sábado 21 de abril de 2018
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Un año conflictivo: un informe alerta sobre el uso de la represión y judicialización de la protesta sindical y social

Según el Observatorio del derecho Social de la CTA Autónoma, en 2017 se mantuvo altos los hechos de represión, aunque aseguró que “la magnitud de la violencia estatal ha sido muy superior a la utilizada un año atrás”. Además, se registró una suba en las causas judiciales iniciadas por las protestas, y las detenciones arbitrarias, de las cuales el 40 por ciento fueron víctimas delegas y dirigentes gremiales.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entidad que lidera el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, entidades sindicales y de derechos humanos denunciaron un aumento de la represión, en el marco de los serios incidentes que se produjeron en el Congreso durante la discusión de la reforma previsional. Como sucedió en Jujuy con el Ingenio La Esperanza, la opción violenta fue un denominador común en la mayoría de los conflictos que se desataron tanto en el ámbito laboral como el social, desde que Cambiemos es gobierno. Esto preocupa a la dirigencia sindical, en un año donde la conflictividad volvió a marcar el pulso general. En este sentido, la CTA Autónoma le puso números a esta tendencia. Según un informe, si bien durante el 2017 hubo un poco menos de conflictos, fueron más violentos. Además, en su mayoría involucraron protestas sindicales. El trabajo además completa el panorama represivo con dos variantes: las causas judiciales contra los dirigentes y el uso de la violencia física por parte de las fuerzas de seguridad. En la conferencia de prensa estuvieron dirigentes y delegados heridos durante la represión del lunes pasado.

El informe del Observatorio del Derechos Social de la CTA Autónoma fue difundido en medio de las denuncias de aumento de la represión y el clima de conflicto que generó el tratamiento de la reforma previsional. Sobre los hechos de represión, el informe al que tuvo acceso Gestión Sindical indica que “la cantidad total se ha mantenido relativamente constante respecto de un año atrás, e incluso podría llegar a presentar un leve descenso (58 casos entre enero y septiembre de 2017 contra 86 casos en todo 2016), pero al mismo tiempo la magnitud de la violencia estatal ha sido muy superior a la utilizada un año atrás”. “La presencia de una cantidad similar de hechos de represión, pero más violentos en términos cualitativos, se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes y fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la cantidad de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior (514 en 2017 contra 269 un año atrás). Estas detenciones se produjeron no solo en el marco de las manifestaciones, sino que se prolongaron muchas horas luego de finalizada la protesta, en lo que parece un modus operandi muy claro de respuesta a la protesta social”, alertó el trabajo de la central obrera, que acompañó al SERPAJ y Madres de Plaza de Mayo en la denuncia pública realizada ayer.

Además de los hechos de represión, el observatorio alertó sobre las causas iniciadas a dirigentes de todo tipo, en especial sindicalistas. “Relevamos 79 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social. En total, ellas afectaron a 25.411 personas entre enero de 2016 y el 15 de diciembre de 2017. En este caso cabe aclarar que se trata del hecho que presenta mayores dificultades en cuanto a su relevamiento, ya que los hechos de represión y las detenciones de manifestantes suelen recibir mayor atención mediática, mientras que la principal fuente de información sobre la apertura de causas penales son las propias organizaciones. Por ende, debemos asumir que este relevamiento posee un fuerte subregistro”, remarcó el informe. Los destinatarios principales de estas causas, se aclaró, “fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (el 74 por ciento del total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones”. Además, en el período de estudio la entidad de la CTA Autónoma registró “al menos 86 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 7.8310 personas”. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de acciones de protesta social, mayoritariamente impulsadas por sindicatos (40 por ciento) y organizaciones sociales (37 por ciento).

“Estamos frente a un Gobierno que si bien es constitucional está avanzando hacia la pérdida de derechos ciudadanos, y esto nos lleva a un límite entre un gobierno democrático y uno autoritario, por eso decimos que democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos”, sostuvo Péreez Esquivel en la presentación. Junto al dirigente manifestantes gravemente heridos en la represión del lunes, entre los que se encuentran Daniel Nievas y Sebastián Zapata, ambos trabajadores de Astilleros y afiliados a ATE-Ensenada, Horacio Ramos, Roberto Álvarez y, quienes perdieron la vis de un ojo por las heridas, y Nicolás Salas, trabajador del área de Prensa de ATE-Provincia de Buenos Aires, entre otros.

En el período relevado, sostuvo el observatorio, “se registraron al menos 144 casos que implicaron el ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales contra manifestantes o dirigentes de organizaciones del campo popular”. En la mayoría de los casos, como sucedió en otros ítems, las víctimas de las acciones fueron trabajadores y dirigentes de organizaciones de trabajadores (52 por ciento).

Mediabit

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