El Ministerio de Trabajo sancionó al gremio estatal por $221.652 por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria en 2015. “Es inconstitucional, y una clara persecución e intento de disciplinamiento”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
A días de ordenar la suspensión de las elecciones de la CTA Autónoma –que se realizó de todas formas y consagró a la lista encabezada por Ricardo Peidro- y pocas semanas de aplicar multas multimillonarias contra Camioneros y docentes bonaerenses, Jorge Triaca vuelva a la carga contra las organizaciones sindicales.
Esta vez, el Ministerio de Trabajo de la Nación notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la imposición de una multa de $221.652 por un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria de un conflicto que se desarrolló en el SENASA en el año 2015.
Cabe señalar que la Ley de Asociaciones Sindicales sólo prevé que el Ministerio de Trabajo pueda solicitar a la justicia laboral la sanción para un gremio. Sin embargo, la norma en ningún caso establece que se el Ejecutivo el encargado de sancionar directamente a las organizaciones.
No lo puede hacer por sí mismo. “Acá lo que ocurre es una manipulación de otra ley que prevé multas a empleadores en caso de –por ejemplo- tener trabajadores no registradores. Es un atropello metido por la ventana”, explicó Cremonte.
El gremio que conduce Hugo “Cachorro” Godoy ya presentó una interposición a la medida por entenderla “en primer lugar arbitraria, teniendo en cuenta que se trató de una doble conciliación obligatoria: se dictó al principio de ese conflicto y no se llegó a un acuerdo; luego, cuando se retomaron las medidas de fuerza el ministerio dictó otra conciliación obligatoria, una facultad que no tiene”.
“Encima se trata de un sindicato de trabajadores del Estado como es ATE cuyo empleador es el Estado y que el Ministerio de Trabajo es parte de ese Poder Ejecutivo, de algún modo se transforma en juez y parte, porque no sólo no resuelve el problema como empleador, sino que además, sanciona a los trabajadores por el ejercicio legítimo del derecho de huelga”, señaló ATE a través de un comunicado.
Otros casos recientes
Semanas atrás el Gobierno también embistió contra Camioneros con la aplicación de una multa de más de 800 millones de pesos, mientras que la Provincia hizo lo propio contra el gremio docente Suteba, que rondaría los 660 millones.
En estos dos casos, e incluido el de ATE, todavía resta la revisión de la justicia laboral. “Si llegase a resutlar adverso, no hay dudas de que las organizaciones podrían recurrir ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Gobierno va a tener que rendir cuentas”, anticipó presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
