El gobierno intenta salvar su relación con los gremios con un salvavidas a sus obras sociales

A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) creó un nuevo sistema para limitar la cobertura de medicamentos de alto costo, un viejo reclamo de la dirigencia sindical Además, prometió apurar en el Senado la ley que crea una nueva agencia de sanitaria, que establecerá lo que debe cubrir la seguridad social, y lo que no. “Es ponerle dinero en el bolsillo a los gremios”, analizaron en el sector.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Si bien nunca se rompieron los puentes de diálogo con los sectores más afines, la relación entre el gobierno y los gremios está en su peor momento. La crisis económica y el deterioro de la situación de los trabajadores hicieron que la mayoría de la dirigencia incrementaron sus críticas, y se fueron alejando de su postura dialoguista respecto de la Casa Rosada. Incluso la fracción de las 62 Organizaciones Peronistas que respondían al oficialismo comenzaron a reunirse con sectores combativos, lo que marca la decepción con las políticas de los últimos tiempos.

Pero en el gobierno no quieren perder los lazos con el sindicalismo, porque entienden que su poder de movilización puede ser muy dañino en un año electoral.

Por eso, de manera subterránea, tienden puentes para contener al sector menos crítico. Como sucede desde el inicio de gestión, los fondos de las obras sociales son la prenda de cambio para esta movida.

Esta semana, se confirmó un cambio en el sistema de la cobertura de medicamentos de alta complejidad, algo que venían reclamando los gremios. Además, se prometió completar el proyecto de la nueva agencia de tecnología médica, otro anhelo de la dirigencia. La cobertura de monotributista, un reclamo que todavía no resolvió el oficialismo.

A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el gobierno de Macri cedió a un pedido reiterado de los gremios, que alertan sobre los problemas de financiamiento que generan algunas coberturas en sus obras sociales.

Por eso, la entidad se creó un nuevo protocolo de cobertura para la dispensa de los medicamentos llamados de alto costo, es decir, aquellos que se importan y que están destinados a enfermedades graves como el cáncer, la hemofilia, la esclerosis múltiple y el HIV.

Este nuevo mecanismo buscará “estandarizar la cobertura”, y así crear una especie de padrón de tratamientos que se cubrirán, limitando los amparos judiciales y los reclamos extraordinarios.

Se estima que estos tratamientos generan por mes en las obras sociales gastos por 775 millones de pesos por mes, un verdadero “agujero negro” para las finanzas. Ahora, habrá un número limitado de fármacos que se cubrirán.

En la superintendencia pusieron como ejemplo el cáncer de mamas, que el nuevo protocolo establece tendrá cuatro medicamentos, que van de los 18 mil a los 54 mil pesos. Si un médico receta otro tratamiento, la obra social podría negarse a cubrirlo, aunque sí podría recurrir a la justicia, ya que el protocolo no es vinculante.

“La medida busca sacarle el peso de los oncológicos a las obras sociales, que hace rato están quejándose porque el valor de los tratamientos son extraordinarios, y no pueden sostener la cobertura”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del sector.

Como se hizo en el PAMI, la idea es “lograr licitaciones para abaratar los costos, limitando la cantidad de tratamientos que cubran”. “Esto es como ponerle plata en los bolsillos directamente a los gremios, porque si se limitan esos amparos, las obras sociales se ahorran millones de pesos”, agregó la misma fuente.

Los amparos judiciales crecen desde hace varios años, por lo que los dirigentes piden que se respete el Programa Médico Social (PMO), el listado de medicamentos y prácticas médicas que las entidades deben cubrir. Cuando un paciente es recetado con un tratamiento por fuera del PMO, no hay obligación de pagarlo, pero por lo general la justicia falla a favor, u obliga a su cobertura. Si bien este protocolo no es la respuesta final a este tema, en el sector dicen servirá para “poner racionalidad” a la seguridad social.

La respuesta final, propone el gobierno nacional con el respaldo de los gremios, es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET), un proyecto que forma parte de la reforma laboral, compuesta por tres proyectos de ley que esperan tratamiento en el Senado.

La AGNET es parte del paquete sanitario presentado por el ex ministro de Salud Jorge Lemus, y será un organismo que decida qué insumos, tratamientos e insumos serán partes del PMO. Según la ley, todo lo que quede por fuera del visto bueno de la nueva agencia, la seguridad social no tendrá la obligación de cubrir, ya que sus fallos serán vinculantes.

En este sentido, el proyecto original sostiene que el organismo estará encargado de la “realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PMO”.

La puesta en marcha de esta iniciativa fue consensuada con los gremios, ya que entienden que pondrá un límite a los amparos judiciales, que le hacen cubrir tratamientos experimentales, en muchos casos sin autorización definitiva para usarse en el país.

Pero los críticos a la AGNET aseguran que se trata de de un intento de “achicar el PMO”, y así completar el proyecto macrista en materia de salud pública, que tiene como emblema la Cobertura Universal de Salud (CUS).

“Se cambia el paradigma de la atención, y se pasa de la salud universal a la cobertura de un limitado número de prestaciones”, remarcó una fuente del sector salud, ante la consulta de Gestión Sindical. Uno de los puntos cuestionados es que la propuesta, originaria del Banco Mundial, abre la puerta a los aseguramientos privados. “La agencia está dominada por los financiadores de la salud, que por supuesto limitarán el PMO para pagar menos. Lo que no pagan ellos, lo harán los pacientes”, agregó la misma fuente.

Además, la Fundación Soberanía Sanitaria difundió un informe donde denuncia los límites a la atención que traerá esta agencia. “La AGNET limita la posibilidad del Congreso nacional de incluir nuevas prestaciones al PMO por ley”, explicó el trabajo, que además calculó que “el 80 por ciento de los medicamentos saldrán de la cobertura”.

Las quejas por los problemas de financiación de las obras sociales son un tema constante en las reuniones entre el gobierno y los gremios. En una de las últimas cumbres con el ministro de Producción Dante Sica, los “gordos”, grupo dialoguista que conduce la CGT, se quejó de la cobertura de los monotributistas, que en algunos casos como OSECAC, la entidad de comercio, casi alcanza el 50 por ciento del padrón. Para intentar frenar el malestar, con el nuevo protocolo de oncológicos la Superintendencia prometió más fondos.

Serán 5.500 millones de pesos provenientes del juicio a OSDE, que irán al Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), que hace coberturas extraordinarias, y otros 3 mil millones de pesos como parte de los intereses del Bonar 2020, ese fondo creado por el entonces Ministerio de salud en 2016 con dinero de las obras sociales, uno de los primeros acuerdos con los gremios.