Ramal que para, ramal que cierra: 1.300 despedidos tras la disolución de Ferrobaires

Luego de que se pusiera fecha al fin definitivo de la empresa ferroviaria bonaerense, advierten que sólo el 40 por ciento del personal fue reubicado. Otros miles de trabajadores recibieron telegramas de despidos, jubilaciones anticipadas o retiros voluntarios.

“Ramal que para, ramal que cierra”. La histórica frase de los años ’90 parece volver a tener vigencia. Es que luego de que se anunciara la disolución de Ferrobaires, son numerosas las rutas conectadas por tren que cerraron de manera definitiva.

Si bien desde la Provincia aseguraron que con el traspaso de la compañía a la órbita nacional los trabajadores serían reubicados, lo cierto es que sólo el 40 por ciento cumple ahora funciones en Trenes Argentinos Operaciones (Sosfe).

La planta restante, aproximadamente 1.300 personas, comenzaron a recibir telegramas de despido, jubilaciones anticipadas u ofrecimientos de «retiros acordados».

La semana pasada cuatro de los sindicatos ferroviarios –Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad y las Asociaciones del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) y de Señaleros (ASFA)– pidieron al Gobierno de María Eugenia Vidal la conformación de una mesa de trabajo para negociar la reubicación de los trabajadores, pero según aseguraron «aún no obtuvieron respuestas».

Luego del traspaso, Trenes Argentinos Operaciones (Sosfe), que depende del Ministerio de Transporte nacional, cubre sólo dos de los siete ramales de larga distancia que antes eran operados por Ferrobaires: Retiro-Junín y Constitución-Bahía Blanca.

Cabe recordar que Ferrobarires fue creada en 1993 “destinada a desarrollar las acciones necesarias para la recepción y posterior entrega en concesión al sector privado, de las líneas, ramales, servicios, maquinarias, inmuebles, instalaciones y demás accesorios afectados al transporte ferroviario que sean transferidos a la órbita provincial de conformidad con los convenios a celebrarse con el Estado Nacional”.

En este sentido, teniendo en cuenta la transferencia al ministerio de Transporte de la Nación, la Provincia consideró que el objetivo que motivó la creación de la UEP, está agotado y por lo tanto carecía de sentido su funcionalidad.

“El patrimonio afectado a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (FERROBAIRES), (915 millones de pesos) retornará a la administración provincial centralizada”, reza el decreto.

Los servicios que prestaba Ferrobaires fueron suspendidos el 1 de julio de 2016, con el objetivo de “preservar la seguridad de los usuarios y operarios del servicio”, basándose en informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Auditoría General de La Nación.

Las evaluaciones de dicho organismo concluyeron que el estado de la empresa era de carácter «crítico», además de señalar el deficiente estado de las vías y del material rodante.