En 2017, se homologaron la menor cantidad de convenios colectivos de trabajo en una década

Según un informe del Observatorio del Derecho Social, el año pasado se firmaron 984 acuerdos laborales, una baja del 42 por ciento respecto a 2016 y la cifra más baja en 10 años. La brusca caía se mantiene este año, cuando la cifra de convenios apenas supera los 100. Visitadores médicos y el gremio agrario SATHA, ejemplos de cómo se potencia esta tendencia desde el Ministerio de Trabajo.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Cuando en conferencia de prensa Hugo Moyano anunció el acuerdo salarial del gremio Camioneros para este año, con una suba salarial del 25 por ciento que rompió el techo del oficialismo, desde el Ministerio de Trabajo se apuraron en aclarar que el mismo no contaba con su aprobación, generando más tensión entre las partes. La estrategia de no homologar los acuerdos, para evitar “efectos contagios”, no es nueva en la cartera laboral, y fue utilizada por el ex ministro Carlos Tomada en varios momentos de su gestión. Ahora, su sucesor Jorge Triaca hace lo mismo, aunque el techo se haya corrido un poco. Los efectos de esta política, sumado a la conflictividad creciente, tiene una clara consecuencia: los convenios colectivos firmados en 2017 son los más bajos en una década. Así lo determina un trabajo del Observatorio del Derecho Social, que afirma que los convenios firmados el año pasado no superan los 950, una cifra muy baja para lo que se venía dando en los últimos tiempos.

Las perspectivas para este año no son las mejoras, ya que en el primer trimestre del año los convenios apenas superan los 100, lo que proyectado podría dar una cifra histórica, por lo baja. La falta de acuerdo de las patronales tiene situaciones casi cómicas, como la de los visitadores médicos, por más de dos años sin acuerdo. Muchas de las paritarias entran en etapa de definición, en un julio clave para saber cómo queda la conflictividad gremial.

La caída de la firma de convenios colectivos que se vivió en 2017 fue recopilada por el Observatorio del derecho Social, una entidad que pertenece a la CTA Autónoma. En su informe trimestral, la entidad reconoció que la cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación durante el año pasado “se desplomó un 42 por ciento en comparación con 2016”. “Para encontrar un año con menor cantidad de homologaciones hay remontarse al 2006”, agregó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

En total, en 2017 se firmaron 984 convenios, producto de las negociaciones colectivas. “La disminución es llamativa y afecta con mayor intensidad a los convenios colectivos por actividad y a los acuerdos colectivos por empresa: los primeros caen un 70 por ciento respecto a 2016 y un 90 por ciento respecto a 2015; los segundos caen un 48 por ciento respecto a 2016 y un 53 por ciento respecto a 2015”, agregó el informe de la central obrera.

Además, el observatorio midió los convenios firmados este año, en los primeros meses. De allí se desprende que las expectativas respecto de los convenios no es la mejor, y la tendencia en caída se mantendrá en 2018. Según los datos recogidos, en lo que va del año “se han homologado tan solo 107 negociaciones”. “La negociación colectiva durante los primeros meses de 2018 estuvo centrada en la revisión de los acuerdos salariales del año 2017. En algunas actividades (bancarios, sanidad, sector público bonaerense) la existencia de ‘cláusulas gatillo’ permitió disparar aumentos automáticos que compensaron una inflación mayor a la esperada. En otros casos (comercio, construcción, obras sanitarias, administración pública nacional) se negociaron incrementos complementarios a percibir en cuotas durante los primeros meses de 2018”, remarcó el informe.

Según el Observatorio de la CTA Autónoma, una de las explicaciones posible a este declive “pareciera estar vinculada a la decisión de los trabajadores y las organizaciones sindicales de no negociar condiciones de trabajo en un contexto de crisis económica como es el actual”. “A ello debe sumarse el discurso de numerosos funcionarios que insisten en la necesidad de incluir cláusulas de flexibilidad laboral en las negociaciones colectivas, iniciativa que ya ha comenzado a plasmarse en demandas patronales que condicionan la apertura de negociaciones salariales a la discusión de dichas cláusulas”, agregó. En este punto, existe un caso paradigmático en el país: la paritaria de los visitadores médicos. Desde el 2016 que no se firma el convenio colectivo, ya que los laboratorios farmacéuticos se retiraron de la discusión.

Desde la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) le confirmaron a Gestión Sindical que uno de los motivos de la falta de acuerdo es que “las cámaras patronales quieren incorporar cláusulas que flexibilizan al sector, y van en contra de las leyes que rigen la actividad”. La pelea generó que el sindicato realizara una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante la negativa de los laboratorios a negociar acuerdos salariales desde hace tres años. La presentación se hizo ante el Comité de Libertad Sindical del organismo, en los términos del artículo 24 de la Constitución de la OIT por “violaciones a las disposiciones de los convenios 87 y 98 sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva”.

En muchos casos, las negociaciones colectivas si se acuerdan entre las partes, pero el que interviene para evitar la homologación es el Ministerio de Trabajo. Esta estrategia se utiliza para evitar que algunos gremios suban el techo salarial, por ejemplo, o para no darle reconocimiento. Esto le sucede al Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (SATHA), que desde abril pide a la cartera laboral que formalice los acuerdos logrados en distintas ramas. Incluso amenazaron con denunciar penalmente a Jorge Triaca si no se da ese paso.

Según confirmó a Gestión Sindical Gustavo Arreseygor, secretario general del gremio, ·el 85 por ciento de los convenios no fueron homologados”. El dirigente aclaró que esto quiere decir “que no fueron firmados por el ministerio de Trabajo”, pero que en la realidad “están homologados tácitamente”. “La ley dice que una vez que las partes acuerdan y firman el convenio hay un mes para dictaminar la legalidad del acuerdo, si hay que corregir algún artículo o cualquier otra situación. Pasado ese mes, si no hay objeciones o cambios, entra en vigencia. No lo inscriben ni lo publican, pero está homologado”, explicó Arreseygor. De esta forma, la cartera laboral oculta los acuerdos que les parecen inconvenientes, y maneja discrecionalmente las homologaciones.

Por último, el informe del Observatorio del Derecho Social planteó el escenario de conflictividad que espera para este año, y aseguró que desde que Mauricio Macri es presidente este valor se mantuvo estable cada año. “En el primer trimestre de 2018 la cantidad de conflictos laborales se mantuvo sin variaciones respecto al mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento se explica por un crecimiento del 17,6 por ciento en los conflictos del sector público que fue compensado por una caída del 19 por ciento interanual de los conflictos en el sector privado”, aseguró el trabajo.

En la comparación con el último trimestre de 2017, por el contrario, “se destaca un importante crecimiento de casi el 28 por ciento de los conflictos en el sector privado. Tanto en el sector público como en el sector privado la dinámica de los conflictos sigue estando vinculada a situaciones de crisis económica: “el 55 por ciento de los conflictos se originaron en despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales”. Por oposición, los reclamos por aumentos salariales apenas estuvieron presentes en uno de cada tres, proporción que desciende a menos del 20 por ciento en el sector privado.