Los cuatro durísimos condicionamientos que el FMI le pediría al Gobierno sobre los trabajadores

Por más que el Gobierno diga que es un organismo “distinto al de los ‘90”, lo cierto es que en el informe de 2017 recomienda cuatro ejes: bajar las indemnizaciones, flexibilizar las contrataciones, barrer con los convenios colectivos y congelar los salarios.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al momento de anunciar el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar «un financiamiento preventivo», dijo que se trata de un organismo distinto al que en los ’90 exigió al país implementar una batería de medidas económicas de ajuste.

«Estamos hablando de un FMI muy distinto al que conocimos hace 20 años. El Fondo ha aprendido de las lecciones del pasado y es muy distinto. Ha apoyado el programa gradual de la Argentina», señaló Dujovne.

Sin embargo, un rápido repaso por las recomendaciones que hizo el organismo de crédito multilateral de crédito tras su última visita a la Argentina, parece decir todo lo contrario.
En su reporte del 29 de diciembre de 2017, el FMI recomienda 4 ejes: bajar las indemnizaciones, flexibilizar las contrataciones, barrer con los convenios colectivos y congelar los salarios.

«Disminuir el nivel de indemnizaciones y simplificar los procedimientos colectivos de despido», señala el Fondo respecto del sistema de cesantías en el país.

Ese item además explica la incorporación de los artículos destinados a abaratar indemnizaciones y a crear en cese laboral en uno de los tres proyectos de reofrma laboral que Mauricio Macri le giró al Senado de la nación.

Además pide «facilitar el uso de contratos temporales (incluidos los aprendizajes) y los contratos de trabajo a tiempo parcial», lo que implica un estímulo los contratos precarios.

También exige «limitar la extensión de la cobertura de los convenios colectivos más allá de los signatarios directos». Se trata de una medida que busca dejar desprotegidos a los trabajadores.

Por último el FMI dice que «el Salario Mínimo deberá indexarse de acuerdo a la inflación», lo que implica congelar los incrementos del poder adquisitivo de las personas.