En medio de la crisis de los medicamentos, acusan a los laboratorios de seguir con los despidos

Gremios del sector aseguran que pese a las enormes ganancias que obtienen con la disparada de los valores de los tratamientos farmacéuticos, muchas empresas continúan su política de ajuste y precarización. Elea-Phoenix y Craveri siguen sin acatar las cautelares judiciales y no dejan ingresar a personal reinstalado, por lo que se profundizan las medidas de fuerza. En este contexto, el gobierno quiere congelar el precio de los tratamientos, pero no consigue el aval empresario.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En los últimos días, luego de la devaluación brutal del peso, los medicamentos subieron en todas las farmacias del país entre un 10 y un 15 por ciento, según las primeras estimaciones. Los incrementos se vieron casi de inmediato en los mostradores, bajo el argumento que el sector está “altamente dolarizado”. En este contexto, los laboratorios iniciaron una fuerte remarcación que no se condice con los momentos de crisis que dicen vivir.

Además, en medio de la corrida y los aumentos, los gremios del sector volvieron a acusarlos de continuar con su política de despidos, que generó conflictos en varias plantas del país.

La paradoja de un sector que en los últimos años acumuló ganancias de importancia pero que en el último tiempo decidió ajustar por su personas se profundiza, con algunos casos emblemáticos, como el de Elea-Phoenix, uno de los más grandes laboratorios nacionales, y Craveri, que desde hace varios meses se niega a reincorporar a varios despedidos, y precaria sus condiciones laborales.

La puja entre los laboratorios y los gremios del sector se profundizó en el último año, cuando los números de una de las industrias con mejor rendimiento en la última década comenzó a sufrir los efectos de la crisis, que las empresas de alguna manera exageraron para poder comenzar el ajuste.

Primero le apuntaron a los convenios colectivos, como hicieron con los visitadores médicos, que hace cuatro años no tiene paritarias. Por eso, la Asociación de Agentes de propaganda Médica (AAPM) viene realizando acciones, que por un lado permitan volver a discutir salarios, y por otro frenen los despidos.

El caso emblemático es el de Elea-Phoenix, uno de los grandes “jugadores” del sector, que hace unos meses despidió a unos 100e empleados. A partir de allí comenzó un plan de lucha que logró la reinstalación de unos 20 delegados, pero que por el momento no lograr ingresar a la planta por negativa de la firma.

“Cada fallo que logramos el laboratorio lo apela, entonces las cautelares quedan un tiempo en suspenso, así estamos hace varias semanas”, explicó una fuente del gremio, ante la consulta de Gestión Sindical. Por esto, desde el viernes la conducción de AAPM, encabezada por Ricardo Peidro, profundizó las medidas, que incluyen quite de colaboración, obstaculización de cualquier actividad que intente llevar a cabo el laboratorio o personal jerárquico del mismo, como reuniones, reuniones de equipo, convenciones, y demás.

Otro caso paradigmático es el de Craveri, la firma nacional que en abril de este año despidió a unos 50 empleados de sus dos instalaciones porteñas. Desde ese momento sus trabajadores lanzaron un plan de lucha que actualmente mantienen, con un acampe al frente de una de las plantas.

Como sucede con Elea-Phoenix, la justicia ordenó algunas reincorporaciones, pero no lograron destrabar el conflicto. “Seguimos peleando por la reinstalación de todos los empleados, la orden judicial permitió ingresar a los integrantes de la comisión interna, pero no vamos a dejar de reclamar por el resto de los cesanteados”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del gremio de la Sanidad, que mantiene la protesta en el barrio porteño de Caballito.

El argumento del laboratorio fue los constantes problemas financieros, que le hicieron pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), e iniciar el plan de ajuste. “Con la devaluación los directivos insisten que no pueden sostener el negocio, que tiene insumos importados que pagar en dólares, y usa eso como excusa intentar una crisis e insistir con los despidos”, remarcó la misma fuente.

En junio pasado, el caso de Craveli fue expuesto en la Comisión de Trabajo de la cámara de Diputados, convocados por la legisladora Vanesa Siley. Esta semana, la comisión aprobó por unanimidad de un proyecto presentado por Unidad Ciudadana que, en términos formales, expresa preocupación por los despidos.

“Las resoluciones de los conflictos colectivos vinculados a despidos, no pueden ser abordadas desde el punto de vista del derecho penal y punitivo, que tiene por objeto criminalizar la protesta social, toda vez que, por un conflicto en un lugar de trabajo, interviene una fiscalía contravencional, a partir de la radicación de denuncias por falsas infracciones al Código Contravencional”, remarcó el texto difundido por los diputados. Cuando en abril se conocieron las cesantías, se vivieron momentos de tensión cuando en una asamblea la Policía de la Ciudad se llevó detenido a un varios delegados, que fueron liberados horas después.

Los nuevos reclamos de los gremios del sector farmacéuticos se dan en medio de una fuerte controversia por la suba de medicamentos, que se volvieron a disparar luego de la devaluación posterior a las PASO. En la primera semana, las farmacias recibieron según los registros subas del 7 y el 9 por ciento en los productos de laboratorios nacionales, y de casi un 20 por ciento para los tratamientos importados.

Esto generó alarma entre los pacientes, ya que se viene registrando una merma en la dispensa de medicamentos, en especial entre jubilados. Según los datos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que reúne a 12 mil farmacias de todo el país, el año pasado se vendieron 40 millones de unidades menos, lo que genera “un grave problema de salud pública”.

Esta tendencia se mantiene este año, y solo en junio la baja fue de 2 millones de unidades, comparadas con igual mes del 2018. Así lo destaca un informe presentado esta semana por el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la COFA.

Por estos problemas, unas 20 sociedades que defienden a los consumidores presentaron una carta en la secretaría de Comercio Interior de la Nación para pedir que se retrotraigan los valores de los productos farmacéuticos a los primeros días de agosto, previa la última gran devaluación, y que se congelen por 90 días. la medida busca garantizar el acceso a los tratamientos, y fue acercada también a los laboratorios por parte de una docena de ministros de Salud de todo el país, que se reunieron esta semana en La Rioja para analizar la situación sanitaria.

Según pudo saber Gestión Sindical, el gobierno nacional envió al secretario de Salud Adolfo Rubinstein a sondear esta idea ante referentes de la cámara de farmacéuticas nacionales, CILFA. El pedido de un “gesto patriótico” obtuvo una rotunda negativa por parte de las empresas. “No hay margen”, le dijeron al funcionario, que se fue de la cumbre con las manos vacías En la misma reunión varios referentes admitieron que ya piensan en lo que sucederá después del 10 de diciembre, con la llegada del peronismo al poder. En ese contexto, no se descarta un plan de congelamiento, algo que negocian por lo bajo equipos técnicos del Frente de Todos con referentes de la industria.