Otro escándalo en UTA Córdoba: una patota desalojó una toma pacífica de la sede gremial

Despedidos de distintas líneas ocuparon por un día el edificio, reclamando una solución a su situación, pero por la noche un grupo los sacó por la fuerza, ante la pasividad policial. Los choferes reclaman la reincorporación y que se permita elecciones en la seccional, intervenida en 2016. Además, denuncian complicidad del gobierno y el gremio en los ataques patronales.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Luego de estar un día ocupada por despedidos de distintas líneas, el martes a la noche un grupo vinculado a la Uta desalojó la seccional Córdoba, en el marco de un nuevo reclamo de los choferes cesanteados en 2017 para que se dé respuesta a sus reclamos. La patota aprovechó que la permanencia era mínima, y con complicidad policial termino de sacar a los ocupantes, en medio de insultos y algunos forcejeos.

El nuevo escándalo en el gremio se suma a la larga disputa que lleva adelante un grupo de trabajadores que rechaza los despidos, y que aseguran cuentan con la complicidad sindical. La UTA cordobesa está intervenida desde el año 2016, y pese a las promesas de normalización todavía se mantienen las autoridades nombradas por la conducción nacional, encabezada por Roberto Fernández.

Luego del desalojo, los choferes adelantaron que se abrió una “ventana chiquita” para solucionar la situación, que afecta a unos 66 despedidos. Además, denuncian otras irregularidades en el servicio de colectivos, persecución y otras irregularidades, que cometen las empresas con complicidad del sindicato y las autoridades provinciales y de la Municipalidad capitalina. La situación de los cesanteados debe solucionarse la semana próxima, cuando vence el plazo para pagarles de indemnización o reincorporarlo.

La ocupación pacífica de UTA Córdoba se inició el lunes pasado, y por un día se mantuvo en el edificio que el gremio tiene en la capital provincial. Por la noche, ante la falta de acuerdo y la pasividad policial, la patota sindical sacó a los presentes, viviéndose momentos de tensión.

“Hicimos esta permanencia pacífica porque no tenemos respuesta a los reclamos, tenemos más de 600 páginas de denuncias a organismos nacionales y provinciales, pero nadie se hace cargo. Por eso la medida”, explicó Rubén Chancalay, despedido de la empresa Ersa y vocero de este grupo. La decisión de tomar la seccional de la UTA responde a que el próximo 5 de junio vence el plazo para responder a los pedidos de los más de 60 despedidos que siguen sin reincorporarse, y que hasta ahora las empresas mantienen sin tareas.

“Luego de la medida, que desalojaron por la fuerza cuando era la noche y estábamos cansados, se abrió ‘una ventanita’ en el Ministerio de Trabajo, para acelerar el proceso de cada uno de los compañeros, ya sea una justa indemnización o la reincorporación”, le dijo a Gestión Sindical Chancalay.

El conflicto se inició a mediados del 2017, cuando las empresas de colectivo de la capital cordobesa despidieron a más de 120 empleados, muchos de ellos delegados o activistas sindicales. “De ese conflicto, que incluyó un paro de 10 días, quedaron 66 compañeros quedaron fuera del circuito legal, y la semana que viene se vence el plazo legal para definir su situación”, expresó Chancalay. Además de esta situación, durante estos dos años se produjeron nuevas cesantías, que actúan como “formas de disciplinamiento”.

“Cada trabajador que se subleva y haga un reclamo de sus derechos le cambian los recorridos, le complican las tareas, o directamente termina en la calle”, dijo Chancalay, quien fue despedido de la empresa Ersa en febrero de este año, pese a tener tutela sindical. “hay toda una complicidad de la UTA y las empresas”, denunció.

En 2016 la conducción de la UTA decidió intervenir la seccional Córdoba, a cargo de
Luis Arcando. Cuando se lanzó el paro de junio de 2017, en contra del acuerdo salarial y para pedir elecciones libres en el gremio, la conducción nacional criticó a los delegados, e incluso acató la conciliación obligatoria. Incluso deslizó que si los empresarios deciden pedir al Ministerio de Trabajo provincial que se declare ilegal la huelga, no apelaría la medida.

Esto generó un nuevo foco de tensión, ya que el paro se levantó sin la reincorporación de los más de 120 despedidos. Algunos delegados, luego desaforados, realizaron una huelga de hambre, y varios despedidos se encadenaron en la puerta de la Municipalidad de Córdoba. Luego de 10 días se levantó la huelga, y la Uta prometió normalizar la seccional, algo que a casi dos años no sucedió. “Desde e momento fue una masacre lo que pasó en Córdoba, como en muchas otras provincias, donde no hay elecciones limpias, Fernández pone su gente a dedo, son unos títeres, nunca se normalizó la situación”, denunció Chancalay.

“Los despidos funcionan como una amenaza, el que se alinea se va”, insiste el dirigente despedido. Además, los despedidos hablan de muchas otras falencias en el servicio de colectivos de la capital cordobesa, como la franquicia de seguros de los coches, que deben pagar el empleador. “NO se están pagando, hoy en día cualquier inconveniente que haya con un colectivo de estas empresas la responsabilidad cae en el chofer”, se quejó Chancalay. Luego de la permanencia, las autoridades de la UTA aseguraron que los que tomaron la sede gremial “no son afiliados”.

En respuesta, Chancalay dijo que en enero fue elegido como delegado de la UCRA (sindicato alternativo de choferes, que reporta a la CTA Autónoma), pero que mantiene el descuento sindical para la UTA. “En mi último recibo de sueldo figura ese descuento, por lo tanto sigo siendo un afiliado”, dijo. “Hay todo un armado de complicidad, desde la Municipalidad, la empresa, el Ministerio de Trabajo provincial, hasta los medios, que dicen lo que ellos quieren, hacen lo que no nos den las audiencias, no se presenten. La situación es complicada”, concluyó el vocero de los despedidos.

A principio de junio de 2017, los choferes de colectivos de la capital cordobesa mantuvieron casi dos semanas el servicio paralizado, por un conflicto que inició por el descontento por la paritaria firmada por la UTA de ese año y que desnudó la fuerte interna entre la conducción nacional del gremio y la seccional local, ya intervenida.

La medida de fuerza, criticada por el propio titular del sindicato Roberto Fernández, terminó con despidos y la declaración de “servicio esencial” del transporte público, lo que limita la posibilidad de huelga. Al tiempo, una asamblea se aprobó quitarle los fueron a varios delegados que motorizaron el paro, lo termino con varios de ellos despedidos. Esa asamblea fue denunciada como ilegal, pero no se logró revertir la medida. Desde ese momento, la tensión se mantiene en el sector, y la toma del lunes pasado escribió otro capítulo de la historia negra de la UTA en la provincia de Córdoba.