“Achicar el Estado”: Vidal planea despedir 12 mil estatales a través de retiros voluntarios

La medida podría incluir a los docentes. Quienes se retiren cobrarán una indemnización en cuotas según su antigüedad.

El gobierno bonaerense dispuso abrir un registro de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir el plantel de personal. La medida, que en principio regirá por seis meses, incluirá a empleados de la planta permanente pero no alcanzará a la Policía ni a los agentes del Servicio Penitenciario.

Respecto de los docentes, el borrador del decreto al que tuvo acceso este diario establece que el director general de Educación podrá adherir a esta decisión oficial, por lo que se estima que terminará rigiendo también para los integrantes del área educativa.

El programa de retiro voluntario se extenderá por seis meses a partir de que entre en vigencia, lo que ocurrirá cuando se publique en el Boletín Oficial seguramente entre lunes y martes próximos.

La Provincia cuenta con cerca de 380 mil docentes y unos 290 mil agentes policiales, penitenciarios, administrativos y personal de Salud. Apenas asumido, el gobierno de Cambiemos habló de una planta “sobredimensionada” de personal.

La decisión de abrir retiros voluntarios en la Provincia significa de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal adherir a una medida nacional que dictó hace poco más de un mes el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien la medida no obliga a los trabajadores a retirarse, apunta a reducir la planta de empleados públicos. Y se enmarca en el proceso de reducción de gastos en le que está embarcado el gobierno nacional y al que se sumará Vidal.

ALCANCES

De acuerdo al borrador del decreto, se establece que estarán comprendidos en la medida todos los agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, organismos de la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada.

Y, como se dijo, se faculta al director de Cultura y Educación a adherir a la medida.

En su artículo 3º, el decreto establece que podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación.

Se aclara además que el Ejecutivo podrá denegar el pedido cuando considere que el retiro pudiera afectar el regular funcionamiento del área en que se desempeñe el trabajador.

El plazo para adherir al programa será de seis meses, pero la medida podrá ser prorrogada por igual período.

INDEMNIZACIÓN Y CUOTAS

De acuerdo a la iniciativa oficial, se establece un escala para la indemnización que cobrarán aquellos empleados que se acojan al régimen que contempla el pago en cuotas según la antigüedad de cada uno (ver gráfico).

Así, por ejemplo, un agente con un antigüedad entre 2 y 5 años percibirá un pago inicial al momento de la baja de cuatro cuotas juntas. Y luego, percibirá 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Sin embargo, esas cuotas no se calcularán de la misma forma. Las que se cobrarán al momento del retiro surgirán “en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente”. Para las restantes, en cambio, se tomará como base “la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales”. De esta manera, las primeras serán más abultadas que las segundas.

También se establece que para el cálculo de la indemnización se deberá tomar la mejor remuneración mensual “normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, incluyendo todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas”. Pero se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo, además de “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.

Respecto de las cuotas, se establece que el pago inicial se realizará a los 30 días de la aceptación por parte del Estado del retiro voluntario. En tanto, las cuotas restantes se abonarán del siguiente modo: la primera al cuarto día hábil del mes siguiente y las demás en el mismo día de los meses posteriores hasta agotar las cuotas correspondientes a cada caso.

El decreto establece además que la adhesión al régimen de retiro impedirá la reincorporación por un plazo de 5 años del agente en cualquiera de los regímenes comprendidos en la administración pública provincial.

Por otra parte, el decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura del IOMA por un período de dos años contados a partir del cese.

Finalmente se dispone que el Instituto Provincial de la Administración Pública organizará programas de formación complementaria destinados a facilitar la reinserción de los adherentes al retiro voluntario en el ámbito de la actividad privada.

Quienes se retiren conservarán la cobertura del IOMA por dos años

La medida oficial ya generó la reacción de un sector sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado afirmó que “este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora retiros voluntarios, responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales”.

Desde que asumió, Vidal dispuso una serie de medidas que apuntaron a ponerle freno al crecimiento de la planta de personal.

Una de las primeras fue el congelamiento de vacantes a través de un decreto, apenas iniciada la gestión.

La segunda, en plena marcha, es la jubilación de empleados y docentes. Este año, por caso, se prevé el retiro de casi 30 mil trabajadores.

 

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Datos
675
mil. Es la cantidad de empleados públicos con los que cuenta la Provincia tomando en cuenta docentes, policías, penitenciarios, médicos y personal administrativo.

110
mil. Es el número aproximado de agentes que en principio no podrá acogerse al retiro voluntario y que comprende a los efectivos policiales y penitenciarios.

30
cuotas. Es el número máximo que cobrarán como indemnización los empleados con mayor antigüedad que opten por el retiro.

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