Suma rechazos el acuerdo entre UPCN y el gobierno para pasar a planta a personal jerárquico

El registro creado para dar estabilidad a unos 2.500 estatales puestos por el oficialismo en el Estado nacional fue criticado por la Asociación de Gremial de Abogados del Estado (AGAE), que ratificó la presentación de un amparo judicial para dar de baja la iniciativa. “Están haciendo una carrera totalmente elitista”, remarcó el titular de la entidad, Rubén Ramos.

Diego Lanese /Especial para Gestión Sindical

A principio de agosto, se oficializó la puesta en marcha el denominado Registro de Alta Dirección Pública, una forma de darles estabilidad a unos 2.500 estatales nacionales jerárquicos que llegaron a direcciones y otros espacios con el gobierno de Cambiemos. La medida pasó casi desadvertida, se logró a partir de un acuerdo con el gremio UPCN.

Una vez conocido, hubo críticas desde ATE, ya que considera que la medida atenta contra la carrera de los empleados de la administración pública. Hace unos días, otra entidad sindical se mostró contraria a esta iniciativa, e incluso presentó un amparo judicial para dar de baja este registro. Se trata de Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), que también rechazó la alianza entre el oficialismo y el sindicato que lidera el secretario de interior de la CGT, Andrés Rodríguez, y ratificó la vigencia de la presentación judicial, pese a que en primera instancia el amparo fue rechazado. “Debe decidir la cámara”, afirman desde esta entidad, que coincidieron con ATE que la medida resiente la carrera de los estatales.

El ampara presentado por la AGAE reclama la “nulidad y la inconstitucionalidad” del registro, que permite pasar a planta permanente a unos 2.500 estatales jerárquicos –en su mayoría directores o jefes de áreas –que según los gremios pueden cobrar salarios de hasta 250 mil pesos. Si bien el juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo a cargo de José Ignacio Ramonet rechazó la presentación, la entidad insiste que todavía está vigente y debe ratificarse en segunda instancia.

“Lo que se rechazó es la cautelar, pero ya fue apelado y ahora debe definir la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por eso lo que dice UPCN no s cierto, el recurso judicial sigue su curso”, le confirmó a Gestión Sindical Rubén Ramos, titular de AGAE. Lo que afirman los abogados estatales es que estos puestos deben ocuparse por concurso, pero que esto está siendo “violado sistemáticamente”, algo que este registro profundiza. Además, dicen que “se banquean situaciones irregulares que se dieron estos años”.

“Lo que nosotros planteamos es que están haciendo una carrera totalmente elitista para 2.500 personas, gracias a un acuerdo que además le saca beneficios a los trabajadores”, remarcó Ramos. Par el titular de AGAE, “la idea es dejar toda la gente que ingresó al Estado por este gobierno en los últimos cuatro años”. Cuando se conoció el Registro de Alta Dirección Pública, desde ATE salieron al cruce de la iniciativa, y la vincularon al posible cambio de gobierno en diciembre.

Según le dijo a Gestión Sindical Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general del gremio estatal, el registro tiene como único objetivo “coartar la carrera administrativa de la mayoría de los estatales nacionales y además establecer una camada de funcionarios que boicoteen las políticas de cambio de las próximas autoridades”. En este punto, Ramos no coincidió con el titular de ATE, ya que desvinculó el plan de blanqueo con la salida de Mauricio Macri el poder. “Este registro se puso en marcha en julio, como muestran las actas, antes de las elecciones”, sostuvo el dirigente. La baja del registro que hace ATE será parte de una serie de pedidos al futuro gobierno, que incluye la reincorporación de los 35 mil despedidos durante el macrismo y la vuelta de programas y programas estatales desarmados y que beneficiaban a sectores vulnerables.

En la actualidad, el acceso a cargos directivos de responsabilidad superior (denominados “con función ejecutiva”) está regido por una normativa que impone requisitos profesionales en línea con dicha responsabilidad y una remuneración acorde, adoptando el “concurso” como principio para la selección del funcionario que habrá de ocupar el cargo. “Esta normativa viene siendo sistemáticamente vulnerada mediante designaciones ‘transitorias’, es decir, sin concurso y en la mayoría de los casos sin que la persona designada cumpla los requisitos de idoneidad mínimos legalmente exigidos, que han recaído en quienes sólo necesitaban un compromiso de lealtad con las autoridades políticas de turno”, explicó la AGAE en su presentación judicial.

La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) fue reconocido en mayo de 2018 por un fallo judicial. La entidad le disputa la representación de 25 mil letrados a UPCN), que pese a su apoyo al kirchnerismo tuvo en esto años muy buen diálogo con el gobierno. La sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó así el recurso extraordinario presentado el 24 de abril de ese año por el entonces Ministerio de trabajo bajo la conducción de Jorge Triaca.

En la resolución, los jueces del tribunal Mario Fera y Alvaro Balestrini consideraron que la impugnación interpuesta por la cartera laboral “carece de un relato claro y preciso de los antecedentes del caso y del debido fundamento de naturaleza federal que justifique su concesión”. Por ello, lo desestimaron “in limine” por improcedente.