¿Explota todo? Quedarían sin empleo 7.000 trabajadores contratados a través de universidades

Estos vínculos terminarán el 31 de diciembre y no se prorrogarían. Además, de acuerdo al Gobierno, tampoco se tomarán nuevos empleados por dos años. Los tribunales laborales podrían recibir miles de demandas por reclamos de empleo «en negro».

En un contexto en el que se colocó como primer objetivo bajar aún más el déficit fiscal, el anuncio del Gobierno provocó preocupación en el sector laboral, ya que de dar por terminado los vínculos con las universidades sobre provisión de empleados para tareas específicas, podría significar 7.000 nuevos despedidos a fin de año.

Además, implicaría un incremento en la litigiosidad en los juzgados del trabajo y un riesgo económico a futuro para las arcas del Estado.

Sucede que el Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, y que los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta forma para proveer servicios personales.

Estas medidas serán oficializadas en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial. Los expertos consultados, que pidieron mantenerse en reserva por la sensibilidad del tema, advierten que detrás de esta decisión puede haber una “bomba” que, en caso de explotar, puede costarle millones de pesos al Estado.

Es que si los empleados contratados a través de las mencionadas instituciones educativas para prestar servicios en la administración pública deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso.

Se estima que el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri como presidente, había poco más de 15.000 contratados por esta modalidad.

Poco tiempo después, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, decidió llevar a cabo una primera reducción, lo que bajó ese número a 10.000.

En la actualidad, se estima que hay, al menos, 7.000 personas que se desempeñan en el Estado a través de estos vínculos. Hay que remarcar que no son empleados públicos sino que están contratados a través de una entidad educativa, que en los papeles figura como su empleadora.
El temor principal pasa por saber -luego de conocerse el decreto- qué pasará con esos trabajadores, ya que el Gobierno indicó que se congelará el ingreso de empleados públicos por dos años.

Esta clase de provisión de personal a través de una tercerización permite esquivar la ley de contratación de empleados para la administración pública y habilita a, por ejemplo, un ministerio a atender diversas tareas –por lo general de carácter temporal pero que puede llegar a durar años- como la planificación, ejecución y control de una determinada decisión política.

Y cada mes, la universidad le envía su factura al organismo bajo el concepto de «contratos de asistencia técnica», luego de recibir el pago, el establecimiento educativo distribuye esos entre los empleados a través del salario.

Si la oficialización de la medida es tan dura como se anunció, en los hechos significará que casi 7.000 personas deberán buscar un nuevo empleo.