, algunos de ellos, tampoco la cumplen como corresponde”, afirmó un comunicado de la FeSiMuBo, la promotora del proyecto de Doval, dirigente municipal de Avellaneda.

“Por el momento es una denuncia pública, para que la sociedad sepa cómo está la situación”, le dijo a Gestión Sindical una fuente de la FeSiMuBo. Para el futuro, la misma fuente confirmó “llevar a la justicia” a los intendentes que se nieguen a sumarse a lo que dice la actual ley.

“La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a quien le remitimos nuestros reclamos. Si no hay respuesta, el paso que sigue es ir a la justicia, para que esos 70 jefes comunales se ajusten a la ley”, agregó. En plena transición, en la FeSiMuBo admiten que el ministro saliente Marcelo Villegas “poco puede hacer”, y que esperarán hasta “febrero o marzo” para llevar sus reclamos al funcionario designado por el gobernador electo Axel Kicillof. Después de eso se buscará la vía judicial.

La ley establece entre otras cosas la posibilidad de hacer paritarias por cada distrito, además de limitar el tiempo que un municipal puede estar contratado (la norma habla de un año, momento en el cual debe ser pasado a planta permanente). “Lo más importante de la ley 14.656 es que cambió el paradigma filosófico del empleo público en la esfera municipal en toda la provincia de Buenos Aires. Representó un cambio brusco, completo y total de un sistema estatutario del derecho laboral del sector público a un sistema contractualista de las relaciones laborales”, explica en su libro 14.656 (la ley) Hernán Doval, autor de la norma y titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA).

A partir de su puesta en vigencia, los intendentes debían convocar a los gremios (la mesa de representación incluye a todos, con presencia según el número de afiliados, con un piso del 10 por ciento del padrón total) para acordar el convenio laboral, las formas de contratación y la paritaria. Una de las cuestiones que marca esta ley es que se limitó la presencia de contratados en las comunas, a través de los llamados “contratos basura”.

“La 11.757 fue una ley regresiva e impuso un techo para los trabajadores. La 14.656, además de contener el espíritu de los principios protectorio y de progresividad, representa un piso para los trabajadores municipales, mejorable a través de la negociación colectiva y sus respectivos convenios colectivos de trabajo”, se agrega en el libro de Doval.

En cuanto a los que se adhirieron, la FeSiMuBo destacó que “pertenecen a todas las fuerzas políticas, porque algunos consideran que hay que adherir a la legislación y se equivocan: la norma es de acatamiento obligatorio”.

En algunos casos, se utilizan sindicatos aliados para firmar acuerdos por fuera de la ley, como pasa en Avellaneda, donde el STMA acusa al jefe comunal Jorge Ferraresi de crear una agrupación, el Sindicato de Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), que no posee personería gremial, pero firma las paritarias y el resto de los acuerdos.

En otras comunas ni siquiera hay discusión, y los intendentes firman subas salariales sin mayores negociaciones. Además de la provincia de Buenos Aires, la dirigencia busca crear una ley nacional para que en todo el país haya paritarias y convenios colectivos.

Por eso, la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina (CTM), que representa a unos 600 mil municipales en todo el país, quiere discutir un proyecto de ley en el Congreso, que en la próxima gestión podría cristalizarse.